Sánchez y el rompecabezas Maricarmen

El caso de la anciana María del Carmen Abascal, desahuciada de su casa en el barrio de El Retiro de Madrid, puede tener efectos de enorme calado en el mercado inmobiliario. El Gobierno de Pedro Sánchez busca el acuerdo de los socios de investidura para acometer la redacción y aprobación de un decreto que impida los desahucios y que prorrogue los contratos de alquiler para convertirlos en indefinidos.

Lo que no parece que vaya a cuajar de ningún modo es la pretensión de Podemos de expropiar todos los inmuebles pertenecientes a fondos buitre. Se trata de unas 650.000 viviendas localizadas principalmente en las ciudades más populosas.

La presión es máxima. La acampada en la puerta del Sol no sólo presiona a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno está en el punto de mira de los activistas de la vivienda, que parecen dispuestos a repetir el 15-M.

Pero no sólo hay cabreo en Madrid. Cataluña, por ejemplo, es pionera en la denuncia de los excesos inmobiliarios pues no en vano Barcelona es la zona cero de los experimentos tipo "coliving", de los alquileres sólo para expats capaces de pagar cualquier morterada por la experiencia (sol, sexo, botellón y mear en la calle), de los fondos desatados y de casos como el de la Casa Orsola, adquirida por el Ayuntamiento para evitar el masivo desalojo de sus inquilinos.

El Sindicat de Llogateres está en alerta y pretende amargar la visita este lunes de Pedro Sánchez a la capital de Cataluña.

"El Sindicato de Inquilinas de Barcelona llama a concentrarse el lunes durante una visita de Sánchez: “Si el decreto no incluye contratos indefinidos será una farsa”", advierte un titular de El País.

El texto es de Clara Blanchar: "El Sindicato de Inquilinas de Cataluña ha decidido no replicar en Barcelona la acampada de la puerta del Sol de Madrid por la vivienda pero sí convocar una concentración durante la visita del presidente Pedro Sánchez en la ciudad, este lunes por la tarde".

"Tras reunir la permanente del sindicato, su portavoz, Enric Aragonès ha asegurado que prefieren concentrar sus esfuerzos en protestar durante la visita de Sánchez para que el decreto que prevé aprobar el Ejecutivo incluya las prórrogas automáticas de contratos: que sean indefinidos".

Un par de párrafos después se describe lo que pretende este sindicato: "El Decreto Maricarmen que proponen tiene cinco puntos. Uno, medidas estructurales para impedir desahucios; dos, reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los alquileres de temporada y habitaciones; tres, congelación de los precios del alquiler; cuatro, aprobación de prórrogas efectivas; y cinco, renovación automática de contratos, para que sean, de facto, indefinidos. Los sindicatos piden a los partidos políticos que apoyen el texto y a los sindicatos CC OO y UGT convocar una huelga general por la vivienda y el coste de la vida si el decreto no prospera".

También se cuenta que "el Sindicato Socialista de Cataluña ha convocado una manifestación el próximo sábado 3 de octubre en Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad catalana tras Barcelona. En este municipio es donde hace una semana entidades sociales y vecinales denunciaron el caso de Olga, una vecina que se suicidó meses después de ser desahuciada".

La vivienda, ese gran reto que se marcan todos los políticos desde hace años sin ningún resultado concreto, es el tema principal de los medios. La imagen de una señora mayor expulsada de su casa parece haber colmado el vaso de la paciencia ciudadana. De ahí que el Gobierno se agite con el propósito de acordar un decreto que frene el malestar.

Dos medios coinciden en sus titulares, La Vanguardia y El Mundo. En ambos se utiliza la expresión "in extremis" para describir la peripecia gubernativa. In extremis, siempre sobre la campana, arrastrando el orto ante la enésima bola de partido.

"El Gobierno busca in extremis un encaje a Junts y Podemos en el decreto de vivienda", señala La Vanguardia.

El texto es de Fernando H. Valls: "El Gobierno está intentando cerrar, en una negociación in extremis, el real decreto ley de vivienda que prevé aprobar el próximo martes. Se trata de completar la cuadratura de un círculo que sigue siendo demasiado ovalado, pues en él están presentes posiciones divergentes e, incluso, en algunos aspectos antagónicas".

"“Estamos intentando buscar encaje a las exigencias de Junts y Podemos”, afirmó una fuente implicada en las conversaciones que engloban a todos los socios de investidura. El problema es que el tiempo apremia y el Ministerio de Vivienda tiene apenas 36 horas para cerrar un acuerdo que no puede ser de mínimos por la presión social derivada del desahucio de Maricarmen que ha cristalizado en la acampada en la Puerta del Sol de Madrid".

