Colau se saca de la chistera un protocolo sobre servicios funerarios

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este miércoles un nuevo protocolo de buenas prácticas sobre servicios funerarios. El gobierno municipal ha aprovechado la víspera de la festividad de Todos los Santos para vender una batería de medidas que, dice, aportará más transparencia para evitar prácticas oligopólicas en este sector. Así lo han verbalizado la segunda teniente de alcalde, Laia Ortiz, y el concejal de Presidencia, Eloi Badia.

Ambos ediles han asegurado que el protocolo permitirá conocer todas las empresas que operan en Barcelona, los precios básicos y la calidad del servicios, así como las tarifas bonificadas y gratuitas a las que se puede acceder en función de los recursos familiares. El gobierno de Ada Colau insiste en que los centros sanitarios y hospitales, residencias y personal de servicios sociales podrán ampliar la información al consumidor. Ello, sostienen, conllevará una bajada del precio de los sepelios.

Aplicación "inmediata"

Ortiz y Badia han avanzado que están trabajando con el Consorci de Salut i Social de Catalunya y con el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) para poder implementar el protocolo en el conjunto de centros sanitarios de financiación pública en la ciudad.

Eloi Badia, concejal de Presidencia de Barcelona / CG

Eloi Badia, concejal de Presidencia de Barcelona / CG

Han anunciado también que la medida se aplicará de forma "inmediata" en los equipamientos en las próximas semanas. La actuación municipal incluirá un tríptico que se suministrará a los trabajadores de centros de día, residencias y servicios de atención domiciliaria sobre los criterios para acceder a los servicios funerarios, han detallado los dos electos de Barcelona en Comú (BComú).

Lo hará el Ejecutivo local, no obstante, sin tener competencias en regulación hospitalaria, sin haberlo pactado con las patronales del sector y sin haber consensuado la intervención con los operadores.

"Cortina de humo"

Precisamente, las dos principales funerarias de Cataluña y Barcelona, Áltima y Mémora, han indicado que no tenían conocimiento sobre la existencia de este protocolo. Desde Serveis Funeraris de Barcelona --participada en un 15% por el Ayuntamiento de Barcelona y al 85% por Mémora-- lamentan no haber recibido ninguna comunicación oficial en referencia al anuncio de la creación de este protocolo.

Imagen de una ceremonia de despido de un difunto en un tanatorio de Sfb en Barcelona / SFB

Imagen de una ceremonia de despido de un difunto en un tanatorio de Sfb en Barcelona / SFB

La compañía se ha sorprendido de que la información les llegara a través de los medios de comunicación y ha criticado, una vez más, la falta de diálogo por parte del consistorio. Desde Mémora han tachado la medida de "cortina de humo" para esconder las recientes novedades en el derrumbe de los nichos del cementerio de Montjuïc. Cabe recordar que el desastre del hundimiento se está comiendo parte del beneficio anual de Cementiris de Barcelona. El director de esta empresa, Jordi Valmaña; Badia y una técnica están denunciados por los afectados.

Recuerda el operador que la compañía cuenta desde hace más de cinco años con un Código de Conducta y de Buen Gobierno Corporativo, que garantiza la ética y transparencia en sus relaciones con los diferentes grupos de interés. En la misma línea, Mémora impulsó en 2016 la creación del Código de Buenas Prácticas de las Empresas de Servicios Funerarios de la mano de la Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya y el Síndic de Greuges de Catalunya, con el objetivo de avanzar en la autorregulación del sector funerario y en la defensa de los derechos de las familias.

Protocolo innecesario

Por su parte, la funeraria Áltima ha destacado que el consistorio ya dispone de "todas las herramientas para garantizar unas buenas prácticas sin necesidad de establecer protocolos paralelos". El director de Servicios Funerarios del operador, Josep Ventura, ha puntualizado que la Ordenanza de Servicios Funerarios ya permite al ayuntamiento aplicar el régimen sancionador establecido en el momento en que detecte una mala praxis sobre cualquier empresa funeraria que opere en la ciudad.

Además, ha asegurado que el precio con el que cifra el ayuntamiento el gasto medio en un servicio funerario en la ciudad no se ajusta a la realidad --lo sitúa en 6.000 euros, sin tener en cuenta los asegurados, que copan la mayoría de entierros--, y ha resaltado que, según datos auditados y presentados, en la ciudad es de 3.760 euros por un servicio funerario completo de media.