Cataluña registró un total de 53 denuncias de casos de discriminación al colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) en 2016. Lo explicaba este martes la directora general de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, tras entregar a la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, un informe sobre la implementación de la ley que trata de proteger los derechos de estos colectivos.

Mata sostenía que se está aplicando en todos los ámbitos, sobre todo en educación, salud y orden público, pero alertó de que donde peor se está haciendo es en los medios de comunicación. Como ejemplo, el caso del autobús de HazteOír.

El Gobierno de Carles Puigdemont cree que una plataforma así no ayuda nada en materia de igualdad de derechos reales, de la misma manera que tampoco lo hace magnificarla y apoyar su difusión a través de las redes, ya que a su entender se da una publicidad gratuita extraordinaria.

La educación, el foco

Para fomentar la diversidad sexual y de género, la Generalitat elaboró un plan interdepartamental de políticas LGTBI centrado, sobre todo en el ámbito educativo y que ya se está llevando a cabo.

Además de la revisión de los recursos existentes del tema, el departamento de Igualdad ha redactado una unidad didáctica de secundaria para trabajar la prevención de situaciones de odio y discriminación, especialmente entre adolescentes pero también en primaria.

Como método de prevención, también se ha centrado en la elaboración de material para trabajar la diversidad afectivo-sexual y la coeducación en los ciclos formativos.

Familias y profesores

Para afrontar los casos de violencia o discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, el Gobierno catalán se basó en crear una guía para las familias y promover, así, que éstas también formen parte del proyecto.

Centrado en apoyar a los profesores para que puedan afrontar situaciones concretas, se les ha dado “una formación específica en coeducación y en educación afectivo-sexual en los planes de formación para personal docente, servicios educativos y personal de enfermería del programa salud y escuela”, publica el departamento en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).