¿Adiós a la Fiscalía Anticorrupción?

“La destitución de los fiscales Grinda y Bermejo no es un caso puntual. Es una maniobra más del poder político para desinflar la capacidad de pegada de una institución que, por diversos motivos, no resulta lo controlable que se desearía. Los que la crearon y la mantuvieron siempre de cara a la galería y siempre para lavar su imagen, se han dado cuenta de que ese organismo se ha transformado con el paso de los años en un enemigo del propio poder”. Así reflexiona sobre el jurista Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe anticorrupción, tras el relevo de los dos fiscales ocupados en la investigación del caso 3%.

Su tesis es compartida por otros relevantes miembros o antiguos integrantes del ministerio fiscal, que incluso van mas allá en su diagnósticos. Según las fuentes consultadas por Crónica Global, el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel María Moix, el fiscal general, Manuel Maza, y los gurús jurídico-judiciales del PP sospechaban que los irreductibles fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, podrían ser un impedimento en el caso de que la instrucción del caso 3%, a medio o largo plazo, pudiera ser moneda de cambio con el nacionalismo catalán en el marco de una eventual negociación para restablecer el entendimiento cordial entre España y Catalunya.

Manuel María Moix, fiscal jefe Anticorrupción en una imagen de archivo / CG

Esa posibilidad, según aseguran fuente directas de la fiscalía, está sobre la mesa. Y por si ese fuera un argumento insuficiente, tanto Moix como Maza tienen la certeza de que cualquiera de los dos ex fiscales del caso 3% no dudarían en invocar el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público en el hipotético caso de que, a estas alturas de la instrucción, algunas de las líneas de actuación propuestas por ellos fueran cuestionadas por sus jefes.

La sombra de Gordó

En ese sentido, sobre la mesa de Moix está el segundo informe incriminatorio contra el consejero catalán de Justicia y diputado de Junts pel Sí, Germà Gordó, implicado de forma directa en la financiación ilegal de CDC, según el criterio que sostienen los fiscales  salientes.

Ahora está por ver cuál será el recorrido de ese informe sin Grinda y Bermejo al frente de la investigación. “Si por el jefe Moix fuera, Gordó no declararía ni como testigo”, señalan algunas fuentes. “Estos fiscales tocaron hueso el pasado día 2 de febrero cuando entraron en la sede de la Autoridad Portuaria de Barcelona [registraron el despacho del presidente del puerto barcelonés, Sixte Cambra] y hurgaron en las obras de la plaza de las Glòries y procedieron a la detención de Cambra y de Antoni Vives [exalto cargo en el Ayuntamiento de Barcelona con CiU]”, relatan fuentes próximas a la instrucción del caso 3%. Ambos son dos protegidos de Gordó, según los datos e informes que obran en el sumario.

Germà Gordó, exgerente de CDC y exconsejero de Justicia con Artur Mas / EFE

El exconsejero, cómodo con el TSJC

Desde su entorno se señala que Germá Gordó es un político previsor y dispone de buena y directa información sobre el estado de la justicia y de sus distintos operadores judiciales (su esposa, Roser Bach, es magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial). “Convergencia hizo lo indecible frente a ERC para imponer a Gordó como diputado en la lista de Junts pel Si”, recuerdan desde la antigua CDC.

Según esa tesis, Gordó precisaba del escaño porque perseguía la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En medios políticos, judiciales y mediáticos se daba por hecho en aquellos momentos que se preparaba una tormenta sobre él mucho antes, incluso, del momento en que los fiscales y la Guardia Civil entraron en la oficinas del Clan Sumarroca, según han señalado a este medio fuentes de la formación independentista. Gordó fue gerente de CDC durante una larga etapa, aunque siempre se ha desvinculado de los manejos que su partido desarrolló para obtener financiación ilegal.

Josep Manel Bassols y Carles Puigdemont en el Camp Nou / CG

Gordó mantiene magníficas relaciones en el entorno empresarial, judicial y político catalán. Entre otros, con la magistrada Núria Bassols, esposa  del constructor imputado en el caso del 3% e íntimo amigo de Artur Mas y de Carles Puigdemont, Josep Manel Bassols.

