El Ebro, ni tocarlo, y pelea de fiscales

El Gobierno de España se moviliza para paliar la sequía en Cataluña. El siempre sonriente consejero de Acción Climática, el señor David Mascort, recibió ayer a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a fin de abordar el operativo de auxilia, la expedición de barcos cisterna cargados con agua de la desalinizadora de Sagunto. Si no llueve de manera copiosa de aquí al comienzo del verano, el trasiego de embarcaciones comenzará en junio. El "territorio" de las Terres de l'Ebre respira tranquilo. El Ebro no se toca. Se conoce que es tabú.

La ministra considera que no hace falta trasvasar agua del Ebro al sistema Ter-Llobregat y el dicharachero Mascort está de acuerdo, como no podía ser de otra forma y habida cuenta de que el Ebro es un río sagrado. En la portada de La Vanguardia se apunta que "Ribera descarta unir la red del Ebro a Barcelona y prioriza los barcos cisterna". Y en páginas interiores se abunda en que "Llevar agua en barco a Barcelona es más rápido y eficaz que la conexión con el Ebro, resalta Ribera".

La pieza del diario barcelonés de papel viene con la firma de Antonio Cerrillo: "La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, han llegado a un pacto para permitir el transporte de agua desde la desalinizadora de Sagunt (Valencia) a Barcelona, en caso de que se agrave la emergencia por sequía la región central de Catalunya. El coste del agua lo pagaría la Administración central, mientras que el transporte en barco y las conexiones para la descarga en el puerto de Barcelona irían a cargo del gobierno catalán, según han anunciado. La medida podría activarse a partir de junio y permitiría transportar, como mínimo, un barco al día, cargado con hasta 20.000 metros cúbicos de agua si no llueve en los niveles necesarios. La ministra Ribera justificó el acuerdo diciendo que para afrontar una emergencia extrema "la opción más sencilla, más clara y preparada, tanto técnica como administrativamente, es la desalinizadora de Sagunto". "Vamos a trabajar en la hipótesis que está más a mano y que es más inteligente utilizar", sentenció".

Y: "De esta manera, descartó una posible conexión de la red de abastecimiento del Ebro en Tarragona con la red del área metropolitana de Barcelona, como han propuesto cuatro colegios profesionales y Foment del Treball, entre otros sectores. "No haeemos planteamientos hipotéticos de otras alternativas", zanjó".

Sin salir del negociado trepidante de Mascort, los agricultores del país están que trinan. Tienen motivos de sobra y hasta para regalar. Están hasta los dídimos de las normativas europeas, de los constantes cambios de reglas, de los tomates del Magreb, de los compañeros franceses, de los intermediarios, del precio de los combustibles, el pienso y otros suministros, de la sequía...

"El campo catalán bloqueará hoy carreteras y añade el impacto de la sequía a su malestar", advierte El Periódico. El texto es de María Jesús Ibáñez: "Les ha costado organizarse (van tarde respecto a sus colegas europeos), pero los agricultores españoles se han subido también al remolque de las protestas que han recorrido las últimas semanas media Europa y salen a partir de este martes a las carreteras para hacerse oír. Reclaman, como los franceses, los portugueses o los alemanes, que la Unión Europea no les encorsete con normativas para las que necesitan más tiempo de adaptación y que fije mecanismos para garantizar el relevo profesional y darle un futuro al oficio. Protestan porque, en el caso concreto de España, no se les pagan las ayudas en los plazos convenidos o porque una ley tan anhelada como la de la cadena alimentaria, en vigor desde 2021, está siendo por ahora papel mojado. A todo ello se ha sumado en Catalunya un factor de primer calibre: el impacto de la sequía, que lleva ya dos malogrando las cosechas y que ahora les ha dejado con solo un 20% del agua de riego, en aquellas comarcas de las cuencas internas en emergencia".

Sigue la nota: ""Los planes estratégicos de la Política Agraria Común, la PAC, no están adaptados a la realidad mediterránea, nadie ha previsto soluciones para los cada vez más graves daños que causa la fauna silvestre y tampoco nadie parece querer acabar con la competencia desleal de productos importados de fuera de la Unión Europea", claman desde Unió de Pagesos, un sindicato que ya había convocado sus propias acciones de presión para los días 13 y 21 de febrero, pero que se suma también a las que se van a llevar a cabo este martes. Pero en el trasfondo de todo lo que se está preparando para este 'febrero caliente' en las carreteras hay un dato concluyente: la renta agraria de los agricultores y ganaderos catalanes lleva dos años cayendo y es ya inferior a la de 2008. Aparte de tener a los regantes contra las cuerdas, por las restricciones de la sequía, los precios en origen y los gastos de producción no cuadran de ninguna manera, denuncian los afectados".

Cambio de tercio. Política. O sea, la amnistía. "Fiscales del Tribunal Supremo se suman al choque con el Gobierno por la amnistía", advierte El Diario. El lío está servido. Los ropones amenazan con contradecir al fiscal general y empurar a Puigdemont por terrorismo. Escriben Elena Herrera y Pedro Águeda: "La Fiscalía del Tribunal Supremo emerge como un nuevo elemento en la tormenta surgida por el choque entre las políticas del Gobierno para Catalunya y las polémicas decisiones de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre. Un grupo selecto de fiscales, adscritos a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, escuchará este martes a su compañero Álvaro Redondo defender que las protestas en contra de la sentencia del procés no constituyeron en caso alguno un delito de terrorismo. Luego, esos 11 fiscales decidirán si le apoyan o si, por contra, proponen a los jueces del Alto Tribunal investigar a Carles Puigdemont y otros acusados como presuntos terroristas".

