Infinita paciencia del Gobierno con Junts

Algún día la amnistía será historia, pero ahora mismo es la palpitante actualidad, el término fetiche de una encrucijada crucial cuyo último episodio ha sido la dinamitera negativa de Junts a votar a favor de la ley. Con Junts se plantean algunas fórmulas inéditas en política. La primera es tratar de convencer a los de Puigdemont y al mismo Puigdemont de las bondades de aprobar una ley que no sea inmediatamente rechazada por el Tribunal Constitucional y las instancias judiciales europeas. Se requiere la paciencia infinita de una madre cebando a cuchara a un niño que odie los potitos. La segunda consiste en pastorear al partido irredento de Waterloo hacia el vallado donde residen los partidos políticos dedicados a hacer política. También es cuestión de paciencia.

Avisa La Vanguardia de que "El Gobierno busca otras fórmulas para convencer a Junts y no tocar la amnistía". Encaje de bolillos en la cuerda floja, malabarismos con platillos chinos, el ministro Félix Bolaños y el secretario de organización Santos Cerdán tratando de convencer a los emisarios de Puigdemont de las ventajas de no pegarse tiros en los pies. El texto del diario barcelonés de papel es de Lola García: "Las negociaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts se han reducido a la mínima expresión después del encontronazo del martes, cuando los socialistas se negaron a tocar ni una coma más de la ley de Amnistía y Junts votó en contra del texto. El Ejecutivo trabaja en varias vías para tratar de convencer a Carles Puigdemont de que reconsidere su posición y apruebe la ley de Amnistía tal y como está redactada. Entre esas fórmulas toma cuerpo una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que afectaría a los períodos de instrucción judicial. Eso limitaría los movimientos de Manuel García-Castellón, el juez que ahora mismo está poniendo en jaque la aprobación de la amnistía con una investigación por terrorismo contra el expresidente de la Generalitat y otros líderes independentistas".

Sigue García: "El cambio de la LECrim cobra fuerza, mientras pierde fuelle otra de las opciones puesta sobre la mesa, la de modificar el Código Penal y, en concreto, la tipificación de terrorismo, al ser más difícil de justificar políticamente. Estas vías han sido esbozadas a Junts, pero no se ha entrado en una negociación, y es posible que en el transcurso de las conversaciones puedan surgir otras soluciones. El Gobierno quiere aprovechar estas semanas en las que el foco está puesto en las elecciones gallegas para avanzar en un acuerdo que permita aprobar la amnistía sin más cambios, algo que considera fundamental por tres motivos: el principal, porque está convencido de que el redactado actual es impecable y garantiza su constitucionalidad. En segundo lugar, porque el PSOE no se puede permitir tantas contorsiones y cambios de opinión. Y, por último, porque una nueva concesión a Junts aumentaría el malestar de otro socio imprescindible, ERC".

Y: "El cambio que se baraja en la LECrim afectaría al artículo 324, que regula las prórrogas de los períodos de instrucción de las causas judiciales. Ahora, en virtud de una reforma aprobada en el 2020, los jueces disponen de doce meses para investigar una causa, pero pueden, de oficio o a instancia de las partes, ir añadiendo prórrogas de seis meses sucesivamente. Se trataría de volver a la situación anterior, es decir, a la reforma realizada en el 2015, cuando gobernaba el PP, que daba al ministerio fiscal un papel más determinante, ya que la prórroga se dictaría a instancias de ese órgano por circunstancias sobrevenidas durante la investigación".

