Rubí acogerá a madres adolescentes tras el veto a los menores tutelados

El Hotel Terranova de Rubí se convertirá en una residencia para jóvenes embarazas. Aunque en un principio el edificio se iba a habilitar para acoger a menores tutelados por la Generalitat, el veto de los vecinos llevó al consistorio de la localidad a replantear su uso. 

Fue el pasado mayo cuando, en plena campaña electoral para las municipales, tras las protestas, la alcaldesa Ana María Martínez decidió plantar a la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y rechazar el equipamiento para jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad. 

"Mejor solución para la ciudad"

El argumento que esgrimió la primera edil para su negativa fue que la Generalitat había tomado la decisión "de forma unilateral" y, a pesar de que la directora de la DGAIA, Ester Cabanes, explicó que el centro abriría en junio, con el apoyo y la intervención "técnicos de inmigración, salud y agentes sociales de la población", ahora tanto la Consejería de Asuntos Sociales como el consistorio vallesano consideran que acoger a adolescentes gestantes y madres jóvenes con niños de 0 a 3 años es "la mejor solución para la ciudad". 

Protesta vecinal contra el centro de menores en Rubí / TWITTER

Para los menores tutelados habilitarán "varios pisos". Eso sí, los requisitos para acceder a una de las plazas son "estar aprendiendo el idioma, formación laboral y trabajando para emanciparse", así como tener entre 16 y 21 años. 

¿Racismo?

Otro de los argumentos de Martínez para vetar la acogida de los jóvenes en el municipio fue la falta de licencia de obra para habilitar el alojamiento del barrio de Can Rosés, y se escudaba así en una cuestión procedimental para vetar el proyecto de la DGAIA. En cuanto a la actitud de los vecinos, que se organizaron bajo una plataforma --Stop Centre Menors Rubí-- en rechazo al equipamiento municipal previsto, la alcaldesa socialista justificaba que su protesta no respondía a una motivación racista.

"No aceptaré que se nos acuse de intolerantes, ni de racistas, cuando el malestar de los vecinos es la consecuencia de la actuación de una Administración irresponsable, por tomar una decisión así", explicaba Martínez a Crónica Global.