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Cementos Molins regresa a Barcelona. Es la primera cotizada que salió de Cataluña en 2017 que vuelve. Señal de confianza en las expectativas jurídicas, sociales, políticas y económicas de un territorio zarandeado durante más de una década por el viaje a Ítaca.

El regreso ha sido recibido con enorme satisfacción en la Generalitat y en Fomento del Trabajo. Se interpreta como un brote verde, una luz al final del túnel de las catástrofes económicas auspiciadas por Mas, Puigdemont, Junqueras, Torra y Aragonès.

Poco a poco comienzan a revertirse los efectos del "Procés". A paso de tortuga, pero firme, sin vacilaciones. No es fácil abandonar las seguridades de la Castellana de Madrid en favor de una nueva apuesta por la economía catalana tras el fin de ciclo de los gobiernos independentistas.

El retorno expresa con crudeza el hondo impacto de la política en la actividad económica. Aún resuenan aquellas palabras de Mas en compañía de Carme Forcadell sobre el "paraíso económico" del Estado catalán en el que los bancos, lejos de abandonar el barco, acudirían en masa a la república que estaba en ciernes. Un as, Mas.

Pero en ese titular del regreso hay mucho más de lo que se ve a simple vista. "Cementos Molins interrumpe su guerra interna y devuelve la sede a Cataluña", destaca este medio, Crónica Global.

En el sumario se explica que "El consejo de administración de la compañía resuelve sus diferencias temporalmente y aprueba el cambio de domicilio social de Madrid a Sant Vicenç dels Horts"

Escribe Aleix Ramírez: "Cementos Molins ha pausado su permanente guerra interna y ha dado a conocer que volverá a ubicar su domicilio social en Cataluña, ocho años después de dejar la comunidad autónoma por el procés".

Líneas después se señala que "la nota al supervisor destaca que el movimiento se ha tomado por "unanimidad". Si ha sido así, es una inusual pausa en la pugna interna en la firma cementera por la ubicación de su sede social".

Sigue Ramírez: "Cuando se tomó la decisión de resguardarse de la zozobra del procés, la fuga a Madrid provocó un cisma entre las diferentes ramas de la familia Molins, dueñas de la enseña. Los Molins Amat (32%), los Molins López Rodó (32%) y los Molins Gil (24%) se reparten el 89% de la sociedad casi a partes iguales. Los Molins Amat, en la presidencia, siempre se mostraron en contra de estar en Madrid y pidieron en seguida retornar a Cataluña. Pero representantes de otras ramas discreparon, atendiendo la inseguridad jurídica causada por el 1-O, y ante la incertidumbre del llamado posprocés".

Y: "De hecho, la compañía dio la oportunidad a los accionistas de pronunciarse al respecto en 2019, dos años después de la marcha, y la mayoría rechazó el regreso a Cataluña, acrecentando las divisiones familiares. Es más, los Molins Amat llevaron esta situación ante el juez, que en 2022 falló a favor del traslado a Madrid por ser "legal". Ahora, las tres ramas han aparcado sus diferencias para volver a casa".

La cifra más o menos consensuada es que unas 4.500 empresas abandonaron Cataluña gracias a las deambulaciones psicotrópicas de los líderes de la asonada. Y recuperar todo ese tejido empresarial no es fácil.

"Los empresarios catalanes reclaman seguridad jurídica y menos impuestos para que las ‘Ibex’ sigan a Cementos Molins", destaca otro titular de Crónica Global.

La pieza es Raúl Pozo, quien escribe que "los primeros regresos de empresas a Cataluña tras la fuga masiva iniciada a finales de 2017 como consecuencia del procés se han visto coronados con el protagonizado por una compañía de gran tamaño como Cementos Molins".

Sigue el texto: "Un movimiento que hace albergar esperanzas sobre el próximo retorno de las corporaciones que encabezaron la huida, muchas de ellas incluidas en el selecto grupo del Ibex 35. Una posibilidad que, sin embargo, no será nada sencilla. Y, a corto y medio plazo, prácticamente imposible. El empresariado catalán no deja de ver en el escenario elementos que considera incompatibles con una eventual vuelta a las sedes sociales que las grandes corporaciones tenían en Cataluña hasta aquel momento".

Y: "Entre estos obstáculos, dos son los más señalados desde los círculos empresariales influyentes: el déficit de seguridad jurídica y una cada vez más asfixiante presión fiscal. Fuentes de Foment del Treball, la gran patronal catalana, consideran determinantes ambas cuestiones para explicar por qué el regreso de las compañías que forman parte del Ibex 35 no está ni siquiera planteado en estos momentos en los respectivos consejos de administración".

