Sede de la DGAIA en Barcelona

Sede de la DGAIA en Barcelona Europa Press

Primeras planas

Los "pagos indebidos" de ERC y 40 amnistiados

Los medios recogen un nuevo informe de la Sindicatura de Comptes sobre el área de Derechos Sociales que detecta 168 millones en pagos fraudulentos. Restricciones de los móviles en la escuela

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ERC, el partido de los santos en vida, de los que nunca han metido la mano en la caja, de los puros, todos seres de luz guiados por los más nobles instintos, profetas de la concordia y paladines del bienestar. Esa es la idílica imagen que aún pretende proyectar el partido de las campañas de falsa de bandera.

¿Falsa bandera? Una pijada al lado del fraude masivo y descontrolado en el pago de prestaciones sociales, un desastre sin paliativos, un caos inconcebible, una montonera de jetas o incapaces, cuando no ambas cosas a la vez, saqueando fondos públicos para repartirlos mal en el mejor de los casos.

Los Junqueras, Rufián, Capella, Alamany, Amorós, Calvo y El Homrani, entre otros, seguirán dando charlas sobre gestión "sostenible" con la cabeza bien alta, como si no se hubieran cometido las tropelías que afloran en los informes de las Sindicaturas de Comptes y de Greuges. Pedir perdón no es una opción.

Inapelable titular de El Confidencial: "Fraude de 168 millones en las prestaciones sociales de Cataluña bajo el mandato de ERC".

Escribe Antonio Fernández: "La gestión de los fondos sociales catalanes es un auténtico desastre. La Sindicatura de Cuentas ha detectado 168 millones de euros en pagos fraudulentos de prestaciones sociales a cargo del Departamento de Derechos Sociales entre 2016 y 2024, bajo el mandato de ERC, según refleja el informe 6/2025". 

"Los responsables de la Generalitat siempre situaron este tema como una de sus principales reivindicaciones ante el Gobierno central, pero el análisis deja al descubierto ahora la falta de control de la Administración autonómica con Pere Aragonès al frente".

"El informe hace referencia a las prestaciones de derecho subjetivo pagadas y es muy contundente con los poderes públicos. “La falta de un seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones ha provocado la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos -167,56 millones de euros en el periodo 2016-2024, según el Departamento de Derechos Sociales- para un aparte de los cuales ha prescrito la posibilidad de tramitar su reintegro”, dice el texto". 

La 'consellera' de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, comparece ante el Parlament, tras el conocerse de la menor en guarda de la DGAIA violada y prostituida por una red de pederastia

La 'consellera' de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, comparece ante el Parlament, tras el conocerse de la menor en guarda de la DGAIA violada y prostituida por una red de pederastia David Zorrakino Europa Press

"Del monto citado, 155,97 millones están en trámite de reclamación, aunque algunas de las liquidaciones, que ascienden a 7,17 millones, han prescrito". Sigue Fernández: "El mayor nicho de fraude se contiene en las prestaciones de dependencia. En ese segmento, hay 196.556 expedientes en cuestión, cuyo monto total asciende a 70,6 millones de euros, pero de los que 4 millones ya han prescrito.

También es importante el de las pensiones no contributivas. De estas, se han detectado en Cataluña 15.281 expedientes fraudulentos, con los que se repartieron casi 43,8 millones de euros indebidamente".

"También representan un buen pellizco 4.551 expedientes de la renta garantizada de ciudadanía, por valor de 36,1 millones de euros. El informe advierte, no obstante, que estas cifras deben revisarse al alza, puesto que “no incluye posibles importes correspondientes a 32.647 expedientes más que faltan por analizar”. También hay 324 con “posibles prescripciones por pagos vinculados a esta prestación por un importe de 1,75 millones pendientes de citar la resolución administrativa correspondiente”".

"Algunos de los pagos ya fueron detectados el año pasado, hasta el punto de que la Síndica de Greuges (Defensora del Pueblo de Cataluña), Esther Giménez-Salinas, emitió un informe en octubre reclamando que el Gobierno catalán desistiese de las reclamaciones de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) cuando el error fuese administrativo". 

"En 2024, el Ejecutivo envió cartas a 12.500 titulares de la RGC y a 2.829 de ellos les reclamaba devolución de importes cobrados indebidamente a una media de 7.757 euros por cada titular, lo que hacía ascender el monto de la reclamación a casi 22 millones de euros".

