La Fiscalía de Lleida ha dado carpetazo a la investigación que inició sobre el herbolario y payés Josep Pàmies a raíz de una denuncia de Sanidad por la venta a través de internet de clorito de sodio como remedio para el autismo, entre otras patologías. Cabe recordar que, en 2018, el Departamento de Salud impuso sanciones de hasta 600.000 euros a Pàmies por promocionar productos pseudocientíficos como remedios para tratar enfermedades.

Ahora, concluye el ministerio público que no se han podido constatar indicios de que Pàmies y su socio Enric Cerqueda, responsables de la asociación Dolça Revolució (que promocionaba el clorito de sodio), "medien o comercialicen" con el supuesto medicamento. Tampoco se ha podido acreditar, pues, que incurrieran en un delito contra la salud pública en este caso.

Clorito de socio: retirado del mercado en 2010

Todo el proceso comenzó con una denuncia del Ministerio de Sanidad ante la Fiscalía, tras constatar que por internet se estaba vendiendo clorito de sodio –compuesto químico utilizado principalmente en la fabricación de papel y comercializado como MMS– para tratar y curar distintas enfermedades, a pesar de estar retirado del mercado desde 2010 por orden de la Agencia Española del Medicamento.

En concreto, el ministerio denunció después de que el Comité para la Promoción y Apoyo de la Mujer Autista (Cepama) entregara 136.000 firmas para visibilizar que "la lejía no cura el autismo" y le exigiera actuar contra la difusión de pseudociencias que ponen en riesgo la salud de las personas con este trastorno.

Críticas a Sanidad por el "acoso a terapias tradicionales"

Dolça Revolució defiende en un comunicado que se ha limitado a ejercer su derecho a la libertad de expresión y "el deber cívico de trasladar a la ciudadanía otras opciones para las curas de salud de pacientes con varias enfermedades, independientemente de que estén autorizadas o no". Argumenta que el MMS es "una sustancia ampliamente utilizada en todo el mundo que no ocasiona grandes problemas y que sí ofrece importantes ventajas terapéuticas".

Para la entidad, el "acoso a las terapias tradicionales" no es una acción en defensa de los derechos de los ciudadanos, sino "una estrategia organizada para transformar el sistema nacional de salud en un régimen totalitario de sanidad" y en un "cártel de políticos e industria". Así, reprocha al Ministerio de Sanidad que no sólo no investigue su posible uso beneficioso, sino que cree "alarma y escarnio público a sus consumidores, emita alertas infundadas y sostenga expediente vacíos de todo contenido".

Las ministras Carcedo y Montón

Dolça Revolució apunta en su comunicado que el destino de María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad que presentó la denuncia, será "el mismo que el de su antecesora, Carmen Montón, que ha ido a parar primero a una fundación política (Instituto Aspen) y ha acabado en una fundación al servicio de la industria farmacéutica (Fundamed) como premio a los favores prestados durante su mandato".