El Ayuntamiento de Barcelona abre un expediente sancionador al grupo Azora por "incumplir la obligación de alquilar" 20 pisos de un edificio que compró con protección oficial el año 2010, situado en el número 11-12 de la plaza Alfons Comín.
El consistorio califica esta infracción como "muy grave" en materia de vivienda de protección oficial. La Ley 18/2007 obliga a la propiedad a "mantener la finalidad para la que se promovieron las viviendas, que es satisfacer la necesidad de una residencia habitual a personas usuarias", por lo que tiene la obligación de tenerlos alquilados.
Vacíos más de tres años
"El Ayuntamiento ha constatado a través de los consumos de agua que a lo largo de los años 2016, 2017 y 2018 un total de 20 pisos de este edificio han estado desocupados durante períodos de hasta tres años", ha asegurado. Las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con multas de entre 90.001 a los 900.000 euros, aunque la cantidad no se conocerá hasta que se resuelva si se ha producido la infracción.
A diferencia de los pisos convencionales, que solo pueden estar vacíos sin justificación durante dos años, los pisos protegidos no pueden sobrepasar un período máximo de tres meses. Por ello, ha procedido a sancionar al fondo inversor Azora Gestión Inmobiliaria SL por una infracción "muy grave".
Prácticas abusivas con los inquilinos
Se trata de un edificio de 66 vivienda y 111 aparcamientos no vinculados a los pisos, que se construyó para alquiler y con protección oficial durante los primeros diez años. A partir de esa fecha, pasó a régimen de precio concertado durante 90 años. Además, el consistorio de Ada Colau ha explicado que sus indagaciones "han constatado que la compañía mantiene prácticas abusivas con los precios y con las condiciones de alquiler".
Según fuentes municipales, al terminar el período de protección en julio de 2018, la propiedad aplicó precios a los inquilinos "más caros que pisos similares de la zona que no tienen protección oficial y que los precios de referencia del índice de la Agència de l'Habitatge de Catalunya", por lo que se ha dirigido a la Generalitat para que intervenga y dicte una orden para modificar los precios máximos para este tipo de viviendas.