El contexto es una partida de ajedrez entre los redactores de la ley de amnistía y los jueces que entienden sobre casos de independentistas vinculados al "Procés". Pero en los márgenes se libran otras batallas en las que no se hacen prisioneros. Y un nuevo actor se suma al sainete, ese Sergi Sabrià encargado de morder a los juntaires y decirles todo lo que Aragonès no puede, no sabe o no se atreve a decir. "El Govern carga contra Junts porque hay 'familias destrozadas' con juicios que se podrían evitar con la amnistía", titula El Periódico. Esas "familias destrozadas" por culpa de Junts es la primera aportación de Sabrià. Del texto de Quim Bertomeu en el medio de Prensa Ibérica: "Tres días después de la votación fallida de la amnistía en el Congreso, el Govern ha elevado el tono contra Junts por haber tumbado la ley. Lo ha hecho el viceconseller de Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, recientemente nombrado precisamente con la función, entre otras, de cargar con contundencia contra la oposición. Sabrià ha considerado este viernes "naíf" la actitud de los posconvergentes con todo este asunto y les ha avisado de que hay "familias destrozadas" porque la ley no prosperara el martes pasado. "Tenemos que ser conscientes de que el martes había 1.200 personas, 1.200 familias, que habían estado absolutamente pendientes de esto y yo coincidí con algunas que estaban absolutamente destrozadas", ha dicho en una entrevista en el 'Cafè d'Idees' de TVE y Ràdio 4. Sabrià ha argumentado que pronto empiezan "juicios" vinculados al 'procés' que podrían llevar a nuevos encarcelamientos e inhabilitaciones y que, con la demora de la amnistía, se está poniendo en riesgo a las personas que serán juzgadas".

Y: "Aunque no ha dado nombres y apellidos, uno de estos procesos judiciales que están próximos en el calendario es el que afecta al líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y al presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó. Los dos eran altos cargos del Govern en la conselleria de Economia durante la organización del referéndum del 1 de octubre y se enfrentan a penas de prisión en el juicio. La Fiscalía pide siete años para Jové y seis para Salvadó. La intervención de Sabrià este viernes permite ver cuál es el núcleo de las discrepancias entre ERC y Junts. Mientras que el partido de Puigdemont bloqueó la ley por considerar que no está blindado que beneficie a todos los independentistas, los republicanos advierten de este blindaje no es posible. El viceconseller lo resume así: "La ley es robusta, pero no se puede blindar". Así, desde el Govern se advierte de que el texto legal perfecto no existe porque siempre habrá "jueces dispuestos a hacer agujeros a esta ley"".

En Vozpópuli añaden al expediente este titular: "El no del Constitucional es “determinante” para que el PSOE rechace amnistiar terrorismo y traición". Escribe Gabriel Sanz: "El rechazo oficioso de varios magistrados progresistas del Tribunal Constitucional (TC) a amnistiar delitos de terrorismo y traición como quiere Carles Puigdemont -teme que se complique su futuro penal, diga lo que diga Pedro Sánchez-, resultó “determinante” en el rechazo del PSOE a las enmiendas a la Ley de Amnistía presentadas por Junts per Catalunya, lo cual acabó provocando que éste partido tumbara la norma, admiten a Vozpópuli dos fuentes socialistas bajo condición de anonimato. Estas fuentes afirman desconocer si antes del Pleno del Congreso del pasado martes, hubo contactos al más alto nivel entre el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido y el presidente del Gobierno, o de Pumpido con el ministro de Justicia, Félix Bolaños; en cualquier caso, ninguno de los protagonistas va a admitirlo públicamente porque “sería causa clara de recusación, nada menos, que del presidente del TC”".

Continúa la nota: "No obstante, desde el Ejecutivo sí se defiende que, cuando se trata de un caso de tanta trascendencia, haya un “lógico” intercambio de pareceres “a través de diversos canales” para saber hasta dónde puede llegar una norma. Y, en esta ocasión, fue “determinante” constatar que si se incluyen el terrorismo y la traición como amnistiables, no sólo será tumbada “seguro” por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sino que al Constitucional español no le quedaría más remedio que tumbarla también para no quedar en evidencia ni escenificar un choque jurisdiccional con Europa. A este respecto, tanto La Moncloa como Ferraz están viendo con preocupación los movimientos del PP tanto en el Europarlamento -ha conseguido que la Comisión de Justicia eleve al Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 la propuesta de declarar la malversación incluida en la ley española como no amnistiable- como en la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida por Comisión de Venecia".

