La institución que representa el Síndic de Greures ha denunciado este viernes en un comunicado la falta de actuación de las administraciones ante el Top manta. Según denuncian, esta situación de venta ilegal de productos en la calle requiere de una puesta firme de actuaciones que, entre otras medidas, denuncie a las personas que adquieran los productos.
Tras reunirse con los ayuntamientos afectados, la institución instaba a las administraciones a "poner fin a su falta de actuación, con la que se está enquistando un problema”. Además apuntalaba que es “una actividad ilegal vinculada a los entramados mafiosos que los agentes de la autoridad no pueden ignorar".
Problema enquistado
El Top Manta ya cuenta con una larga cola de requerimientos sociales. Empresarios, vecinos y comerciantes alzaban la voz este pasado junio ante la situación de venta irregular de productos que se vivía en las calles de Barcelona. Aglutinados en la Plataforma de Afectados por el Top Manta, movían hilos ante este “problema enquistado” y presentaban un requerimiento ante el consistorio de la Ciudad Condal.
La Plataforma de Afectados por el Top Manta, con los grupos de la oposición de Barcelona / CG
Comerciantes, hoteleros, restauradores y vecinos de la ciudad exigían al gobierno municipal de Barcelona adoptar medidas urgentes. Entre las peticiones subrayaban el cumplimiento de las ordenanzas municipales que limitan el uso comercial de la vía pública antes del verano. El portavoz de la plataforma Fermín Villar destacaba que la actual normativa no permite la ocupación no regulada de la vía pública ni hacer negocios en ella. La plataforma pedía un pacto de ciudad entre todos los grupos municipales para encontrar solución a esta situación que, según Villar, representa un agravio para los comerciantes.
Acompañar a los manteros en la integración
El Síndic de Greuges ve necesario que todos los agentes sociales se coordinen para establecer una salida y diseñar acciones concretas contra las mafias que importan ilegalmente los productos. Otro de los puntos que destaca la institución es trabajar para buscar salidas laborales o recursos sociales para los vendedores del ‘top manta’ que lo necesiten. En el comunicado se pide a los gobiernos medidas concretas para erradicar la práctica de la actividad ilegal y para conseguir que los ‘manteros’ logren la integración social y una salida laboral digna. Sin embargo, recalcaba que tener en cuenta su vulnerabilidad no exime a los afectados de cumplir sus obligaciones ciudadanas.
Camisetas de la colección Top Manta / CG
En junio de 2017 los manteros de Barcelona se reunían para proyectar una iniciativa con la que incluir al colectivo Top Manta de toda España. El grupo de vendedores creaba la colección Top Manta: su propia colección de camisetas que conseguía recolectar más de 47.000 euros mediante crowfunding. Laminé, uno de los impulsores, consideraba que “Si a los mismos españoles les cuenta encontrar un contrato de trabajo por 40 horas semanales (requisito que se exige a los inmigrantes para acceder a una residencia de trabajo) mucho más difícil lo tenemos nosotros”. La iniciativa nacía con la pretensión de “legalizar” la mercadería que se expone para la venta fabricando sus propios productos.
Destinar personal inspector
Según apunta el Síndic, tanto administraciones como todos agentes de autoridad deben hacer cumplir la ley en todos los aspectos. Las actuaciones deben recoger el estudio de las pautas de consumo, comercio, patentes y marca. Subraya que "no actuar debidamente es una negligencia en el deber de hacer cumplir las leyes". Los consumidores deben tomar conciencia de sus elecciones comerciales ya que, según apuntala, los productos que están adquiriendo son falsos y además lo hacen de forma irregular. El pasado 2016, Rafael Ribó también anunciaba que se daban "pasos hacia adelante" para acabar con esta normalización de una situación ilegal.
La institución remarca cómo estás prácticas naturalizan "prácticas económicas que ponen en duda los principios del estado del bienestar". Como medida, el Síndic propone que la Agencia Catalana de Consumo y otros organismos destinen personal inspector a "denunciar a las personas que adquieren productos en el top manta".