Día D. Se sabe muy poco de la militancia de ERC en relación a datos como el género, la edad, el estatus sociolaboral, la formación etcétera, etcétera. Consta que son alrededor de 8.700 personas que estarían al corriente de pago de sus obligaciones con el partido y poco más. De modo que es mucho más lo que se ignora que lo que se conoce a ciencia cierta. Por ejemplo, de esas más de ocho mil personas cuántas son funcionarios y cuántos cobran del partido o gracias al partido. Así es muy complicado hacer predicciones sobre lo que puede ocurrir este viernes, segundo día de agosto, en relación a la consulta de la formación republicana.
Dados los antecedentes sobre las campañas de falsa bandera y el hecho de que se trata de una votación mayormente telemática cabría inferir que hay un alto riesgo de pucherazo, pero cualquier sospecha al respecto del sector crítico del partido podría acabar por invalidar el proceso. En suma, que ni las casas de apuestas británicas se atreven a llevar la consulta a sus paneles.
Está también el precedente de la última gran votación de este tipo llevada a cabo en Cataluña, el empate a 1.515 votos en la primera asamblea de la CUP sobre la continuidad de Artur Mas. El posterior desempate alumbró la irrupción en la escena de Carles Puigdemont y constató de manera fehaciente que Artur Mas es un gafe descomunal y que las consultas con las bases las carga el diablo.
En la dirección provisional de ERC hay nervios, muchos nervios, hasta el punto de que Marta Rovira aseguró ayer en Catalunya Ràdio que el partido republicano tiene un plan B para la contingencia de que resulte imposible abordar con éxito modificaciones de tanto calado como las relativas a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, más conocida por sus siglas LOFCA. La secretaria general de ERC se negó a entrar en más concreciones cuando fue requerida sobre los detalles. El plan B no se cuenta hasta que falla el plan A, dijo la señora Rovira. Qué habilidad... Otra "jugada maestra", otro perrito piloto en la barraca del "procés". Y cuánta inconsistencia.
El caso es que en El Español han indagado al respecto del plan B de Marta Rovira y han obtenido algunas certezas. "El 'plan B' de Rovira: que el Parlament apruebe la 'desconexión fiscal' y el Gobierno no recurra", se titula la pieza que firma Alberto D. Prieto y que arranca así: "Hay una manera de que Cataluña tenga su Hacienda propia que no requeriría una mayoría en el Congreso. Al menos, eso es lo que asegura Marta Rovira, secretaria general de Esquerra y negociadora del acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Pero fuentes de su entorno se niegan a desvelar esa alternativa, porque "el plan B no se cuenta hasta que falla el A". Sin embargo, este periódico ha podido averiguar por dónde han ido las negociaciones entre republicanos y socialistas. Éstas han profundizado en que el consorcio tributario, contemplado en el Estatut y nunca desarrollado, sirva como vía para atribuir a la Agencia Tributaria Catalana las competencias de "recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos" que se pagan en Cataluña. Así, con todos esos verbos, consta en el Acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, que prevé que el Govern de Illa "impulse un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado". El Parlament debería aprobar esas leyes de desconexión fiscal de Cataluña con el resto de comunidades Autónomas del régimen común. Y el Gobierno de España tendría que "tomar decisiones", según Rovira: es decir, no recurrir unas normas que contradirían a la actual legislación". El mismo documento pactado admite que la única vía para poder convertir en norma la "financiación singular" de la Comunidad Autónoma catalana pasa por la reforma de cuatro normas de alto rango".
Sigue Prieto: "Para empezar, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que exige una mayoría absoluta en el Congreso que, de momento, no existe. Y además, el eternamente relegado nuevo marco de financiación autonómica, que data de 2009 y lleva, por tanto, una década caducado: habría que sustituir la Ley que Regula el Sistema de Financiación de las CCAA de Régimen Común. Y finalmente, las Cortes Generales también deberían armar mayorías suficientes para cambiar de arriba abajo dos normas: la Ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y, por supuesto, la Ley de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña".