"El escrito detalla 8.867 complementos de pensión no contributiva falsos por casi 14 millones de euros, 408 expedientes de prestación para las necesidades básicas que no eran legales y que ascienden a casi 1,2 millones de euros. También se ha descubierto 252 casos de cobros de pensiones por cónyuges que habían declarado el fallecimiento sin haberse producido. Esos casos, no obstante, representan sólo 13.078 euros".

Y: "No se salvan del fraude las pensiones a menores tutelados o extutelados. Varias instituciones catalanas investigan en la actualidad el pago de plazas fantasma (por cada menor extutelado se están pagando en la actualidad casi 6.000 euros mensuales a fundaciones o empresas intermediarias). Aunque el informe no entra en detalles, recoge las macrocifras supuestamente malgastadas en la gestión del cuidado de los jóvenes tutelados".

La información continúa con más extremos delirantes sobre las actividades de la infausta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), su preferencia por fundaciones vinculadas a militantes de ERC. La Sindicatura de Comptes advierte además que de los hechos analizados se infieren posibles responsabilidades judiciales.

Todo eso trasciende el mismo día en el que la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, desmonta las sicalípticas explicaciones de los responsables de que a una niña de 13 años acogida por la Generalidad la violara y prostituyera una red de pederastas.

Martínez Bravo dijo, en síntesis, en comisión parlamentaria que se actuó tarde, que se actuó mal y que el sistema falló a la víctima de un modo lacerante.

También habló la consejera sobre el informe de las prestaciones indebidas. Sostiene que es tal el grado de burocracia y dispersión que es muy difícil evitar el caos. Martínez Bravo se muestra muy contenida para no deteriorar las relaciones del Govern con ERC. 

En La Vanguardia y respecto al mismo tema del descontrol en las prestaciones apuntan a estos cuatro nombres, los cuatro consejeros que gestionaban (una manera de hablar) los fondos sociales: Dolors Bassa (ERC), Chakir El Homrani (ERC), Violant Cervera (Junts) y Carles Campuzano (ERC cuando fue consejero, Junts hasta ser consejero).

Que nadie se alarme. No tendrán que asumir ninguna responsabilidad y cuidado que no les acaben montando un homenaje de desagravio. En cuanto a la variedad de aplicaciones para gestionar las ayudas y la imposibilidad material de llevar a cabo un control y seguimiento, pues eso, que en tiempos de inteligencia artificial la administración va a pedales. 

Más historias. No todo son malas noticias para los altos cargos del independentismo, consejeras, directores generales, secretarios y demás mandamases procesistas. "La Audiencia de Barcelona amnistía cerca de 40 cargos del Govern de Puigdemont procesados por organizar el 1-O", señala El País.

Portada El País

Portada El País

De todos los investigados sólo dos se quedan fuera de la amnistía, los exjefes del Diplocat Rosa Clavell y Albert Royo, por un asunto de trocear contratos en la contrata de la limpieza y en una asesoría, cuestiones ajenas a la causa. Trocear contratos. ¿Les suena?

El texto viene con la firma de Dani Cordero y Agencias: "La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los cerca de 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O, así como al exconseller de Exteriores Raül Romeva en la causa en que estaba investigado por la promoción exterior del procés". 

"“Debemos declarar amnistiables todos los delitos por los que se ha seguido esta causa en relación a los procesados”, recoge la sentencia, incluido el de malversación de caudales públicos, al que se opone el Tribunal Supremo. De los procesados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, solo quedan fuera de la amnistía Rosa Clavell y Albert Royo, ex secretarios generales del consorcio público-privado Diplocat, pendientes de la resolución de una pieza separada".

"En un auto avanzado por Efe y al que ha tenido acceso este diario, la sección 21ª acuerda aplicar la amnistía a todos los investigados, tal y como solicitó la Fiscalía, y revoca la resolución de la juez instructora que acordaba dejarlos a un paso de juicio por su papel en la planificación del referéndum unilateral del 1-O".

Sigue la nota: "Entre los beneficiarios de la medida solicitada por la Fiscalía se encuentran la expresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales Marta Llorach y los exdirectores de la televisión pública TV3 Vicent Sanchis y de la radio autonómica Catalunya Ràdio Saül Gordillo".

"Además, entre los miembros del sottogoverno del Gobierno catalán se encuentran el exdirector de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj y la exinterventora de la Generalitat, Rosa Vidal, entre muchos otros, como Jaume Clotet, Josep Ginesta o Francesc Sutrias".

