El TSJC trasladará a la juez casada con uno de los imputados en el ‘caso 3%’

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha movido ficha para trasladar a la juez Núria Bassols, la magistrada a la que Artur Mas fichó como comisionada de la Transparencia de la Generalitat y que está casada con uno de los empresarios detenidos en el caso 3%, Josep Maria Bassols. Dejará la sala del ámbito civil y penal y pasará a lo contencioso-administrativo.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudió la propuesta de la sala de gobierno del Alto Tribunal catalán el pasado miércoles. Bassols ha expresado su conformidad con el traslado, que se espera que se ejecute en las próximas fechas.

Veto de instrucción por su pasado

La magistrada próxima a CDC regresó a su plaza el año pasado. Tenía vetado instruir causas relacionadas con aforados por haber ocupado el cargo de comisionada de Transparencia en el Gobierno catalán.

Su fichaje por parte del Gobierno de Mas fue igual de polémico que su salida.

Se incorporó al Ejecutivo en 2013, semanas después de archivar como magistrada del TSJC la causa abierta contra el exdiputado de CiU Ferran Falcó. Estaba acusado por el caso Adigsa. Bassols ocupó inicialmente el cargo de responsable de política de Transparencia y en 2015 fue ascendida a comisionada.

Carta de su marido a Mas

Su marido, delegado en Cataluña de la empresa Oproler, ha sido detenido en dos ocasiones en los últimos años. Se le acusa de haber pagado comisiones al partido de Artur Mas a cambio de la adjudicación de obra pública.

La magistrada ha estado en todo momento en el punto de mira. Especialmente por la aparición de una carta del empresario al entonces presidente del Gobierno catalán en septiembre de 2011. En la misiva, le pedía que intercediera por él y por su mujer, aduciendo que la juez necesitaba un “impás temporal” de la plaza que ocupaba en el TSJC.

También le explicaba que el diputado de Junts pel Sí y el exconsejero de Justicia, Germá Gordó, le había dirigido a la antigua empresa de obra pública de la Generalitat, GISA, y a la Diputación de Barcelona. Eran las dos administraciones que le deberían buscar una salida laboral.

Imparcialidad puesta en duda

Por todo ello, la continuidad de Bassols en la sala de lo civil y penal estaba cuestionada. En su tribunal podrían recaer casos de corrupción que afectaran a políticos investigados tanto por los presuntos casos de corrupción que afectan a CDC como a los que han sido acusados por el proceso soberanista. Su imparcialidad ha sido puesta en duda.

La magistrada ha dirigido un escrito al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en el que acepta su adscripción temporal a la sala contencioso-administrativa durante un año. Ésta tiene cuatro plazas vacantes que no se han cubierto en los sucesivos concursos.