Y: "Pero el pacto es, de momento, un "preacuerdo". Aún le falta pasar, al menos, dos filtros. El primero, este mismo viernes, es que lo acepte la militancia de ERC. Las bases, algo más de 8.000 personas, deben votar si están de acuerdo con investir a un president no independentista y exministro del Gobierno de España. La movilización de sus cuadros directivos es total, porque la actual dirección sabe que los afiliados a este partido son "más indepes" que la Ejecutiva. Y el segundo, que todas esas reformas salgan adelante en un congreso de los Diputados en el que Pedro Sánchez no tiene quién le apoye. Ya lo dijeron tanto ERC como Junts el día que pactaron con él la investidura de su reelección, el pasado noviembre: "Estamos aquí para resolver el conflicto político entre España y Cataluña, no por la gobernabilidad de España"".
Los nervios de la dirección provisional de ERC quedan perfectamente reflejados en El Nacional, que titula al respecto: "La cúpula de ERC sale en tromba por el 'sí', pero no logra acallar las voces contrarias a investir a Illa". Escribe Marta Lasalas: "Toda la artillería pesada a favor del sí a la investidura de Salvador Illa no ha conseguido acabar con las dudas de las bases de Esquerra. Ni acallarlas. La cúpula del partido que se ha encargado de negociar el acuerdo para dejar el Govern en manos del primer secretario del PSC ha salido a defender la propuesta por tierra, mar y medios públicos. La secretaria general del partido, Marta Rovira, no solo ha proclamado las bondades del acuerdo sino que también ha dejado claro que la ambigüedad del expresidente Oriol Junqueras era ni más ni menos que un aval al pacto. También el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha alabado el acuerdo; y el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové; y buena parte de la ejecutiva, de los diputados... incluso Ernest Maragall, que abandonó el partido a raíz del asunto de los carteles contra el Alzhéimer, ha defendido el sí. Y, no obstante, las voces en contra no se dejan intimidar. A pocas horas del inicio de la consulta a la militancia este viernes a las bases, las espadas continúan en alto".
Continúa el texto: "Rovira, máxima responsable del acuerdo, ha salido a defenderlo en una entrevista en Catalunya Radio, donde ha elogiado los avances, aunque ha reconocido la dificultad para tragar el voto a favor de los socialistas. Por su parte, Aragonès ha defendido el sí porque, según él, representa un paso adelante en la soberanía fiscal sin precedentes, con lo cual obvia que este mismo modelo es el que figura en el Estatut pactado por el tripartito en el 2015. Detrás del president, han desfilado también por las redes una parte importante de sus consellers, incluso un conseller que no milita en el partido y, por lo tanto, no puede vota, como el exdiputado de CiU y PDeCAT Carles Campuzano. Casi todos los negociadores se han pronunciado pidiendo el voto a favor, con el presidente del grupo parlamentario y la portavoz, Marta Vilalta, al frente. En conclusión un movimiento casi unánime de la dirección del partido que el lunes avaló el acuerdo después de una reunión maratoniana, pero también con muchos miembros del grupo parlamentario, y del Govern y el sottogoverno de la Generalitat. La movilización de la cúpula es tan contundente, que el exdiputat Jordi Orobitg, partidario del no, ha advertido sobre las dimensiones del revés que representaría para la dirección no conseguir el aval al acuerdo".
Por no hablar de la alegre juventud republicana, que amenaza con utilizar su escaño, que ocupa Mar Besses, para tumbar el acuerdo en el Parlament si finalmente la militancia se decanta por el sí al pacto y a la investidura de Salvador Illa.
