Los casos de pérdida de vivienda en Barcelona aumentan el 245% en cuatro años

En Barcelona aumentan los desalojos de vivienda por impago del alquiler. Los desalojos y la falta de vivienda son dos de los problemas más apremiantes en Barcelona. Desde 2014, el número de casos de personas atendidas por los servicios públicos en proceso de pérdida de vivienda ha aumentado en un 245%. A este escandaloso porcentaje se ha llegado tras el fuerte refuerzo de estos servicios a través de las Oficinas de Vivienda.  

Si bien al comienzo de la crisis, el común de los casos estaba relacionado con ejecuciones hipotecarias, actualmente la mayoría responden a la incapacidad de las personas para cumplir con los pagos de alquiler. Estos datos proceden de las respuestas dadas por Maite Arrondo, representante del Ayuntamiento de Barcelona en el encuentro de Eurocities de diciembre pasado sobre Prevención de desalojos y personas sin hogar, celebrado en Viena y en el que participaron 18 ciudades europeas.

Según datos de la administración de justicia, de 2013 a 2015, se ordenó la ejecución de 9.876 desalojos en Barcelona. De estos, el 81% respondían a la falta de pago de la renta.

1.000 personas duermen en la calle

En sus respuestas al estudio realizado por Eurocities, la representante del Ayuntamiento de Barcelona también reconoció que el número de personas sin hogar ha crecido desde 2014. De acuerdo con el último conteo de calles realizado el 16 de mayo de 2018, había 956 durmientes y 2.130 personas dormían en alojamientos con apoyo público. “Los crecientes precios en los mercados de viviendas de alquiler y de propiedad, junto con el alto desempleo (9,1%, según datos de la EPA) y la inseguridad laboral que afectan especialmente a las personas en exclusión social, plantean un futuro adverso. Por lo tanto, la necesidad de mejorar y ampliar estos servicios y de aprender a hacerlos más efectivos es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años”, subrayaba.

El ayuntamiento estudia ahora cómo abordar el problema de los trabajadores pobres que no pueden lograr una vida independiente fuera de los servicios sociales. Este grupo representó un 5% de los que viven en albergues en 2012, y se disparó hasta el 14,3% en 2017. También debe hacer frente a la actual crisis migratoria y el problema de los menores no acompañados.

Maite Arredondo, representante del Ayuntamiento de Barcelona en Eurocities

La Ciudad Condal como vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Vivienda, propuso organizar en el primer semestre de 2019 una reunión de aprendizaje entre pares a través de los nuevos métodos proporcionados por Eurocities de intercambio de buenas prácticas sobre la gentrificación. Este fenómeno tiene múltiples dimensiones, pero básicamente se refiere a la segregación socioespacial de los ciudadanos y barrios.

“Quisiéramos vincular las tendencias de desalojo y también hacer un mapa de la falta de vivienda en esta segregación socio-espacial basada en las desigualdades y la exclusión residencial. Estas dos tendencias están relacionadas pero no muy a menudo interconectadas”, señala la representante municipal barcelonesa.

Unidad contra la exclusión

Barcelona cuenta con una unidad contra la exclusión residencial (UCER/ SIPHO) que tiene como objetivo intervenir en los procesos de desalojo para garantizar que se respetan los derechos humanos y coordinar todos los recursos y actores disponibles para evitar los desalojos. Esto implica una coordinación efectiva entre los servicios, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil.

Su objetivo es aliviar las consecuencias de la pérdida de vivienda, prevenir la falta de vivienda y asegurar que se detengan los abusos en estos procesos. Se recomienda que los organismos públicos aseguren la presencia de funcionarios gubernamentales o sus representantes durante un desalojo.

La unidad contra la exclusión residencial se creó en 2015 con un presupuesto público de 50.000 euros. En 2016, se estimó en 173.000 € y en 2017 creció hasta los 397.000 €. Está totalmente financiado por el departamento de Vivienda y la mayor partida presupuestaria se destina a los costes de personal.

Alojamiento alternativo

Desde el consistorio se han creado organismos donde participan ONG y diferentes organizaciones de la sociedad civil. Estas son la Junta Asesora de Vivienda, la Red de Desalojo Local donde se evalúan y priorizan los casos para acceder a un alojamiento alternativo; las reuniones de vivienda del distrito con vecinos y otras partes interesadas, así como la Mesa de Emergencia Social. Estos organismos mantienen un papel de "perro guardián" en los procesos en curso.

Actualmente, atienden a más del 80% de los desalojos producidos en Barcelona. Y, además, lo han logrado, en una situación definida por muchos expertos en situaciones de emergencia extrema en materia de vivienda.

Los casos se multiplican

Si en 2014 el número de casos atendidos por estos servicios fue de 670, desde entonces ha crecido gradualmente: 1.020 casos en 2.015, 1.574 en 2016 y 2.351 en 2017: ha aumentado el 250% en tres años. De estos, el número de casos resueltos también se ha incrementado, representando en 2017 más de 1.360, que es más de la mitad del total.

En gran medida, el apoyo a las personas en proceso de pérdida de vivienda corrió a cargo de organizaciones de la sociedad civil, como el caso de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la organización que popularizó Ada Colau, actual alcadesa de Barcelona. Según sus propias fuentes, en la actualidad reciben a más del 65% de las personas cuando buscan por primera vez apoyo e información durante el proceso de desalojo, el rol ha sido asumido progresivamente por los servicios públicos.

'Alerta temprana' ante desalojos

En un gran número de los casos que actualmente se abordan en Barcelona, estos se encuentran en una etapa tardía cuando están a punto de llevarse a cabo los desalojos y con poco espacio para la intervención pública. El objetivo es pasar gradualmente a las fases previas a través de canales mejorados de alerta temprana y mejorar la identificación de casos.

Esto permitiría intervenir en una etapa anterior, mejorando el mecanismo de coordinación y el acceso a un mayor número de recursos. La forma de detectar e intervenir requiere diferentes métodos y coordinación con diferentes partes interesadas, aunque en muchos casos las soluciones pueden volverse menos complejas. También el perfil de las personas afectadas puede cambiar y requiere que el programa UCER se adapte.