La Fiscalía pide 27.000 euros a la Generalitat como responsable civil de cuatro agresiones sexuales que presuntamente cometió un interno en un centro de discapacitados, pese a que los psicólogos habían advertido de su agresividad y de que la residencia no era apta para él.



La Audiencia de Barcelona juzgará el próximo mes de junio al presunto autor de las violaciones, un hombre incapacitado totalmente y que estaba tutelado por una fundación, para quien el ministerio público pide una pena de 26 años y tres meses de cárcel de prisión e internamiento en un centro psiquiátrico.

Indemnización

Además, el ministerio público solicita que las cuatro víctimas sean indemnizadas con 27.000 euros en total, de los que pide que respondan el acusado, la compañía aseguradora suscrita por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y la Generalitat.



Según mantiene la Fiscalía en su escrito de calificación, la Generalitat debe asumir en primer lugar el pago de la responsabilidad civil que se acuerde en sentencia, por la "decisión manifiestamente errónea de atribuir plaza al acusado" en la residencia donde ocurrieron los hechos, pese a que no era adecuada para el trastorno de personalidad que padecía.

"Situación de angustia"

También exige la Fiscalía responsabilidades a la Generalitat por no haber adoptado medidas para que el procesado abandonara la residencia, con lo que, a su parecer, "generó el riesgo para los discapacitados" en el centro durante tres años, lo que provocó "una situación de angustia para todos los discapacitados que tenían que soportar el miedo que les infundía día tras día el comportamiento agresivo" del acusado.

El acusado ingresó en julio de 2010 en una residencia de La Roca del Vallès (Barcelona) perteneciente a la Fundación Privada Vallès Oriental, con la autorización de los Servicios Territoriales del Departamento de Acción Social de la Generalitat, que entendía que el centro era adecuado para las características del acusado.

"Riesgo grave"

La Fiscalía cita en su escrito tres informes dirigidos a organismos distintos de la Generalitat, entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, sin que se adoptara "medida alguna para evitar el riesgo grave que generaba la conducta agresiva del acusado". Ante la "inactividad" del Govern agrega el escrito de acusación, la Fundación no puso en conocimiento de los internos la "situación de riesgo grave" generada por el acusado, ni lo comunicó a la Fiscalía ni a la autoridad judicial.



En ese "contexto de convivencia agresiva", el acusado agredió sexualmente a cuatro de los internos, con grados severos de discapacidad o trastornos de esquizofrenia. A finales de agosto de 2013, el acusado fue ingresado en la unidad de subagudos del Hospital de Granollers y posteriormente derivado a una residencia especializada en trastornos de conducta y medios aptos de contención para un perfil como el suyo.