Crematorio del Besós: admitido el recurso de paralización

Crematorio de Sant Adrià de Besós: admitido el recurso de paralización. El juzgado contencioso-administrativo número 10 de Barcelona ha aceptado examinar el escrito presentado contra los permisos de obras y actividades de la instalación, que promueven Áltima y Pompas Fúnebres de Badalona (Pfb) junto a la Ciudad Condal.

Según ha informado la plataforma StopCrematoriSAB, la sala admitió a trámite el pasado 9 de marzo el recurso presentado por la asociación civil contra el tanatorio de seis salas, que también tendrá un horno funerario. El escrito al juzgado era la última bala de la entidad vecinal contra el proyecto, impulsado por las dos empresas de servicios funerarios bajo el paraguas de la sociedad Tanatori del Litoral SL. Antes, el ayuntamiento de Sant Adrià tuvo que dar el visto bueno a los permisos de obras y actividad en febrero porque de lo contrario "habría podido incurrir en delito", según defendió.

"Hay precedentes de anulación de permisos"

La plataforma StopCrematoriSAB ha subrayado que "confía en que la resolución sea favorable para las vecinas y vecinos que están en contra de la instalación del tanatorio con horno crematorio en el municipio". Según la asociación, "en toda España cada día se multiplican los precedentes de anulación de permisos para este tipo de instalaciones ubicados en núcleos urbanos".

Pone como ejemplo la instalación funeraria de Pola de Siero (Asturias), donde los vecinos interpusieron un recurso similar al presentado en Sant Adrià de Besós y lo ganaron en julio de 2017.

Polémico

Cabe recordar que el crematorio de Sant Adrià parte de la venta de unos terrenos en el barrio de La Catalana del municipio por parte del Consejo Comarcal del Barcelonès (CCB) en 2015. La adjudicación, por un valor de seis millones de euros, otorgaba los derechos de construcción y explotación del equipamiento junto a la Ronda Litoral y la Ciudad Deportiva del RCD Espanyol.

El organismo supramunicipal rechazó revertir la venta de la pastilla de terreno, como le pidió el consistorio, por lo que el equipo de gobierno de Joan Callau (PSC) no tuvo más remedio que dar los permisos pertinentes. La instalación tendrá una capacidad para incinerar hasta 800 cuerpos al año, aunque sus promotores aseguran que colocarán filtros especiales para evitar parte de la contaminación en una zona que presenta altos índices de polución.