Continúa la nota: "De fondo está la eventual aplicación de una ley de amnistía al ex president Puigdemont y al resto de personas a las que el juez García Castellón considera líderes de las protestas de Tsunami Democràtic. En el caso de que los jueces del Tribunal Supremo asuman las tesis del magistrado de la Audiencia Nacional de que se trató de terrorismo las posibilidades de que los acusados sean amnistiados son inciertas. Entretanto, un órgano apenas conocido por la opinión pública, la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha vuelto al primer plano por los enfrentamientos surgidos en su seno, otra vez a cuenta de la radical oposición de una parte de ellos al Gobierno de izquierdas. Esta vez, la actuación de esos fiscales se ha vuelto contra su compañero Álvaro Redondo, un funcionario decididamente conservador a quien ha correspondido por reparto posicionarse sobre la petición del juez de la Audiencia Nacional de imputar por terrorismo a Puigdemont, aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de europarlamentario".

Se ponen en duda la imparcialidad del fiscal Redondo por haber elaborado un informe a favor de imputar a Puigdemont que más tarde descartó por otro informe en sentido contrario. Según la información de El Diario, "Redondo es un fiscal que escapa a cualquier sospecha de connivencia con el Gobierno. Afiliado a la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, basta con recuperar sus artículos en el diario ‘La Razón’. Uno de ellos lleva por título ‘Una nueva ley de amnistía es inconstitucional’. García Ortiz, por su parte, también negó haber ejercido presión alguna, al tiempo que anunció que requerirá una rectificación a los medios que difundieron informaciones sobre sus supuestas presiones. En el caso de que no lo hagan, el fiscal general del Estado anunció acciones legales".

Mientras jueces y fiscales se pelean en público sin demasiado disimulo, "Sánchez lanza un señuelo a Junts con la promesa de poner topes a los jueces", destaca El Confidencial. La pieza es de Marisol Hernández y Marcos Lamelas: "Si Carles Puigdemont se empeña en que la ley de amnistía incluya los delitos de terrorismo y de alta traición y el PSOE persiste en que no, la única salida factible es buscar una solución. Y el Ejecutivo considera que podría servir introducir cambios en la prerrogativa de los jueces para prolongar las instrucciones judiciales. Se trataría de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que, explican fuentes socialistas, los sumarios "no se eternicen". El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó ayer en La Sexta a esta vía porque, señaló, hasta los fiscales han cuestionado la dilación de las investigaciones. "Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas"".

Sigue el texto: "Porque por más que el expresidente de la Generalitat lo pida, es inviable hacer que se extingan las causas contra él. Pero sí contribuir con fórmulas alternativas a que se cierren definitivamente. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, justo después de que el PSOE y Junts comenzaran a negociar la amnistía, vio indicios contra Puigdemont de un posible delito de terrorismo como impulsor de la organización Tsumani Democràtic. Y el juez Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, ha prorrogado seis meses más el sumario de la trama rusa -el caso Voloh- sobre los contactos de su entorno con Vladímir Putin. Estos son los dos asuntos que traen de cabeza al expresident. El independentismo, por supuesto, pero también el Gobierno y el PSOE ven en estos movimientos judiciales un intento de frenar la amnistía. Y, precisamente, el temor a no ser amnistiado es lo que la semana pasada llevó a Puigdemont a imponer a su grupo parlamentario que votara en contra para devolver así el dictamen a la Comisión de Justicia, que tiene ahora hasta el día 21 para emitir uno nuevo"

Al hilo de esta información, en El Mundo se avisa de que "La última oferta de Sánchez a Puigdemont sobre la amnistía podría afectar a decenas de miles de causas". Escribe Manuel Marraco: "Si la reforma sigue adelante, supondrá desandar al menos parte del camino que el propio Sánchez impulsó al llegar a la Presidencia. El PSOE había considerado que los plazos máximos de instrucción aprobados por el PP «propiciaban la impunidad», porque llevaban el cierre casi automático de las investigaciones. Cuando llegó al poder, y de la mano de Podemos, no los derogó como había anunciado, pero sí la modificó sustancialmente: los seis meses iniciales de investigación pasaron a 12 y sin más trabas para prorrogarlo que decir porqué. Lo que ahora pide Junts supondría acercarse al texto más restrictivo del PP que funcionó entre 2015 y 2020. La petición de Junts tiene en mente dos investigaciones que temen que puedan tenerles en vilo durante años si los jueces instructores siguen prorrogando los plazos. Se trata de las investigaciones sobre Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional -con Carles Puigdemont en el punto de mira por terrorismo- y el caso Volhov en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona".

Continúa Marraco: "Pero restringir la duración de esas dos investigaciones supondría limitar las de cientos de miles de causas penales abiertas actualmente. A diferencia de la Ley de Amnistía, el retoque de la Ley de Enjuiciamiento Criminal supondría revisar los plazos de todos los sumarios y procedimientos abreviados en activo. Cuando el Partido Popular propuso la primera reforma, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía estimaron que tendrían que examinar entre 350.000 y 400.000 causas".

Los medios también reparan en el juicio a Dani Alves por violación. La víctima depuso ayer en la sesión, así como sus amigas. Ergo no hubo pacto entre las partes. El exfutbolista arriesga una década en la trena.

6 de febrero, santoral: Pablo Miki y compañeros mártires, Dorotea de Capadocia, Alfonso María Fusco, Amando de Elnon, Ángel de Furcio, Antoliano mártir, Brinolfo Algotsson, Guarino de Palestina, Mateo Correa Magallanes, Melis, Renula, Silvano obispo y Vedasto.