¡Aleluya! El boticario en tu bolsillo. Esta Semana Santa será la primera en la que todos los españoles podrán retirar sus medicamentos, simplemente con su tarjeta sanitaria, en cualquiera de las 22.000 farmacias del país. Algo tan aparentemente sencillo ha costado 17 años de malestar y cabreo ciudadano por las trabas autonómicas.
El acuerdo fue vendido como un logro del Ejecutivo de Pedro Sánchez por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en el último Consejo Interterritorial, celebrado un día antes de la disolución de las Cortes. Pero la Andalucía gobernada por los socialistas Chaves, Griñán y Díaz, ha sido junto a Madrid (PP), la más rezagada en la incorporación al conocido como ‘e-Receta’ interoperable.
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo / LENA PRIETO
El Ministerio de Sanidad aprobó por decreto en 2002 incluir la historia clínica y la receta electrónica mediante un sistema común de identificación personal. La socialista Elena Salgado dio los primeros pasos en 2006. Luego, la popular Ana Mato, se otorgó dos plazos (2011 y 2015) para culminar el modelo, que tampoco se han cumplido.
Oposición nacionalista
El sistema llevaba años funcionando, pero hasta 2015 sólo servía para retirar medicinas en la Comunidad de origen del paciente. Que no se haya completado hasta ahora se debe a que la puesta a punto corresponde a las administraciones autonómicas, con 17 sistemas informáticos y tarjetas diferentes. En Cataluña el tripartito llegó a quitar el número de la Seguridad Social por considerarlo “franquista”.
Los partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña siempre han puesto trabas y defendido que era "competencia plena de las comunidades”. Cuentan con el apoyo de PSOE y Podemos. Consideran que PP y Cs persiguen una especie de ‘receta nacional’ para “recentralizar” el país. “Unificación no, interoperabilidad, sí”, mantienen en su postulado PNV, ERC y PDeCAT ante iniciativas como la de Cs de cara al 28A de una tarjeta sanitaria única para toda España.
Imagen de la tarjeta única / EE
Cataluña, antepenúltima en incorporarse a la e-Receta, ha sido la última en hacerlo, el pasado enero, a la historia clínica compartida o interoperable, que agiliza la asistencia sin papeleos ni demoras a los desplazados. Según fuentes oficiales, solo falta habilitar que los médicos catalanes puedan acceder a los informes vía telemática.
Hasta pañales
Hasta ahora los españoles no podían comprar sus medicamentos con receta fuera de la Comunidad en la que residían. Así que, por ejemplo, antes de iniciar las vacaciones en el pueblo o apartamento en otro punto de España debían adquirir la medicación necesaria para la estancia. O pedir a su médico de atención primaria la receta en formato papel. Lo mismo ocurría en viajes menores por negocios o turismo.
Ahora, además de los medicamentos pautados, también se pueden comprar accesorios incluidos en la receta electrónica como gasas, esparadrapos o absorbentes de la incontinencia urinaria (pañales). El pago es exactamente igual.
Recetas privadas para largo
El siguiente paso en materia de recetas es la incorporación al sistema de la sanidad privada, utilizada por 10,3 millones de españoles. Junto a ellos, fuera de la interoperabilidad, figuran trabajadores del Estado, funcionarios y personal de las Fuerzas Armadas, que están adheridos a mutualidades como Muface, Mugeju o Isfas. Esperan incorporarse a lo largo de 2020.
Los médicos privados aún funcionan con recetas en papel, que los farmacéuticos se quedan o fotocopian. Pero a veces, se niegan a fotocopiar las prescripciones o los informes médicos y a dispensar los medicamentos.
El sector privado ya trabaja en la interconexión. Al Ministerio de Sanidad le interesa porque la situación actual facilita a los estafadores el acceso a los fármacos mediante recetas manuales con nombre y número del médico colegiado. Pero todo indica que irá para largo.
Sueño casi cumplido
Las consejerías de salud, el Defensor del Pueblo y las asociaciones de consumidores y pacientes acumulan miles de quejas. “Era un sueño que un diabético o una persona con ansiedad pueda adquirir su insulina o ansiolíticos en cualquier farmacia del país. A ver si ahora puede ser”, subraya Luis Gómez, de 74 años, polimedicado desde los 50.
Una farmacia de Madrid / EFE
Amelia Vallejo se ha quejado al Defensor de que durante la pasada Semana Santa no pudo adquirir en Galicia el Sumatiptan, un fármaco contra la migraña. Sufrió un par de crisis y consumió las pastillas que llevaba encima. Y no llevaba receta.
La Consejería de Sanidad de Madrid asegura que la pesadilla ha acabado. No obstante, Ángeles Vázquez, otra asegurada, denuncia que en las recientes Fallas de Valencia tuvo que abonar allí los 16 euros que cuesta la tiroxina, porque no reconocían la tarjeta sanitaria de Madrid. “Y encima me la dispensaron como un favor”, lamenta.