Reabren la investigación sobre 600.000€ de la venta de un supuesto fármaco contra el cáncer

En abril de 2016, la Universitat de les Illes Balears (UIB) dio traslado a la Fiscalía de una presunta estafa derivada de la comercialización de un supuesto fármaco contra el cáncer denominado Minerval. Presos de desesperación ante la falta de resultados que los afectados estaban obteniendo en sus respectivos tratamientos, decidieron acudir a dos catedráticos de la universidad encargados de la venta del producto, llegando a abonar en algunos casos hasta 25.000 euros por el mismo sin que éste provocara mejoría alguna en su estado de salud.

Los investigadores ponían así la lupa sobre un compuesto por el que, de acuerdo a un contundente informe de la Policía Nacional, los dos profesores percibieron un total de 611.000 euros a través de una fundación sin ánimo de lucro constituida por ellos mismos, Marathon Glioma, lo que derivó, el pasado mes de abril, en la detención de ambos  y de tres de sus colaboradores.

Según la Policía, tanto Pablo Vicente Escribá como Xavier Busquets se habían valido de su cargo en la universidad para otorgar mayor credibilidad a su producto y, además, hacían uso de las instalaciones de la UIB para avanzar en sus investigaciones.

Pese a los datos recabados, el pasado mes de octubre el juez volcado en la causa acordó el archivo de la misma al considerar que no había quedado acreditada la perpetración de la supuesta estafa denunciada por la universidad. Según el magistrado, los compradores del Minerval “sabían que se trataba de un producto en fase experimental, no de un medicamento de venta en farmacias”.

Recurso ante la Audiencia Nacional

Ni la UIB ni la Fiscalía quedaron conformes con la respuesta del instructor. De hecho, tras recurrir su decisión en apelación, la Audiencia Provincial de Baleares ha dictaminado esta semana que la causa debe reabrirse. Y no porque se produjera un engaño en cuanto a la información facilitada sobre la sustancia, su naturaleza y sus propiedades, sino a tenor de las elevadas cantidades ingresadas para la obtención del conocido medicinalmente como ácido 2-hidroxioleico.

“El investigado no engañó a nadie en la información que transmitió”, sostiene el tribunal respecto a Pablo Vicente Escribá, el único sobre el que ordena que se reemprendan las pesquisas por ser quien recibía y atendía personalmente a los compradores y tramitaba los pedidos en persona o a través de internet.  

Destino de los fondos

Es en este punto en el que, subrayan los magistrados, "debe profundizarse”. En concreto, en el precio de la sustancia sintetizada, obtenida primero en Estados Unidos y después en España, su relación con las cantidades recibidas por el imputado de las personas que la adquirieron, y el destino final de los fondos ingresados.

Escribá alega, frente a las acusaciones vertidas sobre él, que no existe ninguna prueba que apunte a su intención de enriquecerse con la comercialización del Minerval y que quienes lo adquirieron “estaban perfectamente informados de que el producto era un nutracéutico del que no se aseguraba su eficacia curativa” y del destino de las aportaciones dinerarias: incide en que el dinero que aportaron “voluntariamente” iba destinado a su fundación sin ánimo de lucro.

Tanto el auto ahora revocado como la reciente resolución de la Audiencia entienden que la totalidad de los pacientes que se hicieron con el compuesto sabían que se encontraba en fase experimental y que no se trataba de un medicamento oficialmente reconocido, sino que se ofrecía como alternativa a enfermos que no respondían a los tratamientos conocidos, por lo que “se prestaron a adquirirlo por no tener nada que perder”.

No se había probado en humanos

Uno de los testigos que compareció en dependencias de la Policía Nacional tras la incoación de las investigaciones señaló que Escribá le propuso la adquisición de un kilo de Minerval por 18.000 euros a la empresa americana que lo facilitaba y que el pago debía realizarse en la cuenta de Marathon. Según el declarante, el producto era para su madre, enferma de cáncer, y tal como explicó, el doctor le comentó que el fármaco no era tóxico ni tenía efectos secundarios, pero que no se había probado aún en humanos y que las probabilidades de éxito eran remotas. Su progenitora falleció sin que el compuesto diera resultado alguno.

Ahora, aun descartado el engaño en cuanto a la información sobre la sustancia y sus efectos, la Audiencia quiere conocer si las elevadas cantidades obtenidas por el investigador estaban justificadas o si los pacientes recibieron datos inveraces sobre su precio. "Sólo despejando la proporcionalidad respecto al coste de la sustancia y el destino final de los fondos obtenidos podremos llegar a la resolución sobreseyente", sentencia el tribunal.