Más noticias del proceloso mundo republicano. Se supo gracias a El Confidencial que el simpar Toni Comín aprovechó las ventajas del Consell de la República para sufragarse el alquiler de un velero para surcar las aguas de la Costa Azul en compañía del singular bardo Lluís Llach. Ahora es otro gran luchador, Ruben Wagensberg, quien salta a la palestra porque intentó que la Caixa de Solidaritat del independentismo le pagara la estancia en Suiza durante su breve "exilio". "Wagensberg (ERC) y otros fugados del Tsunami buscaron que la Caixa de Solidaritat pagara sus gastos en Suiza", destaca El Mundo. En el sumario se aclara que "La entidad independentista se negó a atender la petición por mail hecha por el círculo de amigos del diputado republicano". La historia es de Iñaki Ellakuría, quien escribe que "La división en el independentismo suma muchos frentes, a la espera de si las bases de ERC aceptan hoy el pacto con el PSC, y entre ellos destacan las discrepancias que hay sobre quién debe pagar los gastos de la estancia en el extranjero de los fugados de la justicia. Este es el caso del diputado de ERC, Ruben Wagensberg y otros imputados por el Tsunami Democràtic que huyeron de España entre el mes de noviembre y de abril, después de que la Audiencia Nacional mantuviera la imputación por terrorismo. La mayoría de los fugados del Tsunami se instalaron en Suiza, donde en ese momento también residía la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y algunos de ellos buscaron a través de sus entornos familiares y de amistad que la Caixa de Solidaritat, organización creada por el independentismo para hacer frente a los «gastos judiciales y/o responsabilidades económicas que reciban personas físicas» como consecuencia de la participación en el proceso de independencia, asumiera los gastos de su estancia en el país helvético".
Sigue el texto: "Estas peticiones del entorno de Wagensberg y de algunos de sus compañeros fugados se produjeron poco antes de que, a principios de julio, todos ellos pudieran volver a España después de que el caso Tsunami quedara archivado por un error en los plazos que cometió del juez instructor. La Caixa de Solidaritat no atendió esta demanda de asumir los gastos cotidianos en Suiza, según han podido confirmar varias fuentes a El Mundo, al entender que en el caso de Wagensberg no era necesario ya que seguía cobrando su sueldo íntegro como diputado. Unos 4.300 euros mensuales a los que se sumaban 14 mil euros anuales en concepto de dietas de desplazamiento, debido a que la Mesa del Parlament consideraba que su ausencia desde el pasado mes de noviembre se debía a una «baja médica». Hubo, según estas fuentes, otra petición de un fugado que la Caixa también evitó tener en cuenta".
Y: "El hecho de que el dirigente de ERC cobrara su sueldo como diputado de forma íntegra y que su estancia en Suiza se justificara por una baja médica hizo que la Caixa de Solidaritat no considerara conveniente atender a la petición que recibió el pasado 3 de junio, con Wagensberg todavía en Suiza, a través de un correo electrónico enviado por el «grupo de apoyo de Ruben Wagensberg». En este correo, al que ha tenido acceso El Mundo, el grupo remite «los gastos de Ruben hasta el día de hoy» y justifica esta petición recordando que el presidente de la Caixa de Solidaritat, Josep Cruanyes, había manifestado hacía poco en una intervención radiofónica que esta organización estaba «a disposición de los exiliados si así lo solicitaban». Asimismo, el grupo de apoyo a Wagensberg subrayaba que «Suiza es un país con un coste de vida muy elevado y cualquier ayuda relativa a su exilio es necesaria»".
Pobre Wagensberg, niño bien de familia aún mejor, joven de posibles y con un sueldo de 4.300 pavos al mes que no le llegaban al hombre para sufragar la dura vida de exiliado en Ginebra. Algún día se recopilarán todas estas historias sobre las complejas relaciones de los "héroes" de la república catalana con el dinero y los donantes se quedarán de pasta de boniato.