"Las negociaciones, lideradas por el equipo de Isabel Rodríguez, tienen que conciliar la protección a los pequeños propietarios de inmuebles, que reclama Junts, con la intervención del precio de los alquileres, que demanda Podemos. Entre medias se encuentran el resto de socios de investidura, desde el PNV a ERC o EH Bildu pasando por Sumar, que ya ha afirmado que no accederá al Consejo de Ministros si el paquete que el PSOE pone encima de la mesa no contiene medidas contundentes".

"Ha sido un fin de semana intenso de negociaciones. El objetivo es cerrar este lunes el real decreto ley que apruebe el Gobierno. Pero no está siendo sencillo porque llegar demasiado lejos con las medidas contra los propietarios de vivienda puede hacer que Junts y PNV salten del acuerdo. Y no ser demasiado ambiciosos, a su vez, puede provocar que el decreto nazca herido de muerte".

Y: "Uno de los aspectos más complejos de despejar afecta a la prórroga de los contratos de alquiler. Varios socios del PSOE, como ERC, reclaman una extensión extraordinaria de dos años de los arrendamientos lo que, en la práctica, supondría una congelación de precios. Vivienda está viendo fórmulas para no perjudicar a los pequeños propietarios de vivienda"-

Y ahora, la versión de El Mundo: "El Gobierno busca in extremis un decreto de "consenso" e incorpora propuestas de Junts".

La pieza viene con al firma de Víctor Mondelo: "El Gobierno intenta cerrar a contrarreloj un decreto de vivienda que pivote sobre las dos principales propuestas efectuadas por Junts para prestar su apoyo a la norma: la prohibición de los desahucios en propiedades de fondos buitre y las desgravaciones fiscales al alquiler y la compra".

"Según detallan fuentes conocedoras de la negociación a El Mundo, dichas propuestas gozan de «consenso» entre las diferentes fuerzas políticas implicadas, a pesar de las reticencias iniciales de ERC y Sumar a que la formación liderada por Carles Puigdemont capitalice el diseño de la respuesta legal a la crisis social desatada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años expulsada de su piso la pasada semana".

"Según relatan las mismas fuentes, el verso suelto en estos momentos es Podemos, que continúa empeñado en incluir en el decreto la expropiación de 650.000 viviendas de fondos buitre. Esa posibilidad no es contemplada por la formación que representa Míriam Nogueras en el Congreso, ni tampoco por otras fuerzas como el PNV, con lo que su inclusión dinamitaría la mayoría necesaria para convalidar el decreto en las Cortes Generales tras su aprobación inicial en el Consejo de Ministros".

Líneas después, Mondelo señala que "el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sigue siendo enormemente beligerante contra la posibilidad de que los neoconvergentes marquen el paso a Sánchez, pero ayer fue en cierto modo desautorizado por el presidente de su partido, Oriol Junqueras, que fijó la postura de los republicanos evitando cualquier mención a Junts o a sus medidas".

"Se basó Junqueras en exigir a Sánchez que ese decreto de consenso incluya límites a los alquileres de temporada y habitaciones, la suspensión de desalojos a personas vulnerables, el «fin de los privilegios de las sociedades de inversión» o una prórroga extraordinaria de dos años a los contratos de alquiler que venzan desde la entrada en vigor del decreto".

Y: "Por parte de Sumar, el último en posicionarse públicamente fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien el viernes abrió la puerta a debatir las medidas fiscales de Junts dada la «urgencia habitacional» actual. Lo hizo antes de que su formación amenazara a Sánchez con un nuevo plante en el Consejo de Ministros de mañana si no acude con un decreto con el respaldo necesario para ser convalidado".

El partido de Carles Puigdemont ha recobrado una cierta notoriedad con el estallido de la crisis de la vivienda. "Junts apoyará el decreto de vivienda si sirve para "parar los pies" a los fondos buitre", señala un titular de El Nacional.

Es decir, que el partido de los pequeños propietarios se alza cual David frente a los grandes propietarios.

La información es de Arnau Ruiz: "Junts está dispuesto a apoyar las medidas del Gobierno español en materia de vivienda si sirven para “parar los pies” a los fondos buitre, pero pone una línea roja: que la regulación no perjudique a los pequeños propietarios".

"El secretario general del partido, Jordi Turull, ha defendido una regulación “corta y contundente”, acompañada de incentivos fiscales y más seguridad jurídica para facilitar que más viviendas salgan al mercado de alquiler".

