Cinco empresas vulneran las condiciones laborales de los socorristas en playas catalanas

Jornadas por encima de lo establecido y salarios por debajo de lo que marca el convenio laboral. Esta es la situación de precariedad que sufren los socorristas que desempeñan su labor de vigilancia en cinco arenales de Cataluña, cuya licitación se ha adjudicado a cinco empresas diferentes. Así lo denuncia a Crónica Global José Antonio Pasadas, secretario de políticas sectoriales de UGT en el territorio, quien avanza que, para atajar esta vulneración de derechos, el sindicato exigirá a los Ayuntamientos de estas localidades que tomen medidas y, si no es así, presentarán sendas denuncias ante Inspección de Trabajo.

Aunque desde UGT prefieren no señalar las playas antes de que los consistorios emitan una resolución, esta situación se produce en un arenal de la provincia de Barcelona, tres de Tarragona y uno de Girona. Los ganadores de la licitación del servicio de vigilancia en estas playas incumplen las condiciones marcadas en el pliego en materia salarial y de duración diaria del servicio. "Los trabajadores tienen que prolongar su jornada más allá de lo que contempla el convenio colectivo. Lo mismo sucede con el sueldo, que en muchos casos se encuentra por debajo del salario mínimo interprofesional, porque algunos contratos son anteriores a la última subida", denuncia Pasadas. 

Condiciones de prestación del servicio

Desde el sindicato explican que los Ayuntamientos tienen la responsabilidad de controlar en qué condiciones se presta el servicio y a las que se ven sometidos los propios trabajadores y esperan que, al demostrar con una copia de la nómina que no se cumple el convenio de referencia, la Administración tome medidas para subsanar el agravio. "Si el consistorio paga lo que marcan los pliegos de licitación tiene que exigir a la empresa que pague a los trabajadores", subraya Pasadas. 

Uno de los socorristas en las playas de Cataluña. Proactiva / PROTECCIÓ CIVIL

El reclamo no se limita a cinco playas del territorio, ya que el clamor del sector es la aprobación de una ley que regule la seguridad en los arenales y que pivote sobre tres aspectos fundamentales. Por una parte la necesidad de más efectivos, también aumentar los recursos técnicos y la duración del servicio más allá del horario habitual de 11:00 a 18:00 horas, y alargarlo de manera acorde a la presencia de bañistas, después de que dos mujeres se encuentren en estado critico por sufrir un percance en el agua, en Cunit, antes de que los socorristas comenzasen su jornada.

Fallecimientos en playas sin vigilancia

En lo que va de verano, han fallecido 15 personas en los arenales catalanes. En algunos casos, las playas no contaban con vigilancia. Desde el sindicato explican que cada consistorio decide el número de socorristas y sus medios técnicos, en base al presupuesto del que disponga, al igual que la duración de su jornada. "Pueden ser seis u ocho horas, dependiendo de los medios con que cuente cada Ayuntamiento, y eso es una barbaridad", crítica Pasadas, quien recuerda que sí hay gran número de chiringuitos que atraen a los bañistas mientras no se garantiza el servicio de seguridad durante una franja lo suficientemente amplia.

El arenal de Rec deL Molí, una de las playas catalana sin socorristas / WIKIPEDIA

"El de socorrismo es, prácticamente, el último servicio que se pone en la playa. Primero licitan el chiringuito. A veces, cuando se detectan problemas con el pliego, que en la mayoría de ocasiones suele estar mal presupuestado, se retrasa, y puede suceder que la playa se quede sin empresa asignada para realizar la vigilancia", explica Pasadas. Además, denuncia que no existe ninguna norma que imponga unos mínimos "y cada Ayuntamiento aplica su voluntad". 

Código de buenas prácticas

Para establecer unos criterios mínimos y garantizar la seguridad en las playas, los socorristas piden que se constituya una comisión de trabajo, de la que formen parte todos los agentes implicados --municipios, la Dirección General de Contratación Pública, sindicatos y patronales-- para desarrollar un código de buenas prácticas y erradicar la precariedad laboral que sufren estos vigilantes.

"La intención es, primero, garantizar la seguridad en las playas, y establecer cuántos medios humanos y técnicos son necesarios para ello, y fijar el presupuesto necesario para hacerlo", subrayan desde UGT. Este sería el primer paso de cara a la elaboración de una ley que fije los criterios de prestación del servicio en todo el territorio.