La Comisión de Venecia y un prófugo madrileño del 'procés'

La actualidad nacional sigue enrocada en el asunto de las mascarillas, con derivadas de citas en marisquerías donde dejan fumar a los vips, programas espías, seguimientos y cortinas de humo. El PSOE trata de empurar al portavoz del PP Miguel Tellado, citado en una conversación por parte de Koldo García, el exasesor de Ábalos, como uno de sus interlocutores para resolver el estropicio que liaron en Baleares. Tellado dice que no conoce a García y en el PP se malician que el nombre de Tellado así como ese "Alberto" que dejan caer como por descuido aparece cuando los investigados se dan cuenta de que están siendo monitorizados por la Guardia Civil.

Están en acción dos potencias a la hora de enchufar ventiladores y dispersar la basura. PP y PSOE, PSOE y PP, duelo terminal con la legislatura en juego. Ventaja para el PP, pero atención a la capacidad de reacción socialista, que ha recurrido al comodín de M. Rajoy. Y mientras los dos grandes partidos nacionales están a garrotazo limpio, irrumpe en la escena política otro actor, la Comisión de Venecia. Sí, ese órgano consultivo del Consejo de Europa formado por juristas expertos en derecho constitucional cuya función era asesorar a los países del bloque comunista tras la caída del Muro de Berlín. 

"La Comisión de Venecia avala una amnistía, pero afea la tramitación de urgencia del Gobierno", señala El Confidencial. En el sumario se abunda en que "La delegación del Consejo de Europa ha emitido un informe preliminar sobre la ley, todavía supeditado a las enmiendas, que desató una guerra entre la Moncloa y el PP por su interpretación". ¿Una guerra Moncloa/PP? Sin novedad en Las Gaunas. El texto es de Ignacio S. Calleja y arranca así: "La Comisión de Venecia ha emitido un informe preliminar sobre la ley de amnistía que ha desatado una guerra entre el Gobierno y el PP por su interpretación. El escrito, de 26 páginas y que todavía debe superar un periodo de enmiendas, avala en abstracto una hipotética amnistía para la "reconciliación política", pero al mismo tiempo afea el procedimiento de urgencia empleado, aboga por una reforma constitucional y alerta de que en ningún caso puede aplicarse a "individuos específicos". El primer borrador del organismo, que se inició a instancias del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, se ha trasladado ya a las presidencias del Congreso de los Diputados y de la Cámara Alta".

Sigue la nota: "El Gobierno se apresuró a celebrar el dictamen bajo el argumento de que la Comisión defiende que la "reconciliación política es un objetivo legítimo para las amnistías", aunque sin entrar en el fondo del texto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, celebró este viernes en X (antes Twitter) la supuesta victoria de la norma. "Y además cumple con los estándares internacionales. Es impecable y es positiva", subrayó el dirigente del PSOE. Génova, en cambio, salió al corte y acusó al Gobierno de "mentir" y "manipular" la resolución de la Comisión".

Y: "Fuentes socialistas destacan que el informe de la Comisión de Venecia advierte de que la futura ley, todavía en tramitación y pendiente del respaldo de Junts, no afectará a la separación de poderes, habida cuenta de que deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos. "La Comisión establece una serie de criterios para asegurar la legalidad de la amnistía. La proposición española cumple con todos ellos: respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir claramente los actos amnistiados y las excepciones o una tramitación que permita debate y participación", apuntan las mismas fuentes, tras indicar que las recomendaciones de la Comisión "se han cumplido ya en la tramitación parlamentaria". El informe, no obstante, alerta de varias cuestiones que tienen que ver con la forma de la futura ley y que son esgrimidos por el PP. El borrador de la Comisión de Venecia recoge que una amnistía no puede aplicarse en ningún caso a personas concretas, como pudiera ser Carles Puigdemont o cualquiera de los acusados por el procés, y que debe delimitarse en el tiempo. "Como las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o a ciertas clases de personas, los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos específicos", dice la resolución".

