Un abuso o agresión sexual por sumisión química es aquella por la que el agresor suministra a la víctima alguna sustancia con la intención de anular su voluntad, como alcohol, fármacos de uso común, la denominada burundanga, o quetamina --anestésico empleado en veterinaria--. Estos casos suponen una de cada cuatro agresiones que atiende el Hospital Clínic de Barcelona, que cuenta con una unidad especializada para atender a las víctimas. Una cifra que se ha mantenido estable, entre el 25-28%, durante los últimos años.
Así lo explica a Crónica Global Teresa Echeverría, enfermera del servicio de urgencias del centro desde hace casi tres décadas, con amplia experiencia en la elaboración de protocolos en el ámbito de la violencia de género, quien detalla que el tratamiento a las víctimas de abusos o violación a través de este método sigue el “protocolo habitual, que consiste en una analítica inicial”.
Tóxicos en sangre
Ese análisis, que marca el protocolo del Clínic, sirve para conocer la situación basal del paciente, y también busca la presencia de tóxicos. “De manera que si una persona dice que ha bebido o consumido, así se confirmará. Si lo niega por vergüenza, también lo sabremos, igual que si se lo han administrado sin ser consciente”, explica Echeverría.
El problema reside en su detección, ya que las sustancias denominadas como “drogas de la violación” son de fácil administración, porque suelen ser inodoras e insípidas y pueden disolverse con facilidad en bebidas. Su principal riesgo es su rápido efecto y también su rápida eliminación en sangre --no así en el caso del alcohol, que deja rastro durante días--.
Infradenuncia por pérdida de memoria
Fue en 2012 cuando el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) divulgó un protocolo para tratar a las víctimas de delitos sometidas a sustancias psicoativas para manipular su voluntad, tras detectar un incremento de casos, sobre todo, de índole sexual. Ya entonces, el documento recogía la dificultad para determinar “la frecuencia real” con la que se producen este tipo de asaltos, y estimaba que solo se denunciaban el 20%, por la pérdida o disminución de memoria de los afectados.
“Nuestro tratamiento siempre va a ser el mismo”, insiste la especialista del centro de referencia en Barcelona, “evaluamos en qué condiciones se encuentra el paciente, si está desorientado, intoxicado o no, y esos serán los datos objetivos que daremos y que la víctima podrá incorporar al proceso de denuncia”. Ante la desaparición de posibles rastros que indiquen sumisión, Echeverría apunta que los especialistas del centro abordan con especial cuidado las analíticas de toxicología de violencia sexuales. “Como la mayoría de sustancias desaparecen tan rápidamente, la forma de identificarlas es cruzando una serie de procesos que nos inducen a pensar que ha habido otro elemento que en ese momento ya no existe”, apunta. Un proceso que “se hace con mucho cariño por todo lo que implica, tanto en el aspecto legal, como el de la recuperación psicológica de la víctima. No tiene el mismo impacto si tú eras consciente o si te han drogado”, detalla la enfermera.
Acudir a urgencias tras la agresión
Otro obstáculo para la investigación es la tardanza en acudir a urgencias, lo que impide la adecuada recogida de muestras. “Si la víctima tarda unos días en acudir al médico, nadie puede decir al 100% que lo que aparece en la analítica tiene que ver con lo sucedido. Legalmente es muy difícil de justificar ante un juez. Es una pérdida que debemos asumir”, cuenta la especialista, quien señala que a las víctimas les cuesta mucho dar el paso.
En el caso de que la persona agredida no recuerde lo sucedido, los sanitarios evalúan una serie de “condiciones objetivas” para determinar su estado físico y psíquico. “Se describe en qué situación está, tras una visita con un psiquiatra. Así se establece si está desorientada o no, qué recuerda, y con el paso de los días siempre se acaba rememorando algo. Aumenta el nivel de recuerdos, algo que también es muy traumático para el paciente”, señala Echeverría. Aportaciones en segundas evaluaciones que permiten establecer si son o no coherentes.
Falta de pruebas para la batalla legal
Sobre la ausencia de indicios que determinen que la víctima ha sido agredida o abusada, desde el Clínic señalan que es la “parte más difícil que toca asumir”. “Una persona que ha consumido mucho, voluntariamente o no, o la han drogado, pasa un periodo adormilada o pasiva, y por mucho que luego reaccione y se resitue, ese proceso anterior no se puede eliminar, y no se puede apremiar a nadie por un tema legal”, apuntan.
Las víctimas de sumisión química que han pasado por este centro de Barcelona se han mantenido estables durante casi una década, entre el 25 y el 28% cuenta Echeverría. Según sus últimos datos, de enero de 2020, durante los 12 meses anteriores atendieron 503 agresiones sexuales; el 11,5% más que el año anterior. La mitad de las víctimas tenía menos de 25 años --una veintena eran menores de edad--, y más de ocho de cada diez eran mujeres.