El Ayuntamiento de Sant Adrià, bajo sospecha por el 'caso Marina'

Tras dos años de investigación, el ministerio público ha pisado el acelerador y, después de pedir la imputación del alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau (PSC), solicita ahora que la secretaría municipal remita con carácter de urgencia toda la documentación administrativa referente a las actividades de la empresa Gimesport SA, concesionaria de una macrodiscoteca en la fachada marítima que funcionó durante años sin los preceptivos permisos.

Petición de todos los expedientes

El fiscal pide “los expedientes en cuyo seno hayan sido otorgadas concesiones administrativas en relación con la finca objeto de autos". Pide, además, que la secretaría municipal aporte “el organigrama de los departamentos municipales encargados de la concesión de licencias urbanísticas  entre 2007 y 2017, así como los nombre de los inspectores municipales de obras”.

El fiscal que investiga el caso bajo la instrucción del juez número 2 de Badalona considera que “la instalación de la carpa (Carpes Ghoa Beach Club) en la zona conocida como Marina-Besòs precisaba de la obtención del permiso medioambiental y la de licencia urbanística y, además, precisaba del cambio de usos que pensaba desarrollarse en esa finca objeto de autos, siendo de destacar que la actividad de discoteca era incompatible con aquellos terrenos de titularidad pública”.

Con nombres y apellidos

La fiscalía, en un informe que acaba de ser presentado ante el juez, solicita información sobre el arquitecto municipal que supervisó la instalación de esta discoteca. Además, pide que se oficie al juzgado sobre si, en algún momento, “fue incoado expediente sancionador alguno o de protección de la legalidad a cualesquiera personas físicas o jurídicas en relación a la actividad sin licencia o bien por infracción de normas urbanísticas”.

Tal y como adelantó Crónica Global, el fiscal ha presentado un contundente informe ante el juez de Instrucción número 2 de Badalona en el que pide la imputación del actual alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, a quien considera presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por haber auspiciado el funcionamiento ilegal de esta discoteca en la fachada marítima de la población.

Alcalde imputado

Desde hace dos años, el juez que instruye el caso investiga por prevaricación a quien fuera alcalde en el momento en que se produjeron los hechos (años 2008-13), Jesús Canga. Ahora, y tras los últimos informe policiales incorporados en la causa, la fiscalía pide que se amplíe esta imputación a quien entonces fue concejal de urbanismo y actual alcalde, Joan Callau.

También pide la imputación de quien fuera secretario municipal, Josep Reverendo; del concejal de servicios técnicos, Ricardo Silvestre; de los técnicos municipales Enric Padrós y José Leal, y de los directivos de las empresas que gestionaron el centro lúdico que, durante esos años, funcionó sin permiso en Sant Adrià.