En 2013, un grupo de ideología fascista vejó al menos a tres personas homosexuales, a las que obligó a hacer una falsa confesión de pederastia. Unos interrogatorios que grababan en vídeo para luego difundirlos a través de internet. Ahora, Fiscalía pide para esos seis individuos penas de entre 21 y dos años de prisión por delitos de odio, contra la integridad moral y contra la intimidad.
“En noviembre de ese año vimos en Facebook una página que tenía como nombre "Proyecto pilla-pilla". Así descubrimos que existía el mismo grupo homófobo en Rusia, y comprobamos que había uno en el Vallès, que decía actuar en contra de los gays, siempre con la excusa de la supuesta pedofilia, para vejar y humillar a homosexuales”, explica Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia, a Crónica Global.
Página de contactos
Los hechos tuvieron lugar en Les Franqueses del Vallès y en Granollers, donde, al menos en los tres casos que recoge el Ministerio Público, el cabecilla del grupo entablaba conversaciones con homosexuales a través de páginas de contactos. En estas decía tener “16 o 17 años” y se citaba con ellos. Cabe recordar que la edad de consentimiento en España es de 16 años, mientras que hasta 2015 se situaba en 13.
Unos hechos que, explica Rodríguez, generaron una “gran alarma” entre la comunidad homosexual en el territorio. “Decidimos hablar con el Govern y los Mossos d’Esquadra, que los detuvieron un mes después, en vísperas de Nochebuena, cuando pasaron a disposición judicial”.
“Daño irreparable”
Durante la celebración del juicio, que comenzó el pasado lunes en Granollers --seis años después de los hechos--, tres miembros de la banda se han acogido a su derecho a no declarar, mientras el resto ha negado los hechos. Entre ellos su líder, Mykola, de nacionalidad ucraniana, que ha justificado que su intención era denunciar que había adultos que contactaban con menores, a través de las redes, con fines sexuales.
Al lugar acordado, el jefe de la organización --para el que piden 21 años de cárcel, junto al que grababa las imágenes-- aparecía con más individuos --para los que solicitan penas de entre 15 y dos años-- y, cuando llegaba la víctima, la rodeaban para que no huyera. “Una vez retenida, y controlada de forma intimidatoria, le obligaban a contestar un interrogatorio de preguntadas forzadas”, según consta en el escrito de acusación. Tras ello editaban las imágenes y las compartían en redes sociales, causando un “daño irreparable” en su honor y dignidad, ya que la orientación sexual, la imagen y la intimidad de las víctimas "quedaran expuestas de forma indiscriminada ante el público en general".
Homofobia y extrema derecha
Rodríguez señala que tras el resultado electoral del pasado domingo, “con la obtención de 52 diputados por parte de la extrema derecha” es el momento oportuno para que la sentencia sea "contundente y deje claro que no se puede aceptar ningún tipo de intolerancia, autoritarismo, fascismo, ni de violencia, hacia el colectivo LGTBI”.
“Es importante que en España haya fallos contra delitos de odio que sean claros y contundentes y que no lleven a ningún tipo de dudas”, subraya.
El papel de las redes sociales
El presidente del Observatori también hace un llamamiento sobre el papel de las redes sociales en este tipo de delitos, y cómo contribuyen a la estigmatización de las víctimas. “Twitter y Facebook no hacen todo lo que deberían. No puede ser que sea tan complicado cerrar una página”, lamenta. Su petición es clara, velar por crear los mecanismos inmediatos para clausurar portales cuando exista la duda razonable de delito de odio. “El daño que hacen es increíble”, apunta.
Tras el anuncio del pacto para formar un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, Rodríguez reclama una ley estatal LGTBI que proteja frente al odio a este colectivo.