Barcelona se protege del ruido

Tráfico, vecinos, obras, actividades de ocio… Ruido y ciudad son conceptos generalmente vinculados, en especial en las grandes urbes. Los habitantes han aprendido a convivir con el fenómeno, pero, más allá de las molestias, la contaminación sonora puede llegar a provocar problemas de salud. Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente indica que 1.000 personas mueren al año en España por los ruidos causados por el tráfico.

Barcelona quiso establecer una protección en 2011, por lo que la entonces teniente de alcalde de Salud Pública y Medio Ambiente de la ciudad, Imma Mayol, lanzó una ordenanza del medio ambiente. Ésta regula la protección de la atmósfera, la contaminación térmica y las radiaciones, la gestión de las aguas, de residuos, los espacios verdes y la biodiversidad, el uso de energía solar y la contaminación acústica.

De aquel paquete, solo un punto está pendiente entrar en vigor: el aislamiento acústico en edificios de nueva construcción y rehabilitaciones integrales. La norma será de obligado cumplimiento a partir del viernes, 19 de mayo, y es la primera en una ciudad española que regula la insonorización de las viviendas.  

El sector se prepara

La propia ordenanza del consistorio establecía un periodo de adaptación de seis años, que ahora llega a su fin. A partir de esta fecha, todos los edificios que empiecen a construirse de cero o a reformarse de forma íntegra tendrán que contar con un mínimo de aislamiento para obtener la licencia de primera ocupación.

El sector de la construcción en la capital catalana se prepara para la aplicación de la última parte de la ordenanza de medio ambiente de 2011. Durante todo este tiempo, los profesionales de la construcción han podido “hacer pruebas y ensayar”, según Marc Torrent, director general de APCE, la asociación de promotores y constructores de Barcelona.

Menos actividad

Pero no ha sido así. Los promotores lo atribuyen a la falta de actividad en construcción, que no se prevé que se reactive en Barcelona de forma sólida debido a la falta de suelo edificable. La crisis económica todavía estaba presente cuando al ayuntamiento proyectó la normativa, y este ámbito es el que más sufrió. “Tenemos dudas de que el sector esté preparado”, asegura Torrent.

Los problemas que pueden presentarse son, según el director general de APCE, de ejecución: “Aunque el proyecto cumpla con la norma, las pruebas que se pueden hacer en laboratorios no siempre son suficientes”. Según la norma, si una de las viviendas no se adapta a los mínimos exigidos por el ayuntamiento, es todo el edificio el que no obtiene la licencia.

Los promotores destacan el sobrecoste que la regulación puede suponer para ellos. Si se detecta algún error en el aislamiento, el promotor es quien tiene que hacer las reparaciones necesarias y esto “compromete la entrega de todo el edificio”. Es esta demora que les preocupa.