Ante la inacción administrativa y la falta de apoyo institucional, un grupo de ciudadanos ha creado la Asociación de Afectados por la Okupación, una entidad totalmente apartidista nacida para reivindicar los derechos de los propietarios y luchar contra la usurpación de viviendas.
Su presidente, Toni Miranda, revela que ya suman más de 1.000 miembros y tienen grandes expectativas de crecimiento: "Nuestro objetivo es batir una cifra de cinco ceros de participantes". Su núcleo fundacional se encuentra en Cataluña, pese a que explica que la asociación está extendiéndose rápidamente por toda España.
Defensa de los propietarios
Los promotores de la iniciativa llevan dos años trabajando para dotarse de una estructura profesionalizada que no solo denuncie los allanamientos, sino que brinde apoyo a los afectados por esta lacra. "Vamos a dar asesoramiento y servicio jurídico al colectivo de víctimas de las okupaciones, que actualmente ni siquiera interponen demandas en muchos casos", cuenta Miranda.
Para los organizadores, el recurso a "mercados paralelos de desokupación" no es una solución óptima, sino que deben ser las instituciones públicas las que garanticen la inviolabilidad de los domicilios. Miranda también apunta a otro problema invisibilizado: "Jamás se habla de los daños morales que sufren las personas que padecen la tortura de perder su hogar o de residir en un bloque con okupas incívicos y que en ocasiones también les amenazan".
Anuncian demandas
"No podemos permitir bolsas de impunidad que generan violencia y problemas en las personas", advierte el presidente de la asociación. Ni tampoco que se alienten desde cargos políticas: "Dentro del Gobierno se han hecho declaraciones en favor de la okupación, e incluso Carmen Calvo dijo que no hacían falta cambios legislativos para afrontar el problema". ¿Y sobre la promesa de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, acerca de las nuevas instrucciones para combatir la okupación? "Para nosotros no tiene credibilidad".
De hecho, otra de las grandes líneas de este lobi va a ser la persecución de aquellas administraciones comprensivas o incluso colaboradoras con esta forma de delincuencia. "El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, fomenta este tipo de hechos, en una clara motivación para socavar el Estado de Derecho", indica, "cuando te cuestionas el sistema de leyes que te protegen, se produce una erosión de los fundamentos de nuestra sociedad". Miranda avisa: habrá demandas contra todos aquellos responsables públicos que alienten las invasiones.
¿Cambiar las leyes?
Respecto a si la asociación formulará su propia reforma legislativa para atajar las okupaciones, Miranda reconoce que aún están estudiando este asunto. Pero avanza algunos puntos: “La legislación actual en principio ya es suficiente y, si acaso, lo único que sería necesario es introducir aclaraciones para evitar dudas interpretativas en los juzgados".
"Nuestra impresión real es que falta eficiencia. La administración ya dispone de recursos, por lo que si quisiera arreglar el problema, podría hacerse. Hay que luchar contra las mafias de extorsión, por un lado, y contra la ocupación ideológica que quiere desestructurar la realidad", señala. Pero zanja la conversación de forma esperanzadora: "Vamos a demostrar que la sociedad civil existe y que esto tiene solución".