Hablando de individuos específicos, he ahí al pobre Dani Gallardo, un chaval madrileño que sueña con un mundo libre y sin fronteras que un buen día se apuntó a la causa independentista catalana sin prever las consecuencias. "Dani Gallardo, el activista madrileño condenado por las protestas del procés, elude la cárcel y será puesto en busca y captura", advierte El País. La pieza es de Jesús García Bueno: "Dani Gallardo va a retrasar lo máximo posible su entrada en prisión. El lunes, la Audiencia de Madrid le dio un plazo de tres días para ingresar de forma voluntaria. Gallardo, de 26 años, debe cumplir una condena firme de cuatro años de cárcel por los disturbios ocasionados durante una protesta, en Madrid, contra la sentencia del procés en 2019. Es la tercera vez que el tribunal le requiere para que ingrese en prisión y su entorno, que le está brindando apoyo en todo este proceso, ha anunciado a este diario que no se va a entregar voluntariamente ni va a ponerlo fácil. Si, como anuncia su red de apoyo, no se entrega, el tribunal emitirá en cuestión de días una orden de búsqueda y captura".

Sigue el texto: "Gallardo se convertirá en el primer condenado por las protestas del procés que ingresará en prisión para cumplir condena, según confirman a este diario abogados que conocen el estado de las causas judiciales. (...) El joven, que es rapero y está involucrado en movimientos antifascistas y anarquistas, pasó más de un año en prisión provisional. Quedó en libertad tras el juicio celebrado en la Audiencia de Madrid, donde fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Gallardo formaba parte, según la sentencia, de un grupo de 80 personas que, con “palos y adoquines”, causó desperfectos en el mobiliario urbano y se enfrentó a los antidisturbios. Gallardo en particular causó una “contusión en el hombro izquierdo” a uno de los agentes. Como la sentencia no era firme, pudo seguir en libertad y se trasladó con su novia a vivir a Montblanc (Tarragona), donde consiguió trabajo y una red de apoyo. Hasta que el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva, que rebajaba ligeramente la inicial: cuatro años de cárcel".

Y: "La Audiencia de Madrid, el órgano que le condenó en primer lugar, rechazó suspender la ejecución de la pena. Gallardo debía ingresar en prisión y así se lo comunicó, por primera vez, el 25 de julio de 2023, cuando le dio un plazo de diez días para hacerlo de forma voluntaria. La defensa del joven recurrió y solicitó de nuevo la suspensión con el argumento de que el Gobierno de Pedro Sánchez está tramitando una ley de amnistía de la que sería pleno beneficiario. El texto, pendiente de aprobación en el Congreso, prevé entre otras cosas amnistiar los delitos cometidos durante actos de protesta vinculados al proceso independentista en Cataluña".

Lo raro es que este Gallardo y apuesto mocetón no forme parte del nuevo gobierno del Consell de la República de Puigdemont, recién constituido ayer con las incorporaciones de un exmilitante de ERC, un exconcejal de la CUP y una activista lingüística de las Baleares. Así lo cuentan en Nació Digital Oriol March y Bernat Surroca: "Carles Puigdemont no té rival dins del Consell de la República. Revalidada la presidència, aquest divendres ha presentat el seu "govern" en un acte a Ribesaltes, a la Catalunya Nord, just l'endemà que el Tribunal Suprem hagi decidit quedar-se la causa contra ell per Tsunami Democràtic. Amb la presentació dels nous "consellers" a l'exili, que han fet la primera reunió presencial, el Consell dona el tret de sortida a la legislatura dels pròxims dos anys. Puigdemont ha dit que el "govern" és "continuista", amb elements nous per afrontar la nova etapa".

Continúa el texto: "El president a l'exili ha agraït la feina feta a les persones que han deixat de formar part de l'executiu i als que han accedit a continuar. "No és una feina agradable i et posa una diana al damunt", ha admès. S'incorporen tres persones noves: Josep Andreu, exalcalde de Montblanc i exmilitant d'ERC, i president d'Estat Català; David Caldeira, professor de Llengua i Literatura a Secundària, exregidor de la CUP a Arenys de Mar i militant de Poble Lliure; i Maria Antònia Font Gelabert, professora de Secundària i activista per la llengua a les Illes. "Són tres perfils plurals des d'un punt de vista ideològic i territorial", ha resumit Puigdemont".

Y: "Al "govern" hi continuen Toni Comín, com a vicepresident, Lluís Puig, Toni Castellà, Aurora Madaula, Montserrat Corrons, Mercè Jou i Teresa Vallverdú. En marxen Guillem Fuster, Carme Garcia i Lluís Llach. Els dos primers han participat de l'acte "de traspàs". Amb la tria del nou "govern", acaba el procés de reestructuració del Consell de la República, que es va iniciar a principi de curs i que no va estar exempt de crítiques. "Aquest és el primer govern nomenat pel president del Consell elegit directament pels registrats", ha explicat Comín".

