Una oenegé está preparando una denuncia para la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, por sus declaraciones contra los pacientes del resto de España que se tratan en hospitales catalanes. La Asociación El Defensor del Paciente está elaborando un escrito ante el ministerio público porque considera que un cargo público "no puede hablar de dos países separados" cuando se refiere al sistema nacional de salud (SNS).
En declaraciones a este medio, la presidencia de El Defensor, Carmen Flores, ha indicado que la entidad emplazará a la oficina de María José Segarra a actuar si Ribó no rectifica. Por lo pronto, la oenegé se ha dirigido por carta al presidente catalán, Quim Torra, y al Departamento catalán de Salud, que dirige la consellera Alba Vergés (ERC). En la misiva, Flores y su equipo instan al Govern a corregir la "falsedad y desconocimiento de lo que pasa en la sanidad de la comunidad autónoma catalana". Alerta El Defensor, especializado en negligencias médicas, que las declaraciones del Síndic son "impropias" y que "culpan a terceros" de los "males endémicos" de la sanidad catalana.
"Si no hay respuesta, a Fiscalía"
La activista ha explicado que darán 48 horas de plazo al Gobierno catalán para enmendar la aseveración de Ribó. Si éste o un superior no le desautoriza, la asociación enviará escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que examine si existen mimbres para armar un caso penal contra el defensor del pueblo autonómico. ¿Por qué? "Porque un ente autonómico que defiende al ciudadano no puede referirse a dos países diferentes, con pacientes distintos, cuando se trata de salud. Es una cuestión constitucional", ha subrayado Flores.
A este respecto, El Defensor recuerda que la derivación de pacientes entre autonomías "cuenta con el consenso y beneplácito" de las regiones mediante el Sifco o Fondo de Cohesión Sanitaria. Un enfermo que quiera ser operado en otra autonomía puede pedirlo en su hospital de referencia, pero será la dirección médica del centro la que eleve el caso al Sifco. La decisión final dependerá del hospital de acogida. Por lo tanto, es necesario el visto bueno en origen y destino para ser intervenido quirúrgicamente en otra región y, además, el gobierno autonómico de origen pagará a la de destino la mayoría de costes del procedimiento.
Ribó: "Sobrecoste"
Pese a la existencia de este sistema interterritorial de compensación, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, consideró ayer que "uno de los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste por la gente que viene a intervenirse a Cataluña". Le contestaron profesionales de la salud y economistas, que le recordaron que hay un sistema de pago entre autonomías para los pacientes que entran a quirófano en un hospital lejos de casa. Subrayaron que el número de casos a cargar en la factura sanitaria autonómica es menor al 1%, por lo que el sobrecoste que cita Ribó es "irrisorio".
En este sentido, sanitarios, investigadores y activistas prosanidad pública recordaron que los mayores déficits de la sanidad pública catalana se pueden atribuir a los ajustes presupuestarios acometidos por los anteriores gobiernos de CiU en la Generalitat de Cataluña. La aplicación de las políticas de austeridad en Cataluña, "la más profunda de España" según el sindicato no nacionalista Simecat, ha dejado "mil camas menos de enfermos agudos, 900 profesionales menos y 800 plazas de sociosanitario menos" desde 2010, antes de que slos nacionalistas acometieran los recortes.
El PP pide su dimisión por "supremacista"
Por su parte, el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha tachado a Ribó de “supremacista” y de tener “tentaciones xenófobas”. "Al final es que se les escapa. El trasfondo de las palabras de Ribó lo que emana es puro supremacismo. Eso tiene una definición: son tentaciones supremacistas", ha dicho Fernández en una entrevista en Telecinco.
Fernández ha recordado que será "la quinta o la sexta vez" que piden la dimisión del Síndic "por motivos muy distintos" y le ha reprochado que se pusiese "del lado de los separatistas" durante la tramitación de la ley de transitoriedad jurídica en 2017, "que rompía la separación de poderes y creaba una especie de estadito autoritario propio".