Rovira y la lucha sin cuartel contra Junqueras

Santiago Abascal rompió anoche todos los gobiernos autonómicos de coalición entre el PP y Vox, anuncio que no pocos medios relacionan con un exceso de testosterona más que con el reparto de 120 menores inmigrantes no acompañados. La abrupta decisión del partido ultraderechista tendrá un impacto que sobrepasa las cinco autonomías afectadas, entre ellas Baleares y la Comunidad Valenciana. En Cataluña, por contra, Vox y PP nunca se plantearon la posibilidad de colaborar. Compiten descarnadamente por el voto constitucionalista y contra el independentismo. Lejos de complementarse exhiben de manera frontal sus discrepancias de fondo y de formas.

Las tensiones entre la derecha y la derechona conviven con el rechazo judicial generalizado a la amnistía, cuya aplicación está resultando un auténtico viacrucis. Noticias como el feliz regreso de Marta Rovira y del dicharachero Ruben Wagensberg contrastan con iniciativas como la adoptada ayer por el magistrado Manuel Marchena. "El Tribunal Supremo llevará al Constitucional la Ley de Amnistía por romper la igualdad", destaca un titular de La Razón. "La Sala ha iniciado los trámites para presentar una cuestión de constitucionalidad sobre la norma del PSOE porque observan que nace de la arbitrariedad", se añade en el subtítulo. El texto es de Álvaro Olloqui y arranca así: "El Tribunal Supremo (TS) ha iniciado ya los trámites para plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) dirigida a que analice y resuelva si la Ley de Amnistía es contraria a la Carta Magna. El Ministerio Fiscal pidió el pasado 24 de junio al Alto Tribunal la aplicación de la amnistía a condenados por desordenes públicos y atentado a la autoridad durante los días del «procés». La respuesta ha llegado ahora través de dos autos de similar contenido que resuelven los recursos de casación que fueron interpuestos contra decisiones del TSJ catalán en relación a estas condenas. La Sala que preside Manuel Marchena admite que, según lo que establece la norma impulsada por el PSOE, deberían proceder a declarar amnistiados estos delitos porque ninguno entra dentro de los supuestos excluidos. Que son aquellos que tienen que ver con actos terroristas «de gravedad» que hayan causado intencionadamente graves violaciones de derechos humanos".

Respecto a la aplicación de la amnistía, La Vanguardia echa cuentas y destaca que un mes después de la aprobación de la norma en el Congreso se han registrado 74 beneficiados sobre un total de 486 posibles. Del texto del diario: "La ley de Amnistía cumple un mes, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de junio y desde entonces ha beneficiado a 74 personas, la mayoría de ellas sujetas a procedimientos en Catalunya. En cambio, en las instancias judiciales de Madrid, donde se siguen los casos políticamente más complejos, los tribunales se han mostrado remisos a la plena aplicación. Pasados estos primeros treinta días, el número de beneficiados es bajo si se da por buena la estimación que hizo en su día la Fiscalía que calculaba que al menos 486 personas podrían obtener el olvido penal. Sobre el papel, la ley establece un plazo de dos meses para darle cumplimiento, pero lo cierto es que la interpretación que han hecho los tribunales de la propia ley, así como los recursos planteados en otras instancias demorarán su aplicación más allá del tiempo fijado".

Sigue la nota: "Uno de los datos más sorprendentes es que de estos 74 beneficiados -según los datos recabados por ACN-, 50 son miembros de la policía. De ellos, 46 son agentes del Cuerpo Nacional y otros cuatro son Mossos d’Esquadra, todos ellos investigados en juzgados de Barcelona por sus actuaciones en las manifestaciones, especialmente por las cargas en los centros de votación del 1 de octubre de 2017. Algunos de estos policías pidieron la amnistía, otros no".

Y: "El Tribunal Supremo ha decidido que sólo aplica la Amnistía parcialmente a los condenados en la sentencia del ‘procés’. Se han beneficiado de la ley por el delito de desobediencia, pero no de malversación. Esto es así porque, haciendo una interpretación muy discutida de la ley, el Tribunal Supremo considera que la norma aprobada por el Congreso no es aplicable a este último delito por el que también fueron condenados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Para ellos, que recibieron el indulto del Gobierno y salieron de prisión, la amnistía implicaría la supresión de la pena de inhabilitación sin la cual siguen sin poder concurrir a elecciones o acceder a cargo público alguno. Esta situación pesa especialmente en el caso de Oriol Junqueras y Jordi Turull, todavía en primera línea política".

