El gobierno municipal de Ada Colau ha recurrido a los tribunales por los impagos de la Generalitat de Cataluña en guarderías. El Ayuntamiento de Barcelona ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el silencio del Departamento de Enseñanza por los 41,8 millones no abonados desde el curso 2013-14 al 2016-17.
Tal y como avanzó en enero el ejecutivo local de Barcelona cuando requirió a Enseñanza que saldara sus deudas, el equipo de Colau ha acudido a la vía legal tras el silencio administrativo que ha generado la notificación. Una portavoz del ayuntamiento ha indicado que el escrito "se ha interpuesto en relación a lo que la Generalitat tendría que haber pagado desde 2012 según el acuerdo de financiación de las guarderías". "Lo anunciamos en enero, y se ha interpuesto recurso en sede judicial una vez se ha agotado el plazo de periodo administrativo", explica.
"No hasta que finalice el proceso"
Preguntado sobre si abonará la cantidad adeudada al Ayuntamiento de Barcelona en guarderías, una portavoz del Departamento de Enseñanza ha respondido que el consistorio "ha iniciado un procedimiento judicial", y que "cuando termine este paso, se determinará qué procede hacer".
Cabe recordar que la deuda de la Administración autonómica al gobierno municipal en este campo es equivalente a casi un año y medio de presupuesto en escuelas para niños de 0 a 3 años. En las cuentas anuales para el año 2017, el ejecutivo local que comanda Ada Colau destinó 27,13 millones y 6,24 millones a estos equipamientos en dos partidas distintas. Fueron, pues, 33,37 millones de euros.
Padres: "La Generalitat desatendió"
Por su parte, la FaPaC, Federación de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña, ha indicado que la cantidad que adeuda Enseñanza a Barcelona es "significativa". Según la mayor AMPA de la región, los fondos "podrían servir para acometer inversiones de calado, y costear programas como la tarificación social". La entidad social ha lamentado que los tres últimos gobiernos de la Generalitat, con la extinta CiU --hoy PDeCAT-- y JxSí al frente, "optaran por impagar su parte alícuota de las guarderías públicas, pero sí mantuvieran los conciertos educativos".
Precisamente, cabe recordar que el impago de la administración autonómica a los ayuntamientos deriva de dos sentencias del TSJC que avalan esta tesis. El TSJC resolvió a favor de los ayuntamientos de Cornellà y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), tras denuncias de estas corporaciones contra los recortes de la aportación de la Generalitat por niño desde 2011 ---un tercio, frente a un tercio de los consistorios y otro de los padres--, que pasó a ser cero en 2014. Ello abrió la puerta a que otros municipios reclamaran las cantidades adeudadas en el pago de las guarderías públicas.