"El fallo no ve dudas en la aplicación de la Ley de Amnistía, dado que “todas y cada una de las actuaciones que conforman la base indiciaria” atribuida a los procesados e investigados “estaban dirigidas y orientadas a la consecución del proyecto independentista” y a la celebración del referéndum independentista que se acabó celebrando el 1 de octubre de 2017". 

Y: "Esa convocatoria “fue el punto final o la consumación de todo un proceso” iniciado, según la Audiencia, en marzo de 2015, con una hoja de ruta consensuada entre Convergència, ERC y las instituciones Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana y la Asociación de Municipios para la independencia, pero con una actuación desde el Gobierno catalán y la Generalitat".

¿La ANC una institución? Bueno, si la Dirección General de la Infancia es lo que es, la ANC puede ser lo que quiera. Enhorabuena a los afortunados.

Cambio de tercio. Aeropuerto. "Illa se abre a «mecanismos» para que la Generalitat participe en el Aeropuerto de Barcelona", señala un titular del Abc.

Del texto de Àlex Gubern: "Una vez desencallado el acuerdo técnico entre la Generalitat y AENA para sacar adelante el proyecto de ampliación del Aeropuerto de El Prat, el presidente Salvador Illa se dispone a contentar a sus socios de ERC, que no apoyan el plan y sí exigen en cambio que el Govern tenga voz y voto en la gestión del aeródromo".

"Aunque ni el voto de ERC ni el de los Comunes es necesario para sacar adelante la ampliación del aeropuerto, las estrecheces parlamentarias del ejecutivo de Illa hacen que tampoco se pueda menospreciar su posición. En este sentido, el presidente de la Generalitat se ha mostrado este miércoles partidario de buscar mecanismos para que la Generalitat participe en la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona: «Naturalmente que me gustaría que pudiéramos buscar mecanismos en los que podamos tener un seguimiento más minucioso de esta infraestructura»".

Sociedad. Segundo día del examen de Selectividad. Los alumnos resoplan aliviados tras la primera jornada. Esperaban una prueba más dura. Que no ha sido para tanto, dicen. Les han pedido que definan el principio filosófico de la incertidumbre. Tiene pinta de que va salir una generación preparadísima.

En el ámbito educativo se avecinan novedades relacionadas con los teléfonos móviles. "Illa avanza que habrá “más medidas restrictivas” para los móviles en el próximo curso escolar", señala un titular de La Vanguardia.

Portada de La Vanguardia

Portada de La Vanguardia

La pieza es de Carina Farreras: "El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado este miércoles que el Govern tomará medidas “en la línea de restringir más” los móviles en las aulas de enseñanza primaria y secundaria, es decir, en toda la etapa obligatoria".

"En una entrevista en Rac1 Illa no ha especificado más su afirmación, aunque sí ha señalado que “el viernes la consellera comunicará medidas en este sentido, fruto de un trabajo realizado con expertos, e irán en la línea de restringir más”. El presidente ha añadido que de pedirle la opinión personal él es “más de libro que de pantalla”, “más de papel y lápiz que de teclado”. Y apuntó que escribir a mano va bien para la gimnasia mental en un periodo de formación".

"En estos momentos, los smartphones están prohibidos en primaria (6 a 12 años) y limitados en la etapa de secundaria (12 a 16 años). Sólo si los profesores lo indican para fines educativos puede usarse en la ESO pero se parte de la asunción de que el uso de los móviles en secundaria debe ser “el mínimo posible”".

"Si Illa anuncia “más restricciones” cabe pensar en la prohibición total del móvil, eliminado incluso esta posibilidad, o bien, la limitación de los ordenadores y tabletas".

Y: "El próximo viernes, el Departament d'Educació i FP, que dirige Esther Niubó, presentará el informe encargado a los expertos (con 50 miembros procedentes de asociaciones) sobre el uso de las pantallas en las escuelas e institutos. Asimismo, se dará a conocer el resultado de una encuesta a miles de profesores sobre este mismo tema".

Pues quedamos a la espera.

12 de junio, día mundial contra el trabajo infantil. Santoral: Onofre de Egipto, Aleyois virgen, Plácido de Ocra, Odulfo de Utrecht, León III papa, Gaspar Bertoni, Esquilo, Basílides mártir, Juan de Sagahún, Anfión de Nicomedia y Olimpio de Tracia.