Marta Rovira es la primera política relevante en resultar beneficiada por la amnistía. O más que por la amnistía por el archivo de la causa del Tsunami. El caso es que ya está en España, donde deberá lidiar con un partido en crisis, con el enfrentamiento con Oriol Junqueras y con las negociaciones para la investidura. Un carajal aliñado por la noticia de que desde 2018 el partido funcionó a través de una estructura paralela controlada por ella y en la que Junqueras no pintaba nada.

El gran mérito de Rovira y Junqueras (y demás dirigentes) es haber logrado mantener en secreto estas discrepancias. Han tenido que mentir mucho, pero después de la gran mentira de la independencia no les debió resultar muy complicado. Lo avanzó ayer RAC 1 a través de un texto de Adrià Santasusagna del que destacan estas líneas: "El funcionament intern d'ERC s'ha decidit des d'òrgans paral·lels a l'executiva i la permanent del partit. Cada divendres s'han fet reunions liderades per Marta Rovira, però en què no hi ha assistit Oriol Junqueras. Un fet que explica també la distància que, des de fa mesos, hi ha entre les dues cares visibles del partit. L'entorn de Rovira assegura que les trobades s'han fet perquè Junqueras feia deixadesa de funcions, mentre que l'entorn de l'expresident d'Esquerra creu que se l'ha deixat al marge de manera deliberada".

Y: "Quan Oriol Junqueras és vicepresident, l'any 2015, es crea una estructura reduïda per coordinar l'estratègia d'Esquerra. Es tractava d'un nucli molt reduït format per Jordi Bacardit (aleshores mà dreta de Rovira), Bernat Aubia (cap de Relevance, l'empresa que organitzava les contracampanyes) i Sergi Sabrià. De mica en mica aquesta estructura va creixent sobretot des que Junqueras entra a presó i Rovira marxa a l'exili. (...) Diverses fonts republicanes han explicat que Junqueras no estava convidat a les reunions, però que tampoc se li amagaven. Simplement, consideraven que Junqueras s'espolsava qualsevol responsabilitat i que feia deixadesa de funcions i no volia decidir res. En canvi, l'entorn de Junqueras explica que va saber que existien aquestes trobades tard i que mai se'l va voler convocar, i veuen tot plegat com una fórmula de manar l'organització a l'ombra, deixar-lo de banda i arraconar-lo. Motiu pel qual Junqueras vol presentar-se al Congrés del novembre i tornar a la presidència del partit".

En cuanto al retorno de Rovira, Marcos Lamelas escribe en El Confidencial que "la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el diputado republicano Rubén Wagensberg, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó ya han abandonado Suiza y regresarán este viernes a Cataluña, donde atenderán a los medios en Cantalllops (Girona). Se trata de la primera líder del procés que se beneficia de la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez. Según diversas fuentes consultadas, está planeado que, a partir de las 9.00 horas del viernes, hablen en este municipio, el más cercano a La Jonquera y en el que Wagensberg tiene familia. El mismo viernes, Òmnium Cultural también organizará un recibimiento oficial a Serra, así como al resto de "exiliados" en la causa contra Tsunami Democràtic".

Sigue Lamelas: "También se prevé que este mismo viernes, Marta Rovira participe en una Ejecutiva de ERC. Incluso podría haber un Congreso extraordinario, pero eso todavía no está claro. Pese a su vuelta, se plantea que siga residiendo en Suiza, aunque eso podría cambiar si al final la crisis creada en el seno de ERC acaba forzando que ella sea la candidata en caso de que al final haya una repetición electoral en Cataluña el próximo 13 de octubre. No hay que olvidar que el regreso de Rovira se produce, precisamente, en medio de las negociaciones con el PSC para investir a Illa. Además, se espera que Rovira visite a sus padres en Vic (Barcelona) y que participe en la Asamblea de Mujeres del próximo sábado que tienen previsto celebrar los republicanos. El regreso de Marta Rovira funcionará para el independentismo como una especie de ensayo general de la vuelta de Carles Puigdemont, quien sigue diciendo que tiene previsto volver aunque no aclara si lo haría en caso de que la primera investidura sea para intentar nombrar al líder del PSC, Salvador Illa, y no al expresidente huido. Un retorno de Puigdemont se espera como catalizador para volver a movilizar a un independentismo que lleva años alicaído".

