Rovira, con un pie en España, y el plan del helicóptero

El independentismo vive sometido a una especie de ducha escocesa con la amnistía. Buenas y malas noticias para los líderes del movimiento que colapsó en 2017. Algunos casos ya reposan en el cajón de basura de la historia. Es el caso del Tsunami, que tras el archivo de la Audiencia Nacional ha llegado hasta el Tribunal Supremo para recibir un carpetazo que aún no es definitivo. Por contra, la pertinaz determinación del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, amenaza con retrasar todavía más el regreso de Puigdemont, pendiente de la malversación y, además, de la traición que le imputa Aguirre por sus tratos con los rusos.

Pasa que si el juez García Castellón se equivocó por 24 horas a la hora de reactivar el expediente del Tsunami, la pulcritud no es el rasgo más acusado de las instrucciones de Aguirre, cuyo genio, por cierto, también es legendario. El juez ha dado traslado de la causa al Supremo en lo que respecta a Puigdemont.

El prófugo líder de Junts está en manos de los jueces. Así lo constata La Vanguardia en una información de Carlota Guindal que principia así: "El expresidente de la Generalitat y máximo responsable de Junts, Carles Puigdemont, ya tiene un problema menos. Un error judicial le ha librado de golpe y porrazo de la imputación de terrorismo por presuntamente idear y liderar el movimiento Tsunami Democràtic, responsable de los graves disturbios en Catalunya en octubre de 2019 como modo de protesta por la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condenó por sedición a los líderes del procés. No obstante, esta decisión no es definitiva ya que cualquiera de las acusaciones tanto particulares como populares puede recurrir a la sala que preside Manuel Marchena. La magistrada del Supremo Susana Polo, instructora del caso Tsunami, acordó ayer el sobreseimiento provisional y archivo de la causa especial en la que se investiga a los aforados Puigdemont, y al diputado de ERC Rubén Wagensberg. En un auto, notificado este martes, la juez explica que toma esta decisión tras la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este lunes declaró inválidas las diligencias acordadas por el instructor Manuel García-Castellón, en los últimos tres años por haber dictado fuera de plazo la prórroga de la causa".

Sigue Guindal: "Ese pronunciamiento de la sala originó que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archivara este lunes de manera sorpresiva el procedimiento respecto a las diez personas investigadas en la Audiencia Nacional, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluis Alay. La magistrada señala que antes del 29 de julio de 2021 -fecha desde la cual se han anulado todas las actuaciones- “no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos que se le imputa”. De cara a seguir con el proceso judicial sólo se puede tener en cuenta los hallazgos desde octubre de 2019 hasta julio de 2021. Polo se basa en la propia resolución de García-Castellón que asegura que durante el plazo válido no se acordó ni se tomó declaración a ninguno de los investigados —tampoco ha tenido lugar la de los dos aforados—, “lo que impide que las actuaciones puedan continuar por los trámites del procedimiento abreviado”".

Y: "Esta decisión de Polo todavía puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal del Supremo, que preside Manuel Marchena, y quien tendrá que determinar cuál es la doctrina sobre la prórroga de los plazos de instrucción fijada por la ley de enjuiciamiento criminal. El fin de la causa de Tsunami ha venido por un error de 24 horas. García-Castellón llevaba tres años defendiendo que no se rompió la el plazo de la prórroga porque la amplió nada mas finalizado el plazo oficial. Sin embargo, la Sala de lo Penal ha entendido que la prórroga para poder seguir investigando se tiene que decretar antes de que se acabe el plazo y no justo después. Se trata de un tema de interpretación que en última instancia lo tendrá que valorar y estudiar el alto tribunal si alguna de las partes recurre el auto de Polo".

La olla del regreso de Puigdemont bulle y bulle sin parar mientras los cocinillas de Junts le introducen nuevos ingredientes, algunos de ellos muy aventureros según se desprende de la información de Ok Diario que porta el siguiente titular: "Puigdemont prepara una caravana para cruzar la frontera de regreso a España jaleado por miles de personas". Y de remate en el sumario se dice que "El ex presidente catalán quiere que, si se produce la detención, sea retransmitida en directo". O sea que mambo y en tiempo real. El texto es de Joan Guirado: "Carles Puigdemont sigue manteniendo en público y en privado que cumplirá con su compromiso de estar presente en el Parlament cuando se celebre el primer debate de investidura. Un acto para el que todavía no hay fecha a día de hoy, pero que según los plazos establecidos debería celebrarse antes del 26 de agosto. Con una orden de detención en territorio nacional activa, lo que supondría su detención nada más pisar España, Junts ya trabaja en cómo debe ser ese momento que algunas fuentes sitúan en este mismo mes de julio. Tras sopesar varias opciones, y descartar algunas, con la que trabajan en estos momentos, es en la formación de una caravana de coches procedente de Francia, con Puigdemont en uno de ellos, acompañado por miles de personas y seguido de autobús lleno de periodistas para retransmitir una posible detención".