Tiempo al tiempo. Más economía. "Oscar Pierre, jefe de Glovo, defiende ante el juez el modelo de autónomos pese al anuncio de regularización", apunta otro titular de El País.

La nota viene con la firma de Josep Catà Figuls: "A Oscar Pierre, consejero delegado de Glovo y uno de los fundadores de la compañía de reparto a domicilio, le han bastado apenas 15 minutos para defenderse en la causa penal en la que, en fase de instrucción, se le está investigando a instancias de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito contra los trabajadores".

Sigue la pieza: "Pierre ha defendido que el modelo laboral de Glovo, basado en la contratación de los repartidores como autónomos, es correcto y se ha ido adaptando a la normativa, en especial después del pronunciamiento del Tribunal Supremo, aunque la Inspección de Trabajo y la Fiscalía consideran que se trata de un modelo fraudulento que usa a falsos autónomos y que no cumple con la Ley Rider, según explican fuentes jurídicas".

Y: "La sesión se produce un día después de que Glovo anunciase que abandona precisamente este modelo de autónomos y que contratará a sus repartidores. Según las mismas fuentes, Pierre ha admitido que este movimiento, un día antes de la declaración, puede parecer una estrategia de defensa, pero ha asegurado que es casualidad que el Consejo de Administración haya tomado esta decisión ahora. Según ha explicado, se debe a su voluntad de que haya “paz social”".

Líneas después Catà Figuls apunta que "el cambio de rumbo se da no solo en plena investigación penal contra el modelo laboral que ha ido defendiendo la compañía, sino tras multitud de sentencias en contra; sanciones que elevan a 267 millones de euros lo que Glovo debe a la Seguridad Social en cotizaciones impagadas; un pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2020; y la aprobación de la Ley Rider al año siguiente".

Y: "Según Glovo, esta regularización afectará a todos los verticales de la empresa en las 900 ciudades en las que opera, y en España tendrá un impacto sobre unos 15.000 repartidores. La cifra real de trabajadores, sin embargo, puede ser mucho más alta, puesto que la práctica más extendida es realquilar la cuenta para trabajar en la plataforma. Según el Ministerio de Trabajo, el anuncio de Glovo implicará la regularización de más de 60.000 repartidores que han trabajado para la empresa en algún momento desde 2021".

La idea sería "no discutir" con las administraciones, cuenta también la crónica.

Política. "El PSC rompe la paz socialista tres días después y los críticos avisan: 'El tema del cupo catalán es partida terminada, game over'", advierte un titular de El Mundo.

A modo de subtítulo, esta frase: "La Generalitat se desentiende del acuerdo del PSOE para dejar fuera de su ideario el pacto fiscal con ERC que según Page evita 'vías de agua al sistema de financiación y a la igualdad'".

El texto es de Marta Belver y Gerard Melgar: "Menos de 72 horas ha durado el armisticio sellado por los socialistas respecto a la financiación autonómica. (...) La Generalitat de Cataluña se desentendió este martes del acuerdo suscrito el sábado en el Congreso Federal del PSOE que dejó fuera del ideario político del partido el pacto fiscal alcanzado entre el PSC -con el visto bueno de Ferraz- y ERC a cambio de los votos de los independentistas a la investidura de Salvador Illa".

Continúa el texto: ""Ni se imaginan lo importante que es haber desechado la ordinalidad como concepto", se había felicitado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras el consenso alcanzado con varios barones territoriales para que en la redacción final del texto que marcará la pauta ideológica de los socialistas durante los próximos cuatro años quedara excluido".

Y: ""Por esa puerta se podrían haber abierto muchas vías de agua al sistema de financiación y al código de derechos y de igualdad de este país", agregó sobre las implicaciones de la reclamación de los independentistas para garantizar que las comunidades mantienen su posición en el ranking de generación de riqueza una vez se ha producido la redistribución de recursos".

Pues bien, en la misma nota se dice que "sin embargo, la portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, afirmó este martes que "el principio de ordinalidad y el de solidaridad deben ir unidos al nuevo sistema de financiación singular de Cataluña". En este sentido, el Ejecutivo de Illa garantizó que "el marco de juego" para el diseño de ese nuevo modelo "es claramente el acuerdo de investidura" suscrito con ERC en julio".