Más noticias del orbe indepe. "Junts quiere eliminar el artículo del reglamento del Parlament que permitió suspender a Laura Borràs", señala El Nacional. Muy bien. Rectificar es de sabios. O no. El punto en cuestión fue aprobado por el Parlament en plena asonada y en un arrebato consistente en que los diputados autonómicos catalanes tenían un listón moral más elevado que cualquier otro mortal, de modo que a la mínima sospecha el interfecto debía ser cesado, purgado y apartado de la vida parlamentaria. Del texto de Joan Antoni Guerrero Vall: "El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha presentado una enmienda en solitario a la reforma del reglamento del Parlament de Catalunya con el fin de eliminar el apartado 4 del artículo 25, el mismo que posibilitó suspender a la expresidenta de la cámara catalana, Laura Borràs, a raíz del caso de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El artículo 25, que trata sobre las causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios, establece en su apartado 4 que, en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. El mismo artículo estipula que si se plantean dudas sobre el tipo de delitos o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario un dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados".

Continúa el texto: "En julio del 2022 se produjo un intenso debate sobre la continuidad de Borràs al frente de la presidencia del Parlament, teniendo en cuenta los efectos que tenía el caso de los contratos irregulares cuándo dirigía la ILC. La aplicación de este artículo implicó momentos de fricción entre los partidos independentistas, sobre todo con la CUP, que en todo momento pedía a Borràs que se apartara o amenazaba con la aplicación del artículo. Precisamente los cupaires defendían el artículo porque había sido promovido por esta formación pensando en el caso del exdiputado Germà Gordó. La suspensión automática de un diputado por corrupción sin la existencia de una condena firme había sido motivo de críticas por parte de Borràs, que en todo momento ha defendido su inocencia y ha denunciado que su caso es un ejemplo de persecución política a través de causas judiciales, es decir, de lawfare".

Actualidad barcelonesa. "Los hoteleros de Barcelona buscan esquivar el cierre de los 46 edificios de pisos turísticos que tienen", apunta El País. "El presidente del Gremio de Hoteles, Jordi Clos, confía en que el veto anunciado por el Ayuntamiento solo afecte a los apartamentos “sueltos”", se abunda en el sumario de esa información. De modo que los hoteleros tiene puesta una vela a Dios y otra al diablo. Por un lado, el negocio tradicional. Por otro, el que les hacía una competencia descarnada. El texto es de Clara Blanchar: "Los hoteleros de Barcelona tienen unos 46 edificios enteros de pisos turísticos que suman 735, pero confían esquivar el cierre anunciado por el alcalde Jaume Collboni de “todos los pisos turísticos” de la ciudad en cinco años. El presidente del gremio de hoteles, Jordi Clos, ha dado por hecho este jueves en que el cierre anunciado por el Ayuntamiento solo afecta a los apartamentos “sueltos”, aunque el consistorio dejó claro que afecta a la totalidad, también los que ocupan edificios enteros. Preguntado por la cuestión durante una rueda de prensa en la que el Gremio ha presentado dos nuevas categorías de hotel (Hotel Gastro y Hotel Cultural), Clos ha aplaudido el anuncio: “El Ayuntamiento ha tomado una medida contundente y estoy a favor de cerrar los pisos sueltos”. Pero ha señalado que los hoteleros tienen apartamentos en edificios dedicados enteramente a esta actividad, “que no generan problemas” dando a entender que la normativa no les afecta. En cualquier caso, repreguntado por la cuestión ha señalado: “Durante cinco años habrá que ver qué es viable o no es viable y qué es aplicable o no aplicable”".

Y: "El propio presidente de los hoteleros, Jordi Clos, es el presidente de Derby Hoteles, que con la marca Barcelona Apartment tiene seis edificios que suman más de 80 pisos turísticos. Otras firmas del sector que tienen apartamentos turísticos son Onix, Hesperia, Yurbban, Casa Gràcia, Atrium o Acta. El director general del Gremio, Manel Casals, ha cuantificado que con el total de hoteleros agremiados que también tienen pisos turísticos suman “unas 700 unidades”. “Nosotros tenemos 40 y algo edificios enteros que son apartamentos y por supuesto no tenemos ninguno suelto ni ilegal”, ha remachado Clos".

12 de julio, santoral: Juan Gualberto, Clemente Ignacio Delgado Cebrián, Félix de Milán, Fortunato de Aquileia, Hermágoras de Aquileia, Hilarión de Ancira, Inés Le Thi Thanh, Juan Jones, León I abad, Nabor de Milán, Paterniano de Fano, Pedro Khanh, Proclo de Ancira y Vivenciolo de Lyon.