La mano derecha de Roures se libró de la detención gracias a Lamela

El 15 de diciembre de 2015 la UDEF, por orden de la Audiencia Nacional, procedió a la entrada y registro de los despachos del considerado hombre de confianza de Jaume Roures al frente del holding Mediapro, Gerard Romy Belilos, y de otro alto directivo del grupo, Jonathan Cumming. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, daba curso así a la comisión rogatoria que la autoridad judicial estadounidense había enviado al alto tribunal.

La Fiscalía de EEUU, el FBI y la División de Investigaciones Penales del Servicio de Impuestos internos investigaban a la cúpula de Mediapro “por aceptar o facilitar sobornos, comisiones ilegales y otros tipos de pagos ilícitos efectuados a funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el blanqueo de los pagos y productos de los sobornos.”

Para Lamela no había duda que la actividad descrita por los responsables judiciales estadounidenses respecto a estos dos ciudadanos afincados en España (Romy en Barcelona y Cumming en Madrid) eran “graves” y que la comisión rogatoria recibida era “proporcionada, necesaria y --añadía-- que en manos de los investigados se podrían encontrar instrumentos, documentos o efectos de esa actividad delictiva”.

Anotación sorprendente

Sin embargo, sorprende que en el atestado nº5.611/15/DEYBC2 de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona (Brigada Provincial de Policía judicial), el inspector al frente de esas diligencias policiales haga constar en la página 8 que “dispone que el investigado Gerard Romy Belilos no sea oído en declaración en sede policial dando cumplimiento a instrucciones expresas de la autoridad judicial competente”. La Policía subraya tipográficamente las palabras “no sea oído en declaración”.

Así, los agentes se limitaron a entrar en las oficinas de Barcelona de Imagina e incautarse de toda la documentación que consideraron oportuna o de interés para los fiscales norteamericanos representados, en esos registros, por los agentes Marc V. y Scott Francis C.

La iniciativa

Este medio ignora si la decisión de Lamela de prohibir el interrogatorio de Romy y Cumming obedece a una petición expresa o no de los fiscales norteamericanos. En todo caso, en los autos de la audiencia no aparece referencia alguna a esa eventual y sorprendente indicación caso de que se hubiera producido.

La parquedad de la ejecución de esta comisión rogatoria sorprende especialmente si se lee el fundamento fáctico que la propia juez Lamela da por bueno y que, indiciariamente, sugiere que los dos investigados (tal y como dice de forma expresa la UDEF en la página 4 del atestado “investigados, no detenidos”) habrían cometido flagrantes delitos de corrupción entre particulares, delito de asociación ilícita y de blanqueo de capitales.

Sospechas de corrupción

El propio auto de Lamela autorizando la ejecución de la comisión rogatoria describe que “la investigación ha revelado que varios funcionarios de las federaciones miembros de la Uncaf de Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala entre los años 2008 y 2015 recibieron sobornos a cambio de lograr que sus federaciones nacionales vendieran los derechos de difusión y comercialización para varios partidos clasificatorios de la copa mundial. Muchos de estos sobornos fueron pagados por ejecutivos de Media World, y por consultores pagados por Media World, una sociedad con sede en Miami, Florida, dedicada a la comercialización deportiva. Media World --añade el auto de la juez que cita el informe remitido por la Fiscalía de EEUU-- está afiliada con Imagina Group, un conglomerado de empresas multimedia con sede en Barcelona”.

El informe judicial es lapidario: “Gerard Romy en su calidad de socio accionista de Imagina US estaba al tanto de los sobornos”.

Testigo protegido

El FBI llega a esta conclusión tras el análisis de diversas líneas de investigación, entre ellas, una iniciada después de la declaración aportada por un testigo protegido al que identifican con las siglas TC2 de quien sólo se especifica que fue “un alto directivo de Media World". Este “colaborador” del FBI reconoce que “con regularidad informaba a Romy sobre los sobornos pagados en nombre de Media World a las federaciones de la Uncaf". TC2 explica a los policías estadounidenses que Romy utilizó contratos de consultoría para ocultar los pagos.

El informe de la Fiscalía de EEUU aporta datos concretos y aparentemente muy contundentes de las prácticas ilícitas que se atribuyen a la mano derecha de Roures. Por ejemplo, se detalla el contrato que en 2012 la empresa promotora TUSA “suscribió con la Asociación de Fútbol del Caribe (AFC) con una precio base de 23 millones de dólares para obtener los derechos de difusión y comercialización de los partidos que jugarían los países de esa federación para clasificarse en las copas mundiales de 2018 y 2022”. Por parte de la AFC firmó el contrato Jeffrey Webb. Según el FBI, “Webb recibió un soborno de tres millones de dólares que le fueron pagados, 1,5 por parte de TUSA y los otros 1,5 por parte de Media World”.

Según el FBI, Medialusa, una empresa “propiedad absoluta de Mediapro, una entidad afiliada a Imagina Group, efectuaría el pago”. Según los informes judiciales de EEUU, “Romy le indicó a TC2 que encontrara un intermediario para que recibiera el pago de Medialusa a fin de ocultar su índole y propósito reales”. Esa empresa intermediaria fue Sports Tournaments&Rights Inc.