"Turull ha advertido que la formación no apoyará un paquete que agrupe medidas de naturaleza diferente o que, a su parecer, acaben penalizando a los propietarios particulares. “Si quieren mezclar cosas, no tendrán nuestro voto”, ha señalado desde Vitoria-Gasteiz, donde ha participado en el Alderdi Eguna del Partido Nacionalista Vasco. El dirigente de Junts ha reclamado a los partidos que hagan “un esfuerzo” y abandonen la “trinchera ideológica” para abordar el problema de la vivienda".

"Entre las propuestas que defiende Junts está combinar la regulación de los grandes tenedores con estímulos fiscales para los propietarios, los inquilinos y los jóvenes que quieren acceder a una vivienda. “Parar los pies a los fondos buitre no está reñido con proteger al pequeño propietario”, ha insistido Turull, que considera necesario dar garantías a los propietarios para que tengan más facilidades para poner los pisos de alquiler".

Y: "El secretario general de Junts también ha defendido que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad no recaiga económicamente sobre los propietarios. En los casos en que un inquilino no pueda asumir el pago por su situación económica, Turull plantea que sea el Estado quien compense al propietario. “No puede ser que acaben en situación de vulnerabilidad los propietarios, que en algunos casos tienen que pagar la hipoteca”, ha afirmado".

Cambio de tercio. Del tema de estos días, al tema del mes que viene, el regreso de Puigdemont.

"El Supremo aplicará de inmediato la amnistía, precipitará el regreso de Puigdemont y la rehabilitación de todos los condenados por el 'procés'", apunta un titular de El Confidencial.

En la entradilla se cuenta que "La Sala Segunda no acudirá a la justicia europea, lo que hace inmediato el regreso a España del expresidente de la Generalitat; tanto Turull como Junqueras podrán acceder a cargos públicos y se cancelarán todos los antecedentes penales".

La información es del exdirector de El Correo y del Abc José Antonio Zarzalejos y arranca así: "El próximo 6 de octubre, según el calendario que anunció el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en una insólita entrevista en RNE el 31 de agosto pasado, el órgano de garantías dictará sentencia amparando a Jordi Turull".

"Como consecuencia, dejará sin efecto el auto de la Sala Segunda del Supremo de 1 de julio de 2024 que argumentaba que el delito de malversación no quedaba beneficiado por la ley de amnistía de 10 de junio de 2024".

"La resolución del Constitucional se aprobará por la llamada mayoría progresista de magistrados, siete, pero con el voto particular contrario de los cinco denominados 'conservadores', salvo que se acepte la nueva ponencia del magistrado 'conservador' Mario Macias, favorable a la amnistía de la malversación pero con un texto respetuoso con el Tribunal Supremo. En ese caso, la sentencia podría ser unánime".

"Una vez se notifique la resolución del TC a la Sala Penal del Supremo, y según fuentes de toda solvencia consultadas por El Confidencial, dictará un auto por el que se aplicará la amnistía, y por lo tanto el archivo de la ejecutoria de la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019, pero no solo respecto de Jordi Turull, sino además, de los demás condenados por malversación, es decir, Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva, quienes también han interpuesto recurso de amparo".

"Por lo que respecta a Carles Puigdemont, a quien el magistrado Pablo Llarena procesó por ese delito, las mismas fuentes adelantan que el instructor dejará sin efecto la orden de detención y dictará un auto del cierre del procedimiento".

"Sin embargo, a Llarena no le corresponde acordar el sobreseimiento libre para el expresidente de la Generalitat de Cataluña. El magistrado deberá elevar a la Sala la anulación de la medida cautelar y la revocación del procesamiento. Será la Sala la que dicte un auto, también de forma inmediata, que sobreseerá la causa".

Y: "El efecto inmediato será que Carles Puigdemont podrá regresar libremente a España sin restricción jurídica ni política. (...) La Sala Segunda del Supremo descarta, por lo tanto, plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por exceso de jurisdicción del Constitucional, aunque es muy probable que lo denuncie en el auto que aplique la amnistía".

28 de septiembre, día internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, día mundial de las Noticias, día mundial Contra la Rabia, día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro y día internacional del Síndrome Arnold Chiari.

Santoral: Anemundo de Lyon, Caritón de Laura, Wenceslao de Bohemia, Lorenzo Ruiz y compañeros, Exuperio de Tolouse, Fausto de Riez, Leoba de Maguncia, Zama de Bolonia, Eustoquio de Belén, Salonio de Ginebra y Simón de Rojas.