Sexto juicio contra Matas: pagos irregulares y un empresario clave fallecido

Fue una de las empresas fetiche del último gobierno presidido por Jaume Matas, así como la mercantil que se encargó de diseñar parte de la campaña electoral del PP balear de 2007 a cambio de cobrar en negro más de 70.000 euros. Una cantidad que, dada su opacidad al fisco, no quedó reflejada en la contabilidad del partido.

Se trata de Nimbus, cuyo propietario, Miguel Romero, uno de los primeros encausados en arrepentirse ante los investigadores, falleció hace tres meses dejando tras de sí un reguero de interrogantes en torno a cómo su sociedad ayudó a financiar de forma irregular a la formación conservadora.

Desde este martes, 7 de noviembre, Nimbus tendrá el foco de atención de un nuevo juicio contra Matas, el sexto en su trayectoria judicial, en el que la Fiscalía reclama para él un año y medio de cárcel por delitos de fraude y prevaricación. El acusado ha sido condenado hasta en cinco ocasiones, convirtiéndose además en el primer exmandatario autonómico y en el segundo exministro en ingresar en prisión: en julio de 2014 entró en la cárcel para cumplir nueve meses de pena por favorecer con fondos públicos al periodista que le ensalzaba en sus artículos.

Contratos de más de un millón de euros

Durante esta semana, la Audiencia Provincial de Baleares lo juzgará de nuevo. En concreto, a raíz de que el Gobierno balear favoreciese a Nimbus con un contrato que ascendía a 845.549 euros y que pasaba por publicitar el Mundial de Ciclismo en Pista que debía celebrarse en el velódromo Palma Arena en 2007.

La adjudicación contemplaba además compensaciones a favor de Nimbus a razón de los patrocinios que obtuviera para el evento deportivo, cuyo importe mínimo se establecía en 363.528 euros que debían abonarse al margen de la cantidad prevista en el contrato inicial.

El Ejecutivo autonómico, a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), acabó así otorgando otros 350.000 euros de forma directa y sin expediente alguno.

El juez José Castro, quien instruyó estas pesquisas en el marco de la macrocausa conocida como caso Palma Arena, llegó a ironizar sobre la rapidez con la que fue otorgado el contrato, en cuatro días y con un fin de semana de por medio, aseverando “cómo la fortuna de tan diligente tramitación vuelve a sonreír a la entidad que resultó ser la única licitadora y adjudicataria de concurso, Nimbus”.

Según la Fiscalía, fue el propio Matas quien ordenó a la entonces secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Jane King, que su departamento transfiriera los 350.000 euros al Ibatur para que éste, a su vez, los abonara a Nimbus mediante el correspondiente patrocinio.

Los subordinados de Matas declararán como testigos

De esta forma, varios de los altos cargos que integraban el gabinete de Matas en la que fue su última legislatura deberán declarar como testigos durante estos días. Entre ellos, el exgerente del Ibatur Raimundo Alabern, quien al término de la instrucción presentó un escrito en el que puso de manifiesto, en contra de los alegatos del expresidente, lo siguiente: “Efectivamente, el convenio se tramitó muy rápido ya que por nuestra parte no hubo nada que decidir al haberse realizado en Presidencia la negociación sobre contenidos y precios, la decisión y el cierre del acuerdo”.

Las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos ocho años revelan cómo Nimbus, bajo el último mandato de Matas, resultó favorecida con numerosos contratos públicos adjudicados sin concurso y emitió --y cobró-- facturas falsas cuyos importes fueron inflados sin justificación alguna.

Es más, el extesorero del PP balear Fernando Areal --hermano de la mujer de Matas-- fue condenado en 2015 a un año y medio de cárcel tras reconocer que pagó en negro 71.958 euros a Nimbus por la organización de parte de la campaña electoral del partido de 2007. La Audiencia balear determinó además, en una contundente resolución, la existencia de pagos en b a los organizadores de las campañas del PP, también de 2003, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial de la formación.