Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales catalanes registran por primera vez un descenso de pacientes con coronavirus. De las 1.756 camas habilitadas para infectados, están ocupadas 1.361, lo que supone menos del 80%.

Según ha detallado este miércoles la consellera de Salut, Alba Vergés, en Cataluña hay un total 2.081 plazas de UCI habilitadas. De ellas, 325 están destinadas para pacientes con patologías diferentes al virus.

Menos tensión en las UCI

Vergés ha subrayado que, "con toda la prudencia", las cifras han mejorado, aunque ha recordado que la atención y capacidad de estas unidades se ha triplicado durante la pandemia. Hace siete días la ocupación en UCI de pacientes infectados por el Covid-19 era del 86%, y a principios de esta semana fue del 81%.

La titular de Salut ha señalado que es importante no bajar la guardia para reducir el número de contagios y también la presión sobre el sistema sanitario durante la pandemia.

90 ecógrafos

Para ayudar al diagnóstico de la enfermedad, el Govern ha empezado a distribuir un total de 90 ecógrafos entre los Centros de Atención Primaria (CAP) catalanes para realizar ecografias pulmonares. Hasta ahora los médicos de este ámbito realizaban radiografías de tórax, pero que esta otra técnica, según ha indicado Vergés es "adecuada y muy sensible".

En la misma rueda de prensa telemática, la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, ha reclamado dejar fuera de las "críticas políticas y partidistas" a los expertos, científicos y especialistas que asesoran a los gobiernos para que puedan trabajar con libertad y con la mínima presión en plena crisis del coronavirus.

Defensa de los expertos

Budó hacía referencia velada al epidemiólogo Oriol Mitjà, coordinador de la emergencia sanitaria en Cataluña, quien señala que la reclusión debería ser más rígida y que puede ser un error permitir abrir la economía. Fue este martes cuando el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, desmontó esa tesis, al señalar, que los expertos que sustentan esta tesis se basan en “un conocimiento limitado y claramente menor” al que tiene el Gobierno.