Nuevo frente en la enseñanza: las pymes del catering cargan contra el 'Govern'

La privatización de los comedores escolares catalanes ha generado una guerra judicial que dura años y que complica la vida, tanto a los padres de alumnos como a las pequeñas empresas de catering, relegadas por las grandes compañías en un sector que mueve hasta 200 millones de euros anuales. Los sindicatos de profesores niegan la mayor, es decir, la externalización de un servicio que debería ser público.

El último episodio de ese conflicto vuelve a estar protagonizado por la Asociación Catalana de Empresas de Ocio, Educación y Cultura (ACELLEC), que ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la resolución de la Consejería de Enseñanza que determina el precio máximo de la prestación del servicio escolar de comedor de los centros educativos públicos. La Justicia ha dado la razón a ACELLEC en anteriores ocasiones respecto a la inviabilidad de esos precios, que la Generalitat ha congelado desde 2010 y que están fijados en un máximo de 6’20€ por alumno/día en el caso de los comensales fijos, y 6’80€ en el caso de los comensales esporádicos. Un informe pericial encargado por el TSJC en procedimientos previos establece que, con esos precios, la prestación del servicio es económicamente inviable. Es decir, que el margen de beneficio --una vez pagados los costes del servicio-- es mínimo.

Esta situación da lugar a que las grandes compañías como Eurest, Sehrs o Serunion se lleven la mayor parte del pastel de los contratos de catering, aunque la calidad del servicio no sea siempre el adecuado. En este sentido, padres de alumnos han denunciado las "líneas frías" que ofrecen algunas de estas empresas, es decir, menús congelados que hay que pasar por el horno. ACELLEC reclama una mayor flexibilidad en los baremos, de forma que las escuelas, las asociaciones de padres y los consejos comarcales puedan adaptar los precios y las condiciones del servicio a la realidad de cada centro educativo.

Retrasos en los pagos

Sin embargo, “algunos consejos comarcales retienen el dinero que la Generalitat otorga en becas comedor hasta producirse retrasos de varios meses en el pago de esas cantidades, lo que crea una necesidad. La falta de liquidez y las prisas por resolver el problema propicia que grandes compañías accedan más fácilmente a los contratos”, explica a Crónica Global el portavoz nacional del sindicato de enseñanza USTEC, Ramon Font. Recuerda como “un gran escándalo” lo ocurrido en las comarcas del Maresme y del Vallès Oriental, donde el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público suspendió el acuerdo marco de comedores escolares aprobado por la Consejería de Enseñanza por entender que limitaba el acceso a las pequeñas empresas y no permitía a los centros participar en la valoración y elección de las empresas.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC) también impugnó el acuerdo, que afectaba a 200 centros, ante los indicios de que el volumen económico previsto, 50 millones de euros, abría la sospecha “sobre las motivaciones reales del mismo”. Una sospecha que la CUP centralizaba en la empresa Serhs, propiedad, con sede en Mataró. Esta compañía es propiedad de Ramon Bagó, prohombre convergente, exalcalde de Calella y exdirector de Turismo de la Generalitat, investigado por la contratación irregular de servicios para hospitales concertados, que finalmente fue exculpado.

Serhs y la empresa Eurest aparecen también en el escándalo destapado por el Diari de Girona, sobre el supuesto amaño en la adjudicación del servicio de comedores escolares en 2013 por parte del Consejo Comarcal de La Selva. Según un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera, la exconsejera Irene Rigau habría estado al corriente de esas irregularidades.

Serunión, por su parte, se vio involucrada meses atrás en la intoxicación de una sesentena de alumnos del Liceo Francés. El caso destapó denuncias de explotación laboral desveladas por este diario. Sin embargo, Font niega la mayor, es decir, que los comedores escolares estén privatizados. “Debería ser un derecho universal del sistema educativo público, es decir, gratuito, para evitar problemas de discriminación. No tiene sentido que haya un profesor sea empleado público y que los centros no tengan cocina propia”, explica.

USTEC tiene prevista una reunión el próximo martes con el director general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa de la Generalitat, Jordi Miró, para abordar este asunto.