Malas noticias para Marta Pascal y David Bonvehí, desaparecidos de la política. "La Audiencia Nacional mantiene la causa del 3% para el PDECat a pesar de su extinción". Ah, el PDeCAT, también escrito Pdecat, qué cosa. El partido de Artur Mas y también el de Puigdemont, que se largó porque no soportaba el mando de Pascal. Escribe Josep Maria Calvet: "La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición del PDECat de archivar la causa del denominado 3% respecto de esta extinta formación política y de que se declarase extinguida su responsabilidad civil y penal en este procedimiento. La representación del PDECat había solicitado el archivo definitivo del procedimiento al haberse acordado por el juzgado de lo mercantil 8 de Barcelona la extinción de la persona jurídica de dicha formación".

Continúa la noticia: "En un auto, el tribunal encargado del enjuiciamiento de esta causa basa su negativa en una sentencia del Tribunal Supremo en la que señala que “aunque la inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de todos los asientos registrales de la sociedad extinguida conlleva, en principio, la pérdida de su responsabilidad jurídica, en cuanto que no puede operar en el mercado como tal, conserva esta personalidad respecto de reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, que deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación. A estos efectos, relacionados con la liquidación de la sociedad, esta sigue teniendo personalidad y por ello capacidad para ser demandada”".

Líneas después Calvet apunta que "la Fiscalía Anticorrupción, que pide tres millones de euros de multa para el PDECat por un delito de blanqueo de capitales, ya sostuvo que, al margen de que el concurso haya concluido “sin masa”, “debe ser en la vía penal en la que se determine, en primer lugar, si existe responsabilidad de CDC y, en segundo lugar, si existen bienes a nombre de PDECat que deban responder con relación a dicha responsabilidad”. (...) El PDECat nació en julio del 2016, cuando CDC bajó la persiana tras las confesiones del expresident Pujol y las informaciones que vinculaban al partido con la corrupción. Hoy, varios de los protagonistas de aquella decisión y otras personas que han tenido a la postre responsabilidades en el PDECat admiten que quizá fue un error el cambio de marca".

Se acerca el 8 de marzo y la Generalitat, siempre atenta al calendario, anuncia el reparto gratis a partir del lunes de copas, bragas menstruales y compresas en las farmacias. Del texto de El Mundo: "Las farmacias catalanas distribuirán de forma gratuita a partir del próximo lunes 4 de marzo de 2024 copas menstruales, bragas absorbentes y compresas de tela a mujeres, personas no binarias y hombres trans que menstrúan a través de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Igualdad y Feminismos de la Generalitat y el Consell de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), que cuenta con una partida de 8,5 millones. La medida fue anunciada el pasado mes de septiembre por la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge para arrancar en el primer semestre de 2024 aunque hasta ahora se desconocía la fecha de implementación".

Además, treinta mil jóvenes estadounidenses han copado los hoteles y las reservas de los restaurantes en una movida conocida como "vacaciones de primavera". Lo cuenta en El Periódico Margot Canavaggia: "Miles de universitarios de Estados Unidos acuden a Barcelona este fin de semana para una estancia de tres o cuatro días, aprovechando una pausa en el calendario lectivo conocida como Spring break. La juerga nocturna es la gran protagonista de este paréntesis vacacional y la capital catalana atrae a este público con dos festivales temáticos en cinco discotecas, el Springfest de Opium Barcelona y el Abroadfest capitaneado por la sala Sutton. (...) “Barcelona es el sueño americano. ¡Pon esto de titular!”, bromea Ethan Southmoon en la terraza de fumadores de Opium Barcelona. “En grande, en negrita y con purpurina”, expresa, dibujándolo delante de él con las manos. Es uno de los estudiantes que ha venido de lejos para pasar el spring break en Barcelona. Frente a la playa, él y sus amigos se han reunido en la capital catalana para “pasarlo como nunca”. Están alrededor de una mesa, todos con un cubata en la mano y dos shishas que ocupan más de la mitad del espacio donde reposan".

Qué orgullosos deben estar Biden y Trump de estos jóvenes compatriotas. Entre tanto, los carteristas y relojeros se frotan las manos.

2 de marzo, santoral: Abundancio, Simplicio papa, Absalón, Basileo mártir, Ceada, Inés de Praga, Jovino, Troadio y Lucas Casali de Nicosia.