Para que no haya dudas, el principio de ordinalidad es el que predica de la relación financiera entre comunidades autónomas, en virtud del cual una comunidad autónoma no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación entre comunidades.

La crónica recoge también las impresiones de los críticos con el acuerdo de investidura de Illa: "En el sector socialista crítico con la soberanía fiscal plena incluida en ese pacto alcanzado de forma bilateral, que implicaría la salida del régimen común de la tercera comunidad que más aporta después de Madrid y Baleares, consideran que el PSC está tratando lanzar ahora "un órdago a la grande" tras haber hecho "mus a la chica" en la negociación del sábado durante la reunión del máximo órgano del partido, dando a entender que se mantuvieron de perfil durante el debate. "El tema del cupo catalán es una partida terminada, game over", advierten".

En aquella sesión del cónclave sevillano y según escriben Belver y Melgar, "el PSC, que es un partido federado al PSOE, no lideró ninguna propuesta sobre financiación durante el debate de la ponencia marco, en el que su delegación participó con voz y voto. Aunque su situación orgánica es distinta a la del resto de territorios, las fuentes consultadas por este periódico señalan que está "concernido" a acatar lo que se decide por la mayoría, además de que, en esta cuestión, quien tendrá la última palabra es el Gobierno central".

Más política. "Junts negocia sus «cartas» con el PSOE en el impás de ERC", cuenta La Razón. La pieza es de Toni Bolaño y arranca así: "La victoria pírrica de Oriol Junqueras en ERC ha dejado a la política española y catalana en «standby» porque el partido republicano sigue sin un jefe de filas. De hecho, en el entorno de Junqueras consideran que en esta segunda vuelta se impondrá, pero son conscientes de que el resultado «ha mostrado la debilidad de Oriol ante la fortaleza de Puigdemont, de Pedro Sánchez y, sobre todo, de Salvador Illa»".

Líneas después Bolaño escribe que "en el PSC se mantiene un escrupuloso silencio sobre lo que sucede en ERC, pero «no tenga dudas, Salvador quiere que gane Junqueras aunque sabe que es un hombre difícil». De hecho, en Esquerra se afirma que Junqueras está todavía dolido con Illa –y con Miquel Iceta– por el nulo apoyo que estos expresaron cuando estuvo en la cárcel después de los hechos de 2017".

En cuanto a los de Puigdemont, la pieza señala que "Junts, por su parte, va a la suya. Las negociaciones con el Gobierno son fluidas en materia de inmigración y en traspasos para la Generalitat. Para el Gobierno catalán, «los ataques del PP cohesionan a los socios» y sobre los acuerdos financieros y económicos un alto cargo del Govern decía «ellos que negocien, nosotros haremos caja»".

Y: "En la Plaza de Sant Jaume consideran que la situación hace «posible que haya presupuestos en Cataluña y en España». Desde Junts también mantienen la discreción y sus declaraciones se limitan a decir que serán exigentes y que harán sudar la camiseta a los socialistas si quieren sus votos. Las conversaciones con el PSOE están activas y Salvador Illa insinuó la pasada semana en el Parlament que se están acercando posiciones en materia de inmigración, pero según las fuentes consultadas no se hará anuncio alguno hasta que no vote ERC".

A la espera de los resultados de la votación definitiva en ERC, fijada para el 14 de diciembre, "Junqueras insiste en la investigación sobre los carteles de Maragall en busca de apoyos de la lista descartada para liderar ERC", anota El País.

Se trata de una "comisión de la verdad" con personajes de ERC como Joan Tardà y Carles Mundó. La iniciativa muestra una cierta agilidad por parte de Junqueras, que crece como favorito frente a un aparentemente inactivo Godàs, el candidato de la suiza Marta Rovira.

Camilo S. Baquero es el autor de esa información y apunta que "la presentación de este martes de Junqueras dibuja la estrategia de pasar de la simple invitación a dialogar con todas las sensibilidades dentro de ERC a poner sobre la mesa un argumento de seducción real para quienes no le han votado. La falta de transparencia sobre la responsabilidad de los carteles sobre los Maragall fue el tema en que mayor sintonía mostró entre las candidaturas del exvicepresident y la de Foc Nou. Esa lista, liderada por Helena Solà, proponía una “auditoría externa” para desvelar cómo operaba y financiaba la estructura b. Junqueras, que siempre ha negado que tuviera conocimiento pese a estar en la presidencia de la formación, ha asegurado que esa idea encaja en su propuesta de “comisión de la verdad”".