Sigue el texto: "En su partido consideran que la formación de una caravana de estas características, sin saber en qué coche exactamente viaja el ex presidente de la Generalitat, impediría a la Policía inmovilizar el vehículo en el que viaje el candidato de Junts para proceder a su detención. De ocurrir, explican, «sería retransmitido en directo por todos los medios de comunicación». Lo que, a su juicio, «crearía una reacción espontánea inmediata en las calles». Puigdemont, según sostienen, «tampoco tiene miedo a ser detenido en esta ocasión» mientras recuerdan que «ya fue detenido una vez»".

Líneas después se explica el plan B que no se llevará a cabo: "Junts también se planteó que Puigdemont accediera al Parlament en helicóptero para evitar de esta forma ser detenido dentro la sede parlamentaria. No sería la primera vez que algún dirigente político llega a la Cámara catalana vía aérea. En el año 2011, el entonces president, Artur Mas, la que fuera presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y el ex conseller de Interior, Felip Puig, ya llegaron a un pleno en un helicóptero de los Mossos d’Esquadra para evitar las protestas que había en el exterior del Parc de la Ciutadella. Pero dicha opción se ha rechazado".

Quien sí que está a punto de regresar a España, o eso parece, es Marta Rovira, quien tendrá que venir por carretera porque tiene el pasaporte caducado. Casi con toda seguridad podría estar ya en Cataluña el fin de semana para participar en una reunión de mujeres de ERC. Al tiempo, maneja con pulso firme las negociaciones sobre la investidura de Salvador Illa, que según algunos medios puede prosperar precisamente por el retorno de Rovira. En otros, reparan en aspectos técnicos de la negociación. "ERC impone al PSC blindar el catalán como 'lengua propia' para apoyar la investidura de Illa", cuenta El Mundo. En el subtítulo se explica que la formación republicana "Exige a los socialistas comprometerse a seguir sorteando el 25% de castellano con 'figuras legales' como las ya aprobadas y también mantener las políticas lingüísticas en la Sanidad o el audiovisual". Escribe Víctor Mondelo: "Blindar la prevalencia del catalán sobre el castellano en la educación y en toda la esfera pública constituyó uno de los pilares de la obra de Gobierno de ERC, y evitar que las acciones implementadas sean revocadas o dejen de potenciares es uno de los objetivos que los republicanos persiguen en el marco de la negociación con el PSC para la investidura de Salvador Illa. La «carpeta» del catalán es una de las cuatro en las que se dividen las conversaciones, que además versan sobre medidas sociales, el impulso de la «autodeterminación» y, por encima de todo, sobre la «financiación singular» que los republicanos ansían amarrar aprovechando su condición de socio imprescindible para la elección del socialista. Según señalan fuentes de ERC a El Mundo se está exigiendo al PSC que se comprometa a «preservar las medidas lingüísticas» aprobadas por el Govern de Pere Aragonès y «existe buena disposición para llegar a un acuerdo» en este ámbito, siendo uno de los que más rápidamente avanzan en las conversaciones sobre la investidura de Illa".

Sigue el texto: "Las mismas fuentes indican que entre las acciones intocables figura el blindaje legal de la inmersión lingüística en los colegios. ERC reclama al PSC que le garantice que seguirá intentando sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de materias en castellano en todos los centros educativos de Cataluña y que lo haga a través de «figuras legales» similares a la ley que el PSC ya ideó y aprobó junto a los independentistas en 2022 y cuya legalidad ahora estudia el Tribunal Constitucional (TC) junto a la de otro decreto impulsado en solitario por el Govern que persigue el mismo fin: bloquear la ejecución del histórico fallo judicial que acaba con el monolingüismo en las escuelas catalanas. Los republicanos ven factible lograr un compromiso del PSC por el que anticipe su disposición a seguir colaborando con el secesionismo para mantener el catalán como «lengua propia y vehicular» de la escuela y rechazar un porcentaje mínimo de castellano incluso después de una eventual sentencia del Constitucional que derribe el armazón legal construido durante el mandato de Aragonès y ordene la aplicación de la sentencia del TSJC. ERC también requiere el compromiso del PSC de seguir litigando para salvar el decreto lingüístico suspendido la pasada semana por el Alto Tribunal. El Govern anunció ayer que los servicios jurídicos de la Generalitat ya trabajan para presentar un recurso de reposición contra el posicionamiento del TSJC contra una norma que, según el auto, «sitúa en una posición marginal al castellano en la enseñanza»".

