El Paradise, el macroprostíbulo de La Jonquera, echa el cierre por el coronavirus

El Paradise, uno de los macroprostíbulos más grandes de Europa ubicado en la localidad fronteriza con Francia de La Jonquera (Girona), ha sucumbido a la crisis del coronavirus. La sala ha anunciado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para sus 69 trabajadores.

El ERTE afecta a camareros, cocineros, limpiadoras y personal de mantenimiento, pero a ninguna de las más de 100 trabajadoras sexuales que prestaban su servicio en el local cuando cerró el pasado 13 de marzo, según ha asegurado el propietario, José Moreno.

Sin afectación a las trabajadoras sexuales

Estas mujeres alquilan las habitaciones por 75 euros al día, un precio que incluye pensión completa sin que, según subraya Moreno, tengan vínculos laborales con el negocio. "Entran y salen cuando quieren", señala el propietario, que explica que, el 13 de marzo, recibió la orden de la Generalitat de cierre del local a medianoche, aunque ya había decidido que no abriría.

José Moreno detalla que, "en dos o tres días, las chicas que había en la pensión del establecimiento se fueron yendo, la mayoría seguramente a sus países". Para Moreno la situación es "muy grave" y destaca que, "gracias a Dios, no ha pasado nada" en referencia a algún contagio por coronavirus de alguna de las trabajadoras sexuales o de un cliente.

Desastre económico

El empresario admite el desastre económico que le supone el cierre, con gastos mensuales "por más de 400.000 euros, además de los 300.000 del IVA trimestral", pero considera que, "por encima de todo está la vida".

"Esto no es un capricho y hay que aceptarlo", sostiene el propietario del macroprostíbulo, que confía en retomar la actividad cuando la situación pase. El Paradise, con una superficie construida de 2.700 metros cuadrados y más de 80 habitaciones con una capacidad para unas 200 trabajadoras sexuales, abrió sus puertas el 21 de octubre de 2010.

Moreno se ha sentado varias veces en el banquillo de los acusados y, en 2012, la Audiencia de Girona le condenó a tres años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, mientras que, en 2014, consideró que no había pruebas que lo relacionasen con una red de proxenetas y fue absuelto del cargo.