Así se combate el matrimonio forzado en Cataluña

Más de 14 millones de niñas son obligadas a contraer matrimonio cada año en todo el mundo, 39.000 al día, según los cifras que maneja Naciones Unidas. Esta práctica, arraigada en algunos países de África y Asia, supone una violación de los Derechos Humanos y priva a las mujeres de tener acceso a la educación, la salud y perspectivas de futuro. Las que tienen menos edad son más vulnerables a sufrir violencia y abusos a manos de sus parejas impuestas. En el caso de Cataluña se impidieron 12 de estos casamientos en 2018, y siete en lo que va de año. Desde el cuerpo de Mossos d'Esquadra, el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y la Asociación de Mujeres Paquistaníes de Barcelona explican a Crónica Global que trabajan en red para detectar y evitar esta lacra en el territorio. 

Del total de casos que se impidieron el año pasado, ocho eran menores de edad. La caporal Andrea García, jefa del grupo de atención a las víctimas, explica que nueve de ellas acudieron a comisaría a denunciar que alguno de sus familiares --en su mayoría padres o tíos-- les obligaban a viajar a su país, bien el norte de África o Asia septentrional, para celebrar allí el matrimonio forzado. "Algún pariente les dice que se tienen que casar y a ellas les choca con la vida que llevan aquí, por eso acuden a asesorarse, porque quieren saber qué pueden hacer. Son ellas las que piden ayuda, porque se dan cuenta, tras criarse aquí, de que ese proceder no es normal", explica. Las que no se presentaron ante la policía catalana dieron la alarma en el centro de salud, su escuela o a servicios sociales tras haber sido víctimas de malos tratos. 

Medir el riesgo de las menores

La caporal desvela que la primera labor de los agentes se centra en medir el riesgo de las menores o jóvenes. "Si el viaje al país de origen es inminente o si tenemos margen de tiempo para poder interferir con la familia. Es en base a ese factor que se efectúa una actuación más o menos inmediata", cuenta. El objetivo es captar el máximo de información del entorno de confianza de la víctima, incluidos los propios padres, para conocer su motivación. En este proceso juegan un papel central los servicios sociales ya que, habitualmente, tienen conocimiento previo de esa familia y el tiempo que llevan en el territorio. 

Una vez han recopilado todos los datos posibles, desde el cuerpo de Mossos valoran si es necesaria una actuación inmediata. En tal caso, se lo comunicarán al juzgado, y éste será el que determine si es necesario o no adoptar medidas cautelares como la retirada del pasaporte, para evitar que se produzca el desplazamiento, y con éste, el casamiento. A partir de ahí, los agentes ejecutan y continúan con las diligencias de investigación. En todo caso, siempre efectúan un seguimiento del caso a través de mediadores o los propios servicios sociales para procurar el abordaje conjunto con la familia y velar por que "desistan" de llevar a cabo esta práctica. 

Mujeres paquistaníes

En paralelo a la labor policial y de los asistentes sociales, está el de las entidades. Entre ellas, la Associació Cultural Educativa i Social-Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), que lidera Huma Jamshed. "Nos reunimos con las familias. Visitamos los barrios de Barcelona para llevar a cabo una labor de sensibilización contra el matrimonio forzado y el infantil", relata. Un fin que no siempre consiguen. “No podemos evitarlos todos”, asume, aunque defiende la necesidad de seguir luchando para erradicar esta lacra. 

El modus operandi de las familias es siempre el mismo. Aunque el matrimonio puede producirse cuando la joven cumpla los 18 años, el compromiso se concierta cuando aún son menores de edad. En el caso de la comunidad paquistaní, Jamshed explica que suele ser entre primos. Para evitar que se produzcan los viajes al país de origen para formalizar el casamiento, transmiten a padres y otros allegados el error que significa para el futuro de las niña y que cuando ella sufra, lo hará también su pareja y el resto de su entorno, “por una decisión equivocada”.  Aunque desde la asociación creen que esta realidad está cambiando, todavía queda mucho por hacer. 

Denuncias de las nuevas generaciones

No hay manera de actuar hasta que el novio o la novia piden ayuda, aunque también puede hacerlo un amigo o allegado. "No nos podemos entrometer en un conflicto en el que no exista alguna queja previa, por mucho que las circunstancias nos lleven a imaginar lo que sucede. Siempre son los cónyuges o algún amigo de ellos, o alguna vecina los que dan la alerta", relatan desde la asociación. A partir de ahí comienza la labor de mediación que lleva a cabo algún representante de la entidad, "con capacidad de diálogo", para que hable con el padre o tío de la mujer e intentar "llegar a algún entendimiento" y detectar si existe o no algún tipo de maltrato. "No es fácil, no existe una fórmula matemática para hacerlo, hay que trabajar caso por caso”, cuenta Huma. 

Tanto la caporal García como desde Asociación de Mujeres Paquistaníes ponen el foco en la labor de concienciación. En el caso de que el matrimonio concertado ya se haya producido, desde la policía catalana recuerdan que esta práctica es un delito en nuestro país, aunque se haya producido en el de origen. "Si se conoce que se ha forzado un casamiento se puede denunciar a los padres y el juzgado inicia un proceso penal contra ellos", explica, aunque el año pasado no se detectó ninguno de estos en Cataluña. Desde el Departamento de Asuntos Sociales explican que la Secretaría de Inmigración lidera un grupo de trabajo para abordar tanto la mutilación genital femenina como esta otra lacra. Una mesa que cuenta con representantes de Interior, Salud, Educación, la delegación del Gobierno, así como el Institut Català de les Dones y Justicia. La labor principal es aplicar un protocolo provisional para prevenir estas prácticas. 

Nunca hay final feliz

Aunque se evite el matrimonio a la fuerza, Jamshed explica que nunca hay final feliz, al menos a raíz de su experiencia con la comunidad paquistaní. "Todo lo contrario. Para mantener su orgullo y no ser apartados de su clan familiar, nunca reconocen que se ha producido una intervención para evitarlo", sostiene. Es más, su labor al frente de la entidad la llevó a recibir ayuda psicológica porque el rechazo de los suyos, que incluso le retiraron el saludo, le llevó a sentirse "sucia". A pesar de ello, decidió continuar con su trabajo, que lejos de valerle el reconocimiento de sus compatriotas, le ha costado el rechazo social “en el 90% de los casos”. 

Aunque le afecta, no piensa rendirse. "Estudié, tengo un trabajo y un matrimonio estable. Si veo que una persona sufre y puedo hacer algo para ayudar y evitarlo, pienso que es mi responsabilidad cívica". La responsable del grupo de atención a las víctimas de los Mossos sostiene que la cifra de matrimonios forzosos que se han evitado es baja, y subraya que es necesario intensificar la labor de detección para que afloren más casos. "Es muy importante ponerse las gafas para poder ver que esta práctica existe y que hay que intervenir", alerta. Y es que, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), más de 140 millones de niñas menores de 18 años contraerán matrimonio entre 2011 y 2020. Del total, 50 millones tendrán menos de 15 años.