Comín racanea dinero a un hospital que debe 35 millones

El consejero catalán de Salud, Toni Comín, trata de racanear dinero a un hospital que tiene una deuda acumulada de 35 millones de euros. El departamento presiona al Consorcio Sanitario de Terrassa (CST) para ahorrarse la amortización de tres máquinas de radioterapia que cuestan más de 30 millones. Los equipos tratarán a pacientes que enviará Salud al centro como parte de su plan de expulsión de clínicas concertadas.

"Sanidad pagaba una cantidad, digamos X, al Hospital General de Cataluña (HGC). Ahora busca pagar lo mismo al CST, aunque los equipos en este centro fueron adquiridos en 2014 y 2015. Hay que amortizarlos: el coste por paciente es mayor. La dirección lo sabe y se lo ha comunicado a la consejería, sin éxito", explican fuentes conocedoras de las negociaciones.

Expulsión de las concertadas

Las negociaciones no son sino los encuentros del equipo de Comín con el CST y la Corporación Parc Taulí de Sabadell. Las reuniones buscan encajar en la red pública a los pacientes y trabajadores de la Clínica del Vallés y Hospital General cuando los centros sean expulsados de la misma en agosto y diciembre.

"Todo está en marcha, pero falta cerrar flecos. Uno de ellos es la deuda histórica de Terrassa. Sanidad sabe que tiene que pagar la radioterapia al precio que amortice tres máquinas de aceleración, que son carísimas. Pero se resiste", agrega la misma fuente.

Preguntada sobre la cuestión, la Consejería de Sanidad no ha contestado a los requerimientos de este medio.

Una pieza clave

Las finanzas del Consorcio Sanitario de Terrassa son una cuestión central. El complejo médico es una de las dos instituciones públicas que recibirán actividad asistencial, quirúrgica y trabajadores cuando acaben las derivaciones a clínicas concertadas en el Vallés. La otra pieza es el Taulí de Sabadell.

Sin embargo, el balance anual del CST puede complicar la operación. El hospital, que utiliza a unas 160.000 personas en la conurbación de Barcelona, perdió casi 50 millones de presupuesto público en cuatro años, de 2010 a 2014, coincidiendo con los recortes en sanidad de CDC.

Ahora, el consorcio está lastrado por una deuda consolidada de 35 millones, y pide oxígeno a cambio de encajar el plan de Comín.