Trabajadores de una residencia de ancianos durante la pandemia del coronavirus / EP

Trabajadores de una residencia de ancianos durante la pandemia del coronavirus / EP

Vida

Los trabajadores de las residencias emprenden una batalla judicial contra las mutuas

Los profesionales exigen que sus bajas por coronavirus sean reconocidas como accidentes laborales al igual que ha ocurrido con médicos y enfermeras

17 agosto, 2020 00:00

La pandemia del coronavirus se cebó en su fase más aguda con las residencias catalanas. La falta de previsión, sumada a la escasez de recursos materiales, dejó un reguero de contagios y muertes entre los ancianos. Pero los trabajadores de los geriátricos también se convirtieron en víctimas propicias del virus, contrayendo la enfermedad por su contacto directo con la población de riesgo.

Sin embargo, a muchos de ellos no se les ha reconocido su diagnóstico como enfermedad laboral. Pese a que estuvieron de baja tras contagiarse del patógeno, sus expedientes han sido clasificados por las mutuas como simples contingencias comunes amparándose en la legislación promulgada por el Gobierno durante el estado de alarma. Ahora los trabajadores han llevado sus reclamaciones ante los tribunales.

 

 

Familiares denuncian que residencias "no están preparadas" ante rebrotes / EP

Dos residencias de Barcelona

Pau Estévez es uno de los abogados que gestiona las seis acciones que hasta ahora se han interpuesto por la vía civil. Los afectados pertenecen a dos residencias de Barcelona, una ubicada en Fort i Pienc y otra en La Barceloneta, el centro Bertran i Oriola. Todos ellos sufrieron el SARS-CoV-2 durante la pasada primavera, llegando a estar incapacitados durante varios meses por prescripción médica.

Para Estévez, no hay atisbo de dudas: "La normativa ya reconoce desde 2006 a patologías como el coronavirus en el Cuadro de Enfermedades Profesionales. Nosotros pensamos que el Real Decreto es accesorio y que solo clarifica algo que ya existía. De hecho, con la gripe A en el despacho llevamos un debate similar y al final nos dieron la razón". Esta tabla incluye enfermedades infecciosas como el coronavirus entre los riesgos laborales específicos del personal sanitario que desarrollan su trabajo en instituciones cerradas y a domicilio.

La punta del iceberg

Por el momento, el equipo jurídico del Colectivo Ronda ha iniciado la fase administrativa previa ante la Seguridad Social, aunque tiene previsto agotar todas las vías. Estévez señala la importancia de sus reivindicaciones, no solo por la dignidad personal de los empleados, sino también porque es indispensable para garantizar actuaciones futuras en materia de prevención de riesgos laborales que den pie a indemnizaciones por daños y perjuicios. Además, el letrado augura que los expedientes podrían multiplicarse: "Tenemos una veintena más de casos en estudio".

Lo mismo opina Josep Bel, portavoz del sindicato co.bas e impulsor de las demandas: "Sospechamos que es una situación muy generalizada. Es algo parecido a las primeras personas que contraían silitosis en las minas o enfermaban por la uralita y no se les reconocía". Para Bel, resulta evidente que los trabajadores se infectaron del Covid-19 por encontrarse en primera línea frente a la epidemia, al igual que los médicos y enfermeras lo contrajeron en los ambulatorios.

MC Mutual responde

Una fuente consultada de MC Mutual, una de las mutuas demandadas, asegura que se han reconocido muchos casos de contagios por coronavirus como accidentes laborales: "En todos los casos en los que se ha recibido una solicitud y se han acreditado los requisitos establecidos por la normativa, MC Mutual ha reconocido prestaciones de incapacidad temporal correspondiente al accidente de trabajo".

En efecto, la mutua sostiene que basándose en el Real Decreto-ley 19/2020 del pasado mes de mayo, la patología se considera derivada de accidente de trabajo cuando se dan unas condiciones específicas, principalmente que la exposición vírica se haya producido durante la vigencia de dicho real decreto. Justamente este es el punto de fricción con las defensas, que pese a avalar la buena fe del Gobierno, consideran que la norma "no solo era innecesaria sino que ha acabado produciendo situaciones como las que ahora estamos viviendo, con muchos profesionales a quienes se les está negando fraudulentamente la consideración profesional de su enfermedad".