La batalla de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra los pisos turísticos ilegales no ha sido un modelo de referencia para Nuria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat.

La edil socialista de la segunda ciudad catalana ha rechazado, junto con el PP y CiU, la moción de regulación que presentó ERC de L’Hospitalet con el apoyo del resto de grupos. Lo curioso es que Marín pertenece al mismo partido que Jaume Collboni, que gobierna junto a BComú y con el que participó en la regulación de estas viviendas en Barcelona.

Migración de turistas

La campaña municipal de persecución a los propietarios de estos pisos, junto con la que invitaba a los vecinos a delatar a los que tuvieran cerca, ha provocado un nuevo fenómeno: la migración de los turistas a ciudades fronterizas. “Estamos acogiendo cosas que Barcelona expulsa y, si las expulsa, es porque no son buenas”, explica a Crónica Global la portavoz de Canviem L’Hospitalet, Ana González.

Collblanc-Torrassa es uno de los barrios más afectados. Por su cercanía al Camp Nou, por la parada de metro que tiene conexión directa con el aeropuerto de El Prat y por estar justo en la frontera con la Ciudad Condal. La Riera Blanca es la última calle de Barcelona y la primera de L’Hospitalet, de manera que solo una carretera las separa.

Problema incipiente

La moción de regulación alerta de la necesidad de dotarse de un modelo turístico sostenible y equilibrado. Explica también que la proliferación de estos pisos es todavía incipiente, con solo 176 viviendas registradas, un dato que no refleja la realidad dado que se desconoce el número de las que actúan sin licencia.

El partido republicano proponía elaborar esta regulación en un tiempo máximo de seis meses, además de incluir las medidas de detección, inspección y control del cumplimiento presencial y telemático de los requerimientos y condiciones establecidas legalmente.

Inmobiliarias, al acecho

También pedía el mantenimiento y actualización del censo, así como el establecimiento de las tasas municipales y sanciones correspondientes. El tercer punto de la propuesta se centraba en estudiar el mecanismo necesario para establecer una moratoria en la concesión de nuevas licencias de pisos hasta, como mínimo, y como se ha hecho en Barcelona, la entrada en vigor de la regulación.

Ninguna de estas medidas ha sido aceptada por el equipo de gobierno de Nuria Marín ya que, al menos de momento, no considera necesario que tenga que regularse. Mientras tanto, algunos vecinos de Collblanc-Torrassa ya han empezado a recibir llamadas de inmobiliarias para que entren en el negocio.