Primeras, pero no únicas, cabezas de turco

“Grinda y Bermejo son dos de las muchas cabezas de turco que van a rodar”, afirman algunos de sus compañeros en la Fiscalía Anticorrupción. “Veremos como ahora empiezan a surgir muchos ‘obedientes preventivos’”, apunta un veterano fiscal, experto en delitos económicos y compañero de ambos durante años.

Atrás quedaron los días de Jiménez Villarejo o de Antonio Salinas frente a esta institución. Salinas, que el PP vio como un fiscal “balsámico” frente a la “efervescencia” del jubilado Villarejo, instó y apoyó con firmeza aunque desde su parsimoniosa forma de entender el oficio de fiscal, la investigación de las tramas Gürtel y Bárcenas, que cogieron al PP con el paso cambiado.

Errores que sólo se cometen una vez

A diferencia de la nota oficial con la que se comunicó el relevo de Grinda y Bermejo, diversos fiscales consultados por este medio tanto en Madrid como en Barcelona sostienen que Moix no ha venido a la jefatura de Anticorrupción para controlar a esos fiscales entregados a su cometido --garantes de la ley-- y, a veces, irreverentes. “Ha venido para descafeinar anticorrupción”, aseveran categóricos.

Pese a la discreción con la que se expresan (la fiscalía es una institución de fuerte carácter jerárquico), sostienen que el papel del nuevo jefe del área que debe luchar contra las prácticas irregulares y los procesos de corrupción es diferente. “Persiguen sentar las bases de los objetivos verdaderos de quienes medran, desde hace tiempo, para que esta fiscalía desaparezca y se funda en una difusa amalgama con la de la Audiencia Nacional”.

¿Y la corrupción en Catalunya?

Ésa es la panorámica global. En Catalunya la situación es, necesariamente, incierta. El peso de la Fiscalía Anticorrupción recae en el mediático jurista Emilio Sánchez Ulled, fiscal del caso 9N y del caso Palau. Ahora estará acompañado por Fernando Maldonado, el fiscal que sustituyó a Bermejo en Catalunya, y que es el representante de la fiscalía en el caso ITV en el que está imputado Oriol Pujol Ferrusola.

Oriol Pujol Ferrusola en su declaración en la Audiencia Nacional por la fortuna familiar en Andorra / EFE

Como adelantó este medio, Maldonado le ha ofrecido un pacto al hijo del expresidente para que su esposa no ingrese en prisión, si el matrimonio acepta y asume las acusaciones. El hasta hace pocos meses fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, se mostró radicalmente en contra de esa propuesta de acuerdo. Moix, sin embargo, no pondrá ninguna pega al mismo, según otras fuentes consultadas en la delegación barcelonesa del Ministerio Público.

La evolución y la orientación del caso 3% sin Grinda y Bermejo resulta una incógnita. Si bien es cierto que el juez José Bosch tiene bien apuntalada la instrucción que dirige desde el juzgado número 1 de El Vendrell. Por lo que se refiere a la eventual responsabilidad penal de Gordó, todo dependerá de la firmeza incriminatoria del nuevo fiscal, explican fuentes jurídicas conocedoras del caso.

Apoyo policial

Fuentes de la Guardia Civil, de los Mossos d’Esquadra y del Cuerpo Nacional de Policía se han mostrado sorprendidos y preocupados por lo que puede suponer el relevo de José Grinda y Fernando Bermejo. Ambos fiscales son dos profesionales muy apreciados entre los cuerpos de seguridad tras haber liderado desde territorio catalán algunas de las operaciones contra la delincuencia organizada rusa y georgiana más importantes que se han desarrollado jamás en el mundo, como por ejemplo, la operación “Mármol Rojo”, “Avispa” o “Troica”.

Desde entonces, ambos fiscales precisan de permanente escolta policial tras haber sido amenazados de muerte en diversas ocasiones. Entre el ámbito policial se muestra también sorpresa por el hecho de que el Fiscal General del Estado justificara el relevo para evitar el trasiego de viajes de ambos entre Barcelona y Madrid. “Es una justificación oficial que no se sostiene”, argumentan.