Guardia Civil sobre mafias de tráfico de personas: "Si no pagan les abandonan aunque sean menores"

Un detalle que para un ciudadano corriente pasaría desapercibido puede significar el comienzo de una investigación policial. Así sucedió en el caso de la organización de tráfico de seres humanos que ha desarticulado la Guardia Civil, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, en un operativo que se ha saldado con doce arrestados y la detección de 1.000 víctimas de la trama. En este caso, relata el responsable de la investigación de la Benemérita en Huesca, el capitán Luis Churiaque, fueron “unos pasos anómalos”. Y es que los detenidos atravesaban el Pirineo por las zonas de acceso más complicadas de Huesca y Lleida. Además, lo hacían en horarios nocturnos y con inclemencias meteorológicas muy adversas. “Cualquier persona que intente viajar en esas circunstancias resulta llamativa porque no es el trayecto lógico sino el más arriesgado”, apunta.

A partir de ahí, arrancó la investigación que ha durado 18 meses. El objetivo, señala el capitán, era erradicarla, y para ello han tenido que coordinarse con Eurojust, y desplegar indagaciones simultáneas con policías europeas, ya que la organización operaba entre Portugal y Alemania. “Eso ha sido lo más complicado. En el momento que detectamos su actividad, tratamos de llegar a la cabeza, porque sino, al día siguiente de efectuar las detenciones, una parte seguiría funcionando”, detalla. Se establecieron así alertas para estar al tanto de cualquier actuación en otros territorios y no echar al traste la operación. “En el tiempo que ha durado, algunos han sido arrestados en tres ocasiones en Francia y Alemania, pero teníamos que velar porque no pusiera en peligro todo lo que había en marcha”, cuenta Churiaque.

Abandono de menores

Las víctimas eran migrantes africanos, de Guinea y Costa de Marfil, entre los que era habitual encontrar menores y mujeres embarazadas, a quienes captaban en España y las trasladaban a Francia, Bélgica y Alemania bajo la exigencia del pago de más de 500 euros. "Se aprovechaban de su extrema vulnerabilidad y no dudaban en, directamente, si alguno no pagaba, abandonarlo sin más, daba igual que fuera menor o mayor", lamenta el capitán. Así sucedió con uno de los jóvenes que no pudo abonar la totalidad de la cantidad exigida. 

Agentes de la Guardia Civil durante la operación contra el tráfico de seres humanos / INTERIOR

"Son personas que han invertido todo lo que tienen, en ocasiones los ahorros de toda su familia, para venir a Europa. Una vez se encuentran aquí, normalmente, se les somete a procedimientos de devolución que, si no logran solventar, significan el retorno a sus países, y así acaba el año que han perdido en realizar el traslado con las mafias que les han traído, y el dinero", explica el investigador. El objetivo es, una vez alcanzado el viejo continente, realizar un segundo desplazamiento, para alcanzar su regularización, apunta. 

Desmantelar la organización

Para desmantelar el entramado criminal, los investigadores se centran en el seguimiento de los viajes de las mafias. Se trata de monitorizar su actividad e "intentar buscar el sistema por el que dan las órdenes e instrucciones, pero también localizar a las víctimas, y explicarles cuál es su situación, que han sido explotados por una red, y que, conforme a nuestras leyes tienen una serie de derechos", explican desde la Benemérita. Y es que, durante todo el trayecto, "están en manos" de la red que los traslada. "Es tal su vulnerabilidad que, al perder ese viaje, se acaban todas sus expectativas", relata el mando de la Guardia Civil en Huesca. 

La ley de extranjería permite que aquellas personas que colaboren en la investigación contra grupos organizados, ya sean de tráfico de seres humanos, o con fines de explotación sexual o laboral, puedan regularizar su situación en España. Es decir, que no se les pueda expulsar del territorio. En caso contrario, serán enviados a sus países de origen. 

Víctimas de explotación

Parte de la organización desmantelada se encontraba asentada en España y estaba formada por ciudadanos subsaharianos que residían en la provincia de Lleida, donde disponían de un piso-patera a cargo del cabecilla de la organización. Además, disponían de un segundo inmueble que empleaban de la misma forma en Mataró, donde residían el resto de miembros de la red. Cada uno de ellos tenía una función diferenciada y obedecían "una jerarquía clara". El líder a nivel internacional, apodado "el jefe", es un individuo de origen centroafricano con residencia en Portugal y en Alemania y con antecedentes en otros países europeos por favorecer la inmigración irregular. Al parecer, presumía de llevar 25 años dedicándose a la misma actividad.

Operación de Guardia Civil y Mossos d'Esquadra contra el tráfico de personas / INTERIOR

"Los recién llegados provenían del centro de África, porque los explotadores suelen captar a gente que puedan dominar. Al llegar aquí había algunas personas que ni si quiera sabían lo que era un tren. No conocen nuestras costumbres, el idioma. En esas condiciones pensar que un policía que les para en medio de un camino y les interrumpe el viaje que ellos están deseando hacer, pueda ser su amigo, es muy difícil”, relata Churiaque. 

En manos de mafias

El viaje suele durar un año. Desde sus países de origen, muchos llegan a Marruecos. "Hasta que llegan a la zona donde las redes les pueden trasladar en patera. En ese trayecto invierten todo el dinero que tienen porque esperan encontrar aquí la solución a sus problemas allí. Es tal su estado de necesidad que creen cualquier cosa que --las mafias-- les prometan", apunta el investigador. "Además, puede que sus integrantes sean los únicos que conozcan su idioma, su pueblo y sus costumbres". 

El problema, subraya, es que la organización no reparaba en el estado de las personas que trasladaba. "Algunos estaban enfermos, o en mal estado, pero les daba igual, solo querían llenar los coches-patera, cuanto más mejor, y lo más deprisa posible para realizar más viajes y obtener mayor rentabilidad", cuenta el capitán. Los vehículos de la red, furgonetas alquiladas o coches en propiedad --al menos doce-- iban sobrecargardos para maximizar los beneficios por trayecto. 

Doce detenidos

Los doce detenidos han ingresado en prisión provisional, y el proceso judicial se desarrollará en España y en otros territorios europeos.