Un frente autonómico desorganizado

El resultado del frente autonómico contra el decreto ha sido hasta ahora un amasijo de normas desiguales para dar la asistencia sanitaria. En unas comunidades piden tres meses de empadronamiento. En otras se exige la burocracia previa de que los servicios sociales analicen cada petición. En algunas se incluyen las recetas de medicamentos, en otras no, y también las hay que sólo lo hacen en caso de enfermedades crónicas, mentales o de riesgo para la salud pública.

“Debe haber equidad en todos los territorios”, ha reclamado el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín.

Un compromiso sin concreción

Primero Alonso y luego el propio Rajoy vienen insistiendo desde junio en que rectificarán la exclusión de la asistencia a los inmigrantes sin papeles (salvo menores, embarazadas y urgencias). Pero el compromiso, en año hiperelectoral, todavía no se ha concretado. Alonso está “completamente en contra” de que sean titulares de una tarjeta sanitaria, que "les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país".

La propuesta lanzada por Sanidad ofrece a estos inmigrantes acceder de manera gratuita a los centros de salud si llevaban empadronados en España al menos un año.

Un documento distinto

Con estos requisitos, las comunidades autónomas podrán emitir un documento con un código específico a las personas en situación irregular para poder acceder a la sanidad, pero nunca la tarjeta sanitaria del resto de ciudadanos españoles. El documento les permitiría tener la asistencia sanitaria primaria y quedaría a criterio del facultativo derivarles a un especialista. Además, el Estado sufragaría el 60% de los medicamentos, como al resto de usuarios.

Pero Alonso ha puesto como punto de partida la creación de un registro nacional de inmigrantes en esta situación, al que la mayoría de las comunidades se opondrán de plano. Este instrumento es, junto a la creación de una comisión, el más usado, según los politólogos, para dar largas y tratar de justificar que “estamos trabajando en ello”.

De hecho, y a modo de ejemplo, el Ministerio de Sanidad todavía no ha concluido el registro de médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud o que tienen potestad de prescribir. Fue anunciado por el ministro Bernat Soria en 2007.