La algarada de las batas blancas

El cabreo, tras pensionistas, mujeres y otros colectivos, también ha llegado a los médicos. El miércoles tomarán el paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad, y clamarán ante el Congreso de los Diputados, con un maletín lleno de demandas. Sobresalen la recuperación salarial a tiempos de Zapatero y una homologación salarial base en toda España, como la de los cuerpos policiales.

A la protesta, promovida por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), se ha sumado el Foro de la Profesión Médica (colegios, asociaciones científicas, decanos y estudiantes). Cuentan con la convocatoria de huelga en la sanidad madrileña y murciana, que dará más fuerza y participación a la revuelta.

Recortes y jubilación masiva

Huelga por céntricas calles en defensa de una sanidad "pública y de calidad" / EFE

Manifestación por céntricas calles en defensa de una sanidad "pública y de calidad" / EFE

Los galenos se consideran la hermana pobre de un sistema sanitario público que, tras siete años de recortes, no goza de buena salud. El diagnóstico se basa, según sus datos y de la Organización Médico Colegial, en una rebaja salarial del 25%,  jubilaciones forzosas a los 65 años a 10.000 médicos, el exilio de 15.000, las restricciones en 1.200 del número de MIR, y el robo con dedicación exclusiva por la privada de buena parte de los  213.000 facultativos en activo. 

“El caos y la tormenta se completará con la jubilación a la vista de 45.000 facultativos en los próximos cinco años, y una mala distribución de los profesionales, debido fundamentalmente a la gran disparidad de sueldos”, asegura el secretario general de la CESM, Francisco Miralles.

El resultado, según este sindicato, “fundamentalmente profesional”, de corte conservador y  que cuenta con 50.000 afiliados, es la sobrecarga de trabajo y la falta de especialistas en medicina de familia, pediatría, internistas, cirugía general y aparato digestivo.

 Sueldo base homologable

Los manifestantes ocuparán un escenario urbano similar al de los pensionistas este fin de semana. Achacan al Ejecutivo de Rajoy la falta de perspectiva y una "descoordinación pertinaz" de los recursos del Sistema Nacional de Salud. Además, recuerdan que fue quien ordenó sacar la tijera con la que recortaron las comunidades autónomas.

La CESM admite que ellas son desde el 2002 las principales responsables de la configuración final de sus salarios, aprobados cada año dentro de los presupuestos por los parlamentos autonómicos. Pero defienden que el Gobierno y el Consejo Interterritorial, que hoy preside la ministra Dolors Monserrat, deberían establecer un sueldo base homologable similar al establecido para los funcionarios. Después, podría verse ampliado por conceptos variables en las nóminas.

Agravios salariales

Hoy el salario medio de un médico en la sanidad pública ronda los 3.000 euros netos al mes, 600 euros menos que, por ejemplo, en Italia, 750 menos que en Alemania y 1.500 menos que en Francia. Pero las diferencias llevan a variaciones de hasta 1.000 euros dentro de España. Los médicos de Cataluña cobran 600 euros menos que los del País Vasco y los andaluces 900 menos que en Murcia.

Estas diferencias son consideradas un agravio y un motor que arrastra a los profesionales a las comunidades donde pagan mejor. “No es razonable discriminar el salario de un profesional por autonomía”, remacha Miralles. “Si todos los médicos de España –defiende- hacen el mismo trabajo con las mismas condiciones, la misma preparación y los mismos méritos, todos deben ganar de forma similar”. 

Vuelta a las 35 horas

Sin embargo, sólo Podemos apoya una subida de sueldo a los sanitarios para lograr una equiparación como entre los Mossos y la Policía Nacional y Guardia Civil. El resto de los partidos reconoce un hándicap en la transferencia de competencias y aboga porque se valoren otras variables. El PP echa balones fuera y, al estilo Mariano Rajoy, defiende que el Gobierno se quede quieto, que hagan una subida las comunidades que menos pagan.

También hay discrepancias en la vuelta a la jornada laboral de  35 horas, como antes del inicio de la crisis. Es otra reivindicación, similar a la de los funcionarios, para conciliar la vida  laboral y familiar. “Sólo la han logrado en algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía, pero siempre con la espada de Damocles de los tribunales encima a petición de Cristóbal Montoro”, explican los sindicatos.

Lenguas autonómicas

Los manifestantes también entran en la renacida polémica por la exigencia balear de tener nivel avanzado de catalán para trabajar en el sistema público de salud. La Comunidad Valenciana también va a ampliar las exigencias y en Navarra el conocimiento del euskera aumenta la puntuación como mérito.

Un momento de la manifestación de médicos en Menorca / EFE

Un momento de la manifestación de médicos en Menorca / EFE

En la práctica, en el País Vasco y Cataluña, según denuncian, llevan años en los que el conocimiento del euskera y el catalán, respectivamente, se valoran casi tanto o más que el MIR, 500 horas de formación o un año de docencia universitaria.

La postura de la CESM es clara. El conocimiento de un idioma autonómico se puede considerar un mérito y es lógico que se prime, como hablar inglés o alemán en centros privados de Canarias o de la Costa del Sol. “Pero nunca –defiende-- como un requisito. Imponer el idioma local impide la libre circulación de profesionales, discrimina a los que sólo dominan el castellano y empobrece la calidad asistencial al limitar las posibilidades de elección”.

Los sindicatos profesionales consideran que las exigencias bilingües han de ser proporcionadas a la tarea profesional que se desempeña. “Lo que se pide ante todo a un médico –defienden-- es conocimiento y competencia clínica. Es bueno que tengan habilidades comunicativas, pero el paciente prefiere que acierte con su problema y le alivie el dolor, aunque se tenga que echar mano del traductor de Google o de la mímica”.

Cisma catalán

El sindicato Metges de Catalunya (MC) discrepa desde hace años en este punto con la Confederación Estatal. Las desavenencias han llevado a una ruptura anunciada tras el apoyo de la agrupación catalana a la causa independentista durante el 1-O. Sus dirigentes incluso han visitado a Antoni Comín en Bruselas y le siguen dispensando la distinción de conseller.

Está previsto que el cisma se ratifique mediante la votación de los afiliados la semana próxima. “Lamentamos su marcha. Pero para la Confederación lo principal es el respeto a la Constitución, a la legislación y al Estado de derecho”, subraya el presidente, Tomás Toranzo.

El  procés también les ha pasado fractura.