Rebelión contra Colau en la zona pija de Barcelona

No es frecuente ver movilizaciones callejeras en Sarrià, el barrio pudiente por excelencia de Barcelona. Pero el proyecto de instalación de una gasolinera low cost a menos de 40 metros de una escuela indigna a los vecinos de esta zona, que se manifiestan cada viernes para expresar su rechazo. El caso fue debatido la semana pasada en el pleno del distrito, donde se acordó seguir adelante con el proyecto, pero sometido a la participación de los afectados.

El ayuntamiento, gobernado por Ada Colau, avala la instalación de la estación de servicio porque los técnicos municipales han dado su aprobado. Los vecinos sospechan que hay motivos ocultos en esa autorización porque no entienden cómo un equipo de gobierno municipal de izquierdas comprometido con el fomento del transporte público permite que el solar situado en el número 11-13 de la calle Eduardo Conde se destine a esos usos.

Salud, seguridad

Sólo una casa unifamiliar separa estos terrenos, que ocupan una superficie de 450 metros cuadrados, del Colegio Sagrado Corazón. El director de este centro, el hermano Cristóbal María Calzado, explica a Crónica Global, que “cerca de 5.000 niños pasan cada día por esta zona. Rechazamos el proyecto porque supone un riesgo para la salud y pone en peligro a los alumnos. Se trata de una vía de alta densidad de tráfico, pues une la Ronda con la avenida Diagonal. Y ya se han producido atropellos”. Para otros vecinos, el motivo es económico, pues consideran que esas instalaciones devaluarán la zona.

Un total de 30 personas y entidades participan en la presentación de alegaciones contra de esta gasolinera, cuyo promotor es Jorge Raventós, administrador único de la empresa RQuer. Su idea es que la estación funcione como autoservicio, mientras que el consistorio afirma que habrá un empleado al frente de la misma.

Raventós asistió el miércoles pasado al pleno municipal, donde todos los partidos políticos, excepto Barcelona en Comú, pusieron objeciones, aunque hubo discrepancias en la forma. Finalmente, quedó aprobada una moción presentada por la concejala de Ciudadanos, Carina Mejías, favorable a abrir un proceso para que los vecinos puedan participar. Barcelona en Comú, ERC y PP se abstuvieron, mientras que Convergència votó a favor de la iniciativa.