Más noticias indepes. El jefe de comunicación de ERC, Tolo Moya, dice que no tiene nada que ver con los carteles contra los Maragall, asunto que en el partido republicano aspiran a tapar con el regreso de Puigdemont. En Junts también tienen marrones de ese tipo. He ahí los gastos que Comín trató de endosar al Consell de la República. Hoy explica Quico Sallés en El món que el ínclito exconsejero de Salud de la Generalitat ha enviado una carta a los consejos locales para explicar que lo de sus vacaciones a cargo del pueblo son los gastos de representación de toda la vida. Ahí va el arranque de la información de Sallés: "Vuit pàgines. Aquesta és la quantitat de paper que el vicepresident del Consell de la República i eurodiputat electe de Junts per Catalunya, Toni comín, utilitza per justificar les informacions i cartes internes de queixa sobre la seva gestió financera i les presumptes irregularitats que han trasbalsat l’organisme de l’exili. En la seva missiva, dirigida als consells locals i a la qual ha tingut accés El Món , assegura que les despeses sufragades pel Consell se sostenen com a “despeses de representació” i defensa que fes viatges de “feina” acompanyat de la seva filla perquè així aprofitava les vacances del calendari escolar belga, que és quan es pot desplaçar, per fer reunions a la Catalunya Nord. La seva tesi és que fer aquestes trobades a Bèlgica hauria sigut més car".

Continúa la nota: "Entre altres coses, carrega contra Sergi Miquel, l’exgerent del Consell de la República, a qui acusa d’actuar per “revenja personal” perquè el va rellevar de la seva gestió de recursos humans. “Persones expertes en relacions laborals m’han informat aquests darrers dies que és més habitual del que ens pensem que, quan una persona marxa d’una empresa contra la seva voluntat, faci alguna actuació contra els seus antics responsables moguda per l’ànim de revenja”, escriu Comín. Però no en té prou i també carrega contra els representants de CatGlobal, que, per una altra banda, van escriure una carta al Consell criticant obertament la seva gestió al capdavant de l’entitat. Comín admet que la “confiança” del Consell en la seva figura, podria quedar amenaçada".

Y: "“Són les anomenades despeses de representació, habituals en qualsevol organització com la nostra: podem demanar a les persones que assumeixen un càrrec de manera voluntària que hi dediquin el seu temps; però seria excessiu exigir-los que es facin càrrec de les despeses d’allotjament i desplaçament que l’exercici d’aquest càrrec comporta”, argüeix Comín per justificar els 4.800 euros que va reclamar al Consell per pagar una estada en casa de la Catalunya Nord, un cotxe de lloguer i els vols d’avió fins a Tolosa de Llenguadoc, l’aeroport que l’acostava més a Passa, el poblet idíl·lic del Rosselló que havia triat per a l’estada polèmica de dues setmanes. Despeses que es va negar a pagar el gerent al·legant que es tractava d’unes vacances i que no estaven pressupostades. Comín detalla que ell mateix “en tant que responsable de validar les despeses del Consell” va “autoritzar” que se li permetés cobrar les despeses de representació d’aquell viatge. “Desplaçar-me a la Catalunya Nord m’has permès fer allà moltes reunions de treball presencials útils i oportunes, si no necessàries, que d’altra manera o bé no s’haguessin pogut celebrar o bé s’haurien hagut de celebrar a Bèlgica, amb els costos molt superiors que això hagués comportat”, argumenta. “Que fos jo qui es desplaçava a la Catalunya Nord tenia com a objectiu, per tant, minimitzar les despeses derivades de la meva funció”, conclou".

En el plano más concreto de las cosas, las comunidades autónomas asisten con sumo interés al sorteo de los menores no acompañados de origen inmigrante más conocidos como "menas". Según cuenta El Nacional, Cataluña será la comunidad que más menores acogerá, 31 sobre los 347 que entran en el bombo de la administración. Del texto de Abel Degà: "El ministro Ángel Víctor Torres se ha plantado ante la petición de Junts: excluir a Catalunya del reparto de menores inmigrantes. Los independentistas pidieron al máximo responsable de Política Territorial que Catalunya no esté incluida en el reparto autonómico de menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en las Islas Canarias, en tanto que el partido está negociando con el Gobierno la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración y porque en el último reparto de inmigrantes Catalunya se llevó más que el resto de territorios. Pero este martes Torres ha incluido al país en la "solidaridad obligatoria" del reparto de los 6.000 menores que se encuentran en el archipiélago canario. Según el ministro, la petición del grupo parlamentario capitaneado por Míriam Nogueras "no tiene cabida" en el sistema actual, sin que las competencias hayan sido ya delegadas. De todos modos, fuentes del ejecutivo admiten que los territorios que han hecho más esfuerzos históricamente en la acogida han sido Euskadi y Catalunya".

Y: "En la propuesta que pretende hacer el Gobierno este miércoles y que ha tenido acceso ElNacional.cat, Catalunya es la comunidad que acogería más menores inmigrantes no acompañados, con 31. Andalucía, Extremadura y Madrid se quedarían con 30; Cantabria, 29; Galicia, 26; Asturias, 24; País Valencià, 23; Castilla y León, 21; Aragón y Castilla-La Mancha; 20 cada una; Euskadi, 18; Murcia, 16; Navarra, 15; Islas Baleares, 10; y La Rioja, 4. Las Canarias se quedarían con el resto de los menores no repartidos".

10 de julio, santoral: Cristóbal de Licia, patrón de los conductores. Amalberga de Tamise, Apolonio de Sardes, Bianor y Silvano de Pisidia, Pascario de Nantes y Pedro Vincioli.