Una mujer de 53 años ha denunciado ante Fiscalía al Consorci de l’Habitatge de Barcelona por presunta incitación a la ocupación después de que un empleado del ente público le recomendase esperar una orden de desahucio y no abandonar el piso en el que vivía, pese la finalización del contrato de arrendamiento.
Los hechos se remontan a agosto de este año, cuando Y.M. solicitó la ayuda del Ayuntamiento ante la imposibilidad de hacer frente a un nuevo alquiler con su salario. Separada y madre de una menor, había comenzado un año antes los trámites para acceder a una vivienda de protección oficial en la capital catalana pero, ante la larga lista de espera, y la notificación de no renovación de contrato de su piso, solicitó uno de urgencia, aconsejada por una trabajadora de Servicios Sociales.
Desahucio
Fue entonces cuando desde Habitatge le explicaron que solo podría acceder a esta solución de emergencia --también con lista de espera-- tras recibir una orden de desahucio. Durante el transcurso de la conversación, tal y como consta en las grabaciones que se adjuntan en la denuncia, el empleado del organismo de titularidad pública le dice que, quedarse en la vivienda, pese a la finalización del contrato, le ayudaría a ganar tiempo.
"El propietario no podrá decirte que te marches. Se acaba el contrato y puede presentar una demanda. Este proceso lleva unos meses, y te da tiempo a encontrar una solución”, apunta el trabajador. La reacción de esta barcelonesa fue preguntar si tenía que incurrir en un delito para recibir la ayuda. Explica que no puede abandonar la ciudad porque comparte la custodia de su hija con su expareja y, a pesar de tener un empleo, su sueldo no le alcanza para sufragar el alquiler de un piso. "Si no has encontrado una vivienda antes --de que venza el contrato--, quédate", la sugieren desde la oficina.
Indefensión
La afectada explica que otra de las recomendaciones fue la de abandonar la capital catalana --lo que conllevaría la pérdida de la custodia--. “Servicios sociales me propuso tener otro tipo de relación con mi hija. Sentí pura y absoluta injusticia, rabia e impotencia”, lamenta. También optar por el arrendamiento de una habitación, opción que no considera viable porque la pequeña necesita un hogar.
“Hice muchos sacrificios para poder cumplir con el pago del alquiler, lo que suponía apenas poder comer en condiciones, afectando a mi salud y a la de mi hija menor”, denuncia Y.M., quien detalla que, durante dos años, siguió todas las indicaciones que le dieron desde la administración para encontrar una alternativa habitacional sin renunciar a la crianza de su pequeña, para terminar siendo inducida a la --presunta-- comisión de un delito: la ocupación.