María José Segarra

La filtración de las acusaciones policiales contra unos detenidos no contribuye a su defensa, incluso es posible que tampoco favorezca un juicio justo. Desde ese punto de vista, tienen razón los abogados de los CDR detenidos y encarcelados cuando se quejan de haberse enterado por la prensa de las pruebas, incluso de las grabaciones, que los agentes habían obtenido en el seguimiento de los sospechosos de terrorismo que defienden.

Ahora bien, la forma de acabar con la circulación irregular de los informes de la policía no es persiguiendo a los periodistas que los obtienen y publican. Por eso hay que decir que la intención anunciada por la fiscal general del Estado de estudiar la imputación de 12 informadores desde la perspectiva de la libertad de comunicación es acertada. Si la justicia debe perseguir a alguien es al funcionario que facilita la información a la prensa en paralelo que la entrega a la justicia.