La otra cara de la cuestión es la del socialismo. "La rebelión crece en el PSOE por el pacto con ERC" asegura La Razón. Tal vez "rebelión" sea un término muy abultado para definir las críticas de algunos barones socialistas al acuerdo, pero ese es un mal del periodismo. Sea como fuere, la nota del diario de Planeta apunta que "Asturias se suma al rechazo abiertamente y los socialistas extremeños piden a Sánchez que convoque el Consejo de Política Federal". El texto es de Susana Campo: "Las voces críticas en el seno del PSOE se escuchan cada vez más alto. A medida que avanza el plazo para que las bases de ERC se pronuncien sobre el acuerdo con los socialistas catalanes para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat de Cataluña crecen también las críticas entres los líderes territoriales ante un pacto que hará saltar por los aires la igualdad entre los españoles. Siguiendo la estela iniciada por el castellano manchego, Emiliano García-Page y el aragonés, Javier Lambán, hasta cuatro federaciones más han mostrado su rotundo rechazo y han reclamado la convocatoria de una reunión sobre el pacto fiscal. A Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León y Madrid se han sumado en las últimas horas. Extremadura y Asturias".
Continúa Campo: "Pese al intento de Ferraz de controlar la situación y no dar más detalles del preacuerdo -ya que han sido los republicanos quienes lo han difundido-, la realidad es que los nervios crecen entre los territorios. Esta misma mañana (por ayer jueves) el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reclamado públicamente al presidente que convoque el Consejo de Política Federal, donde están representados todos los dirigentes territoriales. El extremeño insta a todos los responsables autonómicos del partido a dialogar con "libertad y lealtad" y definir una postura ante la financiación autonómica. Miguel Ángel Gallardo ha insistido en que el modelo de financiación "hasta ahora ha funcionado bien", porque lo ha hecho "desde la multilateralidad". A renglón seguido, ha recordado que todos los socialistas, incluidos los catalanes, aprobaron en 2013 la Declaración de Granada, ratificada cinco años después en la Declaración de Barcelona, en la que decidieron además impulsar, a través de la Conferencia de presidentes y del Consejo de política fiscal y financiera, una mesa de negociación política que buscara un acuerdo sobre un sistema de financiación "más justo, y más equitativo" y "lógicamente adaptado siempre a las realidades del siglo XXI". Un compromiso, ha dicho, que "sigue siendo vital" para el PSOE de Extremadura, que "siempre" ha creído que las reformas del sistema de financiación han de basarse en principios "como las certezas, la estabilidad, y el equilibrio del reparto de los recursos públicos" y que, además, se debe garantizar la autonomía financiera, la suficiencia, la corresponsabilidad, la coordinación, la solidaridad, y la equidad interterritorial".
Hay otra versión en relación a la situación en el PSOE. "La Moncloa se aferra al cambio en Cataluña para justificar el pacto con ERC ante un PSOE en ebullición: 'El tiempo nos dará la razón'", señala un titular de El Periódico. La pieza es de Juan Ruiz Sierra, quien da cuenta de que "la Moncloa ha visto cómo se gestaban, crecían y menguaban tantos malestares internos en el PSOE por los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo que este último episodio, explican los colaboradores del jefe del Ejecutivo, supone solo un nuevo capítulo dentro de la historia de siempre. El acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat a cambio de un concierto económico en Catalunya, con el visto bueno del Gobierno central, ha vuelto a desatar los recelos en las filas socialistas, pero de forma mucho más transversal que en otras ocasiones, con casi todos los territorios advirtiendo de los riesgos de un nuevo modelo que la Moncloa negaba hasta hace tan solo unas semanas. Aun así, el entorno de Sánchez intenta transmitir tranquilidad. “El malestar no tiene ningún recorrido. La semana que viene todo volverá a estar en su sitio”, señalan fuentes del Ejecutivo".
Sigue la crónica: "De momento, la inquietud, que va mucho más allá de barones alejados desde hace mucho tiempo de Sánchez, como el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán, no da signos de remitir. Asturias se sumó este jueves al coro crítico. Extremadura pidió una reunión del comité político federal, que reúne a todos los líderes territoriales, para debatir el acuerdo con ERC. Otras federaciones se sumaron a la propuesta, pero la convocatoria depende solo de Sánchez como secretario general y en la dirección del PSOE señalan que ahora mismo no está en sus planes.
Mientras tanto, el propio Illa y otros dirigentes socialistas han contactado estos días con los distintos barones del PSOE para intentar aplacar su inquietud".