Rigau, salpicada en un caso de presunta corrupción de CiU en Gerona

Nuevo dolor de cabeza para CiU en relación a un presunto caso de corrupción. A menos de 10 días de las elecciones del 24 de mayo. Y con un dirigente de peso del Gobierno de la Generalidad presuntamente salpicado en el caso: la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

Según informa Diari de Girona en diversos artículos entre ayer jueves y hoy viernes, a partir de un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), Rigau podría haber estado al corriente de presuntas irregularidades en la concesión del servicio de comedores escolares de la comarca de La Selva en 2013, y que su principal preocupación en el caso era que esta no perjudicara al presidente de la Generalidad, Artur Mas.

Según estas informaciones, el Consejo Comarcal de La Selva concedió el servicio de comedores escolares en 2013 a la empresa Eurest por un coste de 29,2 millones de euros, en un concurso presuntamente amañado, "hecho a medida". Los resuntos hechos los habría conocido el SVA a través de escuchas telefónicas, en el contexto de la investigación del caso Manga -ramificación catalana del caso Pokemon, una presunta trama de corrupción de origen gallego, especializada en adjudicaciones publicas-, y ya estarían en manos del juzgado que instruye el caso.

El nombre de Ramon Bagó, de por medio

Según cree el SVA, el entonces presidente del Consejo Comarcal de La Selva, el convergente Robert Fauria -que dimitió al ser imputado por el caso Manga en 2013- es quien habría encabezado el presunto caso de corrupción, pactando con Eurest un concurso "a medida". Además, y para disimular el presunto amaño, habría conseguido que participara también en el simulacro de concurso -sabiendo que ya estaba decidido- el Grupo Sehrs. Una empresa propiedad de un viejo conocido por otros escándalos de presunta corrupción en las comarcas del Maresme y La Selva: Ramon Bagó, ex presidente del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) y ex alcalde de Calella (Barcelona) y ex Director General de Turismo de la Generalitat por CiU.

Según esta información, la implicación de Rigau en el caso, que según el informe del SVA, y con "los datos y las pruebas disponibles" no es suficiente "para sostener una imputación penal", habría consistido en meter "prisa" a Fauria para que solucionara un conflicto con la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de un centro de la comarca en relación al comedor escolar, que se encontraba desbordado.

En una de las conversaciones entre ambos al respecto, Fauria le habría pedido a la consejera su apoyo para que la concesión del servicio no se fragmentara en lotes porque "hay intereses de empresas". La respuesta de Rigau habría sido recalcar que la consejería apoya "que no haya diversidad de proveedores". En cuanto al concurso, su preocupación habría sido más formal que otra cosa: que se pueda decir que "cumple con los precios" y que "el expediente de concesión es correcto".

Las dos preocupaciones de Rigau

Los hechos sucedieron en una época en que las deficiencias en los comedores escolares y con las becas de comedor eran uno de los principales temas de la actualidad política. Y, según esta información, Rigau estaba preocupada por el conflicto con los padres de alumnos por una razón doble.

Por una parte, la consejera no quería que la ciudadanía interpretara que la gestión del Consejo Comarcal encarecía el precio del servicio, al aplicar un canon sobre el mismo. Por otra, quería evitar que el asunto llegara al Parlamento autonómico -estaba a punto de celebrarse un Debate de Política General- y perjudicara políticamente a Mas.

Según otra de las informaciones de Diari de Girona, un ex alto cargo de la Generalidad en la época de los Gobiernos autonómicos de Jordi Pujol, Josep Maria Via, se ofreció a hacer de mediador para Eurest, para obtener el concurso presuntamente amañado.