El bisturí de Ana Mato cumple cinco años oxidado

Además de por no enterarse de la procedencia del coche de gama alta que su marido aparcaba cada día junto al suyo, Ana Mato pasará a la historia por haber sido la ‘madre’ del decreto más impugnado de la democracia. Acumuló nada menos que 20 recursos ante el Tribunal Constitucional.

El famoso 16/2012 cumple el 24 de abril cinco años desde su nacimiento en el BOE. Pero la criatura ha crecido mal y deformada tras el rechazo de doce autonomías, de los colectivos médicos y de al menos los 873.000 inmigrantes que perdieron su tarjeta sanitaria.

La norma, improvisada y forzada por Bruselas para recortar el gasto sanitario, acabó con la universalidad sanitaria, introdujo el copago farmacéutico y modificó la cartera de servicios. Su principal logro ha sido el ahorro en farmacia de unos 12.000 millones de euros, según cuentas parciales del Ministerio de Sanidad y de la patronal Farmaindustria.

Sin evaluación oficial

Solo el PP, apoyado en parte por su mediosocio Cs, es partidario de mantenerlo como herramienta "para mejorar la gestión y cohesionar y evitar la quiebra del Sistema Nacional de Salud". El departamento que dirige Dolors Monserrat esgrime como principal saldo positivo la disminución de la deuda con la industria farmacéutica y tecnológica en 9.253 millones y la rebaja en más de un año en la demora de los pagos.

A falta de una evaluación oficial precisa, algunos expertos apuntan como grandes fuentes de ahorro el retraso de la entrada de fármacos innovadores y la desfinanciación de unos 400 medicamentos para síntomas menores.

Son más dudosos los ahorros por el copago a los jubilados (con topes de ocho, 18  y 60 euros mensuales en función de la renta) y el mal llamado turismo sanitario. Montoro lo cifró el coste de este último en 1.000 millones. Pero, según Médicos del Mundo, apenas un 3% de los inmigrantes irregulares en España requerían asistencia en otros países comunitarios y pasaban aquí la factura.

Galimatías y rebelión

El decreto ha sido “un auténtico galimatías”, lleno de vacíos legales, apuntan los economistas de la salud. Solo dejó claro un cambio de modelo y de concepto de asegurado, basado en la Seguridad Social. Junto a los sin papeles excluía de la asistencia, en forma de pérdida de la tarjeta sanitaria, a los parados de más de 26 años y divorciados y a los desempleados residentes fuera de España durante más de 90 días.

También dejaba fuera a los 'rentistas', personas que nunca han cotizado y tienen ingresos superiores a los 100.000 euros, pero que también pagan impuestos.

El "decretazo' desconcertó y sublevó de entrada a los ejecutivos de País Vasco, Andalucía y Cataluña. Otras nueve comunidades, algunas gobernadas por el PP, se han ido sumando a la insumisión y adoptado medidas para atender a todo el colectivo inmigrante y hacerse cargo de los copagos.

Judicialización sanitaria

Han sido cinco años de judicialización sanitaria. Y de malestar entre el colectivo médico, que ha alertado sobre  los peligros para la salud pública de la exclusión de los inmigrantes. Además, los facultativos se han visto en la disyuntiva de si debe primar el respeto a las normas o el deber ético de atención a todo paciente.

El 'decretazo' abría la puerta al copago en el transporte sanitario no urgente y al copago farmacéutico en hospitales. Tambien proyectaba una revisión de la cartera de servicios con 'cribados' de enfermedades, además de la desfinanciación de implantes o tratamientos de fertilidad a mujeres solas o lesbianas.

Pero se ha quedado en intentos fallidos, por la oposición de las autonomías, los informes del Consejo de Estado y del Defensor del Pueblo, y la llegada de elecciones municipales, autonómicas y generales.

Marcha atrás

El PP incluso dio marcha atrás, durante el mandato de Alfonso Alonso, en permanente campaña electoral. Por ejemplo, se olvidó de la creación de una gran central unificada de compras para todo el Sistema Nacional de Salud, que rechazan autonomías como Cataluña por considerarlo un intento de “centralización nacionalizadora”.

El ministro también admitió que los inmigrantes irregulares tuvieran acceso a la asistencia primaria. Intentó justificarlo como una medida para descongestionar los servicios de urgencia. E incluso les prometió asistencia plena si justificaban seis meses de empadronamiento.

El propio Rajoy ha frenado en seco otros desarrollos como el prometido por Mato, y planteado por Monserrat con polémica, de elevar el 'copago escalonado' a pensionistas con ingresos superiores a los 18.000 euros.

Constitucional, pero sin consenso

El decreto languidece, a pesar de que el TC ha zanjado en dos sentencias la legalidad de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular, al confirmar que deben recibir asistencia pero que ésta no tiene por qué ser gratuita.

“Ha sido un lustro de exclusión injustificada e injustificable”, denuncia Manuel Espinel, presidente de Médicos del Mundo. El decreto hoy carece de consenso social y político para un PP que no logra mayoría ni para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

“Mientras no se derogue, el pacto sanitario de Estado será imposible”, asegura José Martínez Olmos, uno de los portavoces en la materia del PSOE. Es el único partido en el que Rajoy podría apoyarse para mantenerlo con vida. Pero se ha unido al resto, con Podemos, confluencias y nacionalistas, en recientes iniciativas legislativas para apuntillarlo.