Montón afila el bisturí contra el copago de pensionistas

El famoso 16/2012 o decreto Mato, que obligó a pagar medicinas a los pensionistas, está sentenciado. Carmen Montón, la ministra de Sanidad número 22, prevé su final incluso antes de cumplir en julio sus seis años de vida. Pasará a la historia como la norma más impugnada de la democracia, con 20 recursos ante el Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Sanidad y Farmaindustria calculan que la polémica reforma del Ejecutivo de Rajoy para reducir gasto público logró un ahorro de unos 12.000 millones de euros. Pero médicos, sociólogos e instancias internacionales denuncian sus “efectos sociales adversos e injustos”, ya que ha obligado a los pensionistas más pobres y vulnerables a dejar tratamientos que necesitan.

Medicarse o comer 

Algunos estudios oficiales aseguran que el 7% de los jubilados dejó de tomar fármacos para evitar problemas cardíacos. Uno demoledor de Amnistía Internacional, realizado entre 75 sanitarios españoles, revela que algunos mayores se ven obligados a elegir entre medicarse o comer.

La Universidad Pompeu Fabra ha cifrado en un 15% el aumento de la mortalidad entre inmigrantes sin papeles, tras su exclusión del sistema general. “En estos momentos hay más de dos millones de españoles que no pueden pagar sus medicamentos”, redondeó hace unas semanas en el Congreso el diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

En la farmacia un hombre vende medicamentos / EFE

Un farmacéutico en una oficina de farmacia / EFE

Reforma a la valenciana

La nueva titular de Sanidad estudia hacer una liquidación del famoso medicamentazo en dos fases. La primera, a imagen y semejanza de la parcial llevada a cabo en la Comunidad Valenciana, libraría del copago a quienes perciban una pensión inferior a 1.000 euros y tengan reconocida una discapacidad superior al 65%. Allí ha beneficiado a 980.000 personas. En toda España suman 6.537.768 mayores.

Los 1.674.015 pensionistas que cobran hasta 1.600 euros mensuales podrían seguir pagando, como ahora, un máximo de ocho euros al mes y los 1.261.491 que rebasan esa cantidad hasta los 18 euros. Pero el nuevo ejecutivo de Sánchez baraja como gancho electoral de cara a las próximas elecciones generales un indulto total con vuelta al copago del 0%, como pasaba hasta el 2012. 

Castigo al bolsillo pensionista

El último Observatorio del Medicamento que publica la Federación Empresarial de Farmacéuticos de España (FEFE) calcula que la introducción del copago en los medicamentos a los pensionistas ha reportado desde su bolsillo a las arcas públicas unos 400 millones de euros al año. Es la fuente más fiable. La cifra se obtiene a partir de los datos de las recetas, ya que las de los jubilados tienen unos códigos que indican qué porcentaje del medicamento deben pagar.

 El PSOE lleva desde la promulgación del decreto abogando de manera incansable por su derogación. Calcula que los pensionistas pagan de media por medicamentos unos 135 euros año. Más del triple que la “supuesta revalorización de las pensiones” en los últimos años. “Es un castigo a los pensionistas en toda la regla”, asegura la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM).

La ministra de Sanidad, Carmen Montón

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, en una imagen de archivo

Al copago directo se suma el gasto en alguno de los 417 medicamentos que dejaron de financiarse a través del sistema público. Algunos son imprescindibles para aliviar el dolor o síntomas de enfermedades crónicas. “Hoy tienen un precio desorbitado, casi se ha triplicado”, denunció en el Congreso la diputada socialista Jesús María Fernández al defender una proposición no de ley para exigir su control y una bajada de precio.

Más recetas y tarjetas

La eliminación del copago de los pensionistas y la recuperación de fármacos desfinanciados, solicitada por la izquierda en el Congreso de los Diputados, llevaría consigo una recuperación del número de recetas. En 2012 sumaron 1.000 millones. El año pasado 882. Resultado: la factura se elevará en torno a 300 millones.

Sánchez ha reiterado desde la oposición que, además de derogar el medicamentazo, tiene intención de “restablecer la cartera única de prestaciones sanitarias” y devolver la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes y a las personas que la perdieron transcurridos 90 días de su obligada partida para trabajar fuera de España. Añadirían, según datos de las onegés, más de un millón de beneficiarios, que elevarían en decenas de millones de euros la factura.

Solo se libra el 5%

Hoy apenas un 5% de la población tiene fármacos exentos de copago. Entre ellos figuran los afectados por el síndrome tóxico, las personas que reciben rentas de integración social, las pensiones no contributivas, los parados que han perdido el derecho a subsidio por desempleo y quienes reciben tratamiento como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

La ampliación es un nuevo reto para el nuevo ejecutivo que ha tomado como una de sus banderas, según su presidente, la lucha contra la pobreza.