El Constitucional evaluará los registros en los domicilios de los accionistas de BPA

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por los dos accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramon Cierco, por las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales durante los registros en los domicilios personales y profesionales de ambos. Una denuncia a la que se han sumado los cuatro abogados que asisten a la familia en las diversas causas que tienen abiertas.

La decisión del alto tribunal español tiene efectos sobre el proceso en el que se iba a usar la información recabada. Una querella presentada por la familia Pujol Ferrusola por presunta revelación de secretos bancarios.

Petición de efectos suspensivos

Los Cierco iniciaron su procedimiento por la vía de urgencia y solicitaron que tuviera efectos suspensivos. Es decir, hasta que no se decida sobre la pulcritud de los registros que se practicaron, los tribunales ordinarios “no podrán usar ningún material que se llevaran de las dependencias registradas”, tal como indican los portavoces de los accionistas mayoritarios de BPA en un comunicado.

Fue una juez andorrana, Alexandra Terés, la que autorizó el pasado 8 de junio la entrada a los domicilios privados y profesionales de los Cierco. Allí se personaron un “dispositivo policial y judicial inusualmente amplio” que realizó los registros de forma “casi simultánea para recuperar todos aquellos elementos de ‘interés para la causa’”, explican.

Correos incautados

Todos ellos “supuestamente pretendían ser prueba de la autoría de revelación y, presuntamente también, evitar en la reiteración del delito”. Los denunciantes ponen en duda este extremo: “Nuestro sentimiento (simple juicio de valor) es que no se buscan presuntas responsables de un delito, sino delitos contra presuntos responsables” por el tipo de documentación incautada.

Entre otros, se copió sin ningún tipo de filtro el servidor que contiene todos los correos recibidos y enviados de Higini Cierco desde 2012 hasta la fecha del registro. Un total de 38.410 comunicaciones electrónicas, la inmensa mayoría de las cuales es anterior a la comisión del supuesto delito.

Mensajes de los abogados

Los letrados que asisten a los accionistas mayoritarios de BPA tanto en Andorra como en España se han personado en la causa porqué en los correos intervenidos se incluían mensajes remitidos entre ellos. “Han actuado para proteger el derecho de secreto de comunicaciones y el secreto profesional que debe asistir toda relación entre cliente y abogado”, indican.

Los Cierco critican que no se les trasladó en un primer momento la denuncia de los Pujol, ya que recabó en la fiscalía española y las notificaciones llegaron a una segunda residencia que Higini Cierco tiene en este país y no en Andorra. Los afectados niegan de frente los delitos de los que son acusados.