Creus de Sant Jordi. En El Nacional es Alba Solé Ingla quien firma el texto sobre la edición de este año. Así arranca su información: "La futbolista Aitana Bonmatí, la periodista Àngels Barceló, el expolítico Josep-Lluís Carod-Rovira, la plataforma audiovisual Filmin y SOS Racisme son algunas de las 20 personalidades y 10 entidades que recibirán la Creu de Sant Jordi 2024. Así lo ha acordado el Consell Executiu este martes, a propuesta de la consellera de Cultura".

En el Abc, Daniel Tercero señala que entre las razones de la concesión a Carod Rovira la Generalitat destaca su defensa de la democracia. Y recuerda el espinoso asunto de las negociaciones del galardonado con la cúpula de ETA en Perpiñán cuando era vicepresidente del tripartito presidido por Pasqual Maragall.

Negociar una tregua de la banda terrorista pero sólo para Cataluña le valió el reproche generalizado de la sociedad española y su cese como vicepresidente de aquel primer tripartito.

Sociedad. "El autocar siniestrado en Francia circulaba con la ITV caducada", destaca El Periódico. La pieza es de Jordi Ribalaygue y Germán González: "Según han confirmado a El Periódico fuentes de la Generalitat, el vehículo pasó la correspondiente ITV a finales de 2023. Este tipo de autocares deben superar la inspección técnica oficial cada seis meses, por prevención, y el bus en cuestión no se sometió a este examen obligatorio cuando le correspondía".

Sigue la nota: "La causa judicial abierta en Francia debe determinar si existe una responsabilidad penal por circular sin pasar esta inspección técnica de vehículos. ya que todo apunta a que la causa del siniestro fue un fallo en los frenos, un elemento que se comprueba por motivos de seguridad en este examen mecánico".

Y: "La conselleria ya ha mencionado la ITV como uno de los elementos de mayor interés. “Iniciaremos un proceso de investigación sobre la compañía que estaba prestando el servicio y sobre la subcontratación de esta segunda compañía, que podía estar en situación de irregularidad, en suspensión de pagos y con un autobús sin la ITV”, ha señalado Paneque en la comparecencia posterior al consell executiu del Govern de Salvador Illa. La principal hipótesis de la causa del accidente es que el freno del autobús falló".

También es noticia el censo de los edificios con amianto, presente en medio millar de edificios públicos según la auditoría llevada a cabo por la Generalitat.

Según el texto escrito por Anton Rosa para El Món, "el análisis fue realizado por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que elaboró un mapa con un censo de las cubiertas de fibrocemento que hay repartidas por el territorio. Este análisis concluyó que hay cerca de 800,000 tejados con amianto, la mayoría de los cuales en Barcelona y su área metropolitana. Este censo, sin embargo, es incompleto, ya que no tiene en cuenta el amianto utilizado para los desagües, tuberías o el que se encuentra en el interior de viviendas o recintos industriales".

Malas noticias para la higiene y la urbanidad durante la Navidad. "Barcelona se queda sin limpieza: Los trabajadores de recogida de basuras, en huelga estas navidades", advierte Metrópoli Abierta.

En el sumario se especifica que "el sindicato UGT ha convocado un parón del servicio municipal entre los días 22 y 25 de diciembre".

Escribe Andoni Berná: "Contenedores de basura llenos por Navidad. El sindicato UGT ha convocado una huelga de los trabajadores del servicio de limpieza para reclamar que se desencallen las negociaciones de mejora de las condiciones laborales".

Sigue el texto: "La formación ha acusado en un comunicado a las empresas que ostentan el servicio municipal de mantener una actitud inmovilista. Es el caso, señalan en un comunicado, de FCC, Urbaser, CLD y Valoriza".

Y: ""Hemos hecho todo lo posible por evitar llegar a este punto, pero la falta de compromiso de las empresas nos obliga a tomar medidas. La plantilla no aceptará otro año sin incrementos salariales, especialmente en un contexto de inflación como el actual. Invitamos al Ayuntamiento de Barcelona a ejercer su responsabilidad y exigir a las empresas que cumplan con los trabajadores que mantienen limpia la ciudad", ha señalado el responsable de saneamiento urbano del sindicato, Ramon Cebrián".

4 de diciembre, santoral: Bárbara de Nicomedia, Juan de Damasceno, Ada, Annon de Colonia, Apro, Bernardo cardenal, Bertoaria, Félix obispo, Heracles, Juan Calabria, Juan Taumaturgo, Marutas, Melecio, Osmundo, Sigiramnio y Sola.

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