Junts y ERC están a matar, pero eso no impide la confluencia de intereses y una cierta unidad de acción, más inducida por las afinidades ideológicas que por la complicidad operativa, por así decir. "ERC y Junts aseguran al PSOE que la conexión con Rusia fueron sólo 'contactos amistosos'" es el titular de El Mundo que prueba que aunque mal avenidos, los citados partidos tienden a sumara esfuerzos. El texto es de Esteban Urreztieta: "Las formaciones independentistas han trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez su versión sobre la trama rusa del procés que investiga el juez Joaquín Aguirre; niegan las conclusiones de la investigación; y sostienen que las pesquisas judiciales han sido hábilmente manipuladas en lo que presentan como un nuevo caso de lawfare por parte de los tribunales de justicia españoles. Integrantes de Junts y de ERC han venido dando explicaciones a los socialistas, al menos desde principios del pasado mes de diciembre, sobre el sumario de la denominada operación Voloh en el que el instructor considera acreditada la existencia de contactos «al más alto nivel» entre los cabecillas del proceso soberanista y el régimen de Vladimir Putin con la intención de «establecer relaciones de influencia política y económica con el Gobierno de Cataluña si éste se independizaba de forma unilateral de España». Cabe recordar que el juez Aguirre en un reciente auto ha prorrogado las pesquisas al tiempo que ha realizado una exposición de hechos que encaja en el delito de alta traición, expresamente excluido de la Ley de Amnistía".

Sigue la pieza: "Los secesionistas han realizado un análisis del sumario a los asesores jurídicos del PSOE en el marco de la negociación de la referida ley, que se encuentra en estos momentos en un limbo a la espera de que socialistas y secesionistas resuelvan sus diferencias sobre el texto final. Las primeras explicaciones se llevaron a cabo hace dos meses con abundante material procedente del sumario y se han intensificado en los últimos días. La versión comunicada al equipo del presidente del Gobierno pasa por negar categóricamente que de los contactos entre líderes secesionistas y su entorno con empresarios y políticos rusos cristalizara acuerdo o proyecto alguno. Por el contrario, los presentan como encuentros, en la mayor parte de ocasiones, a título particular y como consecuencia de «relaciones de amistad». «Fueron contactos amistosos», aseguran".

Por lo demás, Caixabank reafirma su intención de mantener la sede social en Valencia. Así lo cuenta Daniel Caballero en Abc: "«Estamos muy a gusto en Valencia y creemos que es el mejor sitio para nuestro negocio, para Caixabank, pensando en nuestros depositantes y accionistas», ha indicado José Ignacio Goirigolzarri, presidente del grupo. (...) «La configuración de Caixabank mutó con la fusión con Bankia incrementando su presencia en mercados como el valenciano o el madrileño. En el primer consejo tras la fusión, reflexionamos sobre nuestra sede social y llegamos a la conclusión de que nuestra sede iba a seguir siendo Valencia. No era por razones de seguridad o inseguridad jurídica, sino porque pensábamos que la sede social en Valencia era lo mejor para nuestros depositantes y accionistas. Dijimos que estábamos en Valencia con vocación de permanencia y eso no ha cambiado», ha señalado Goirigolzarri".

Y buena noticia para Joan Laporta. La Fiscalía descarta el delito de cohecho entre el trencilla Negreira y el club azulgrana porque Negreira no es funcionario.

3 de febrero, santoral: Blas, Óscar de Brema, Adelino de Celle, Azarías profeta, Berlinda de Meerbeke, Celerino de Cartago, Leonio de Poitiers, Lupicino de Lyon, María de San Ignacio Thévenet, Olivia mártir, Tigrido y Wereburga de Chester.