La doble vara del terrorismo y ley trans catalana

Según los impulsores de la proposición de ley de la amnistía, esta era una pieza jurídica de encaje fino, alta precisión en relojería de lujo, una especie de Capilla Sixtina de la práctica legislativa de una perfección esférica. Sin embargo, a los partidos independentistas les suscitaba dudas el apartado relativo al Tsunami, por lo que brocha en mano se han puesto manos a la obra para depurar los detalles de la magna obra, que corre el riesgo de quedar convertida en el Ecce Homo de Borja tras la voluntariosa restauración de una vecina aficionada a los plastidecores.

Total, que las fuerzas vivas del independentismo han concluido que hay dos tipos de terrorismo y que uno de ellos no implica "violaciones graves de los derechos humanos". Peliaguda cuestión que El Diario expone en este titular: "El PSOE y los independentistas pactan incluir en la amnistía los delitos de terrorismo sin “violaciones graves de derechos humanos”". El texto es de Elena Herrera: "Acuerdo entre el PSOE y las formaciones independentistas para retocar la referencia que se hace a los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Según las enmiendas transaccionales a las que ha tenido acceso elDiario.es, el pacto supone incluir en la norma de olvido penal del procés los delitos de terrorismo que no hayan generado violaciones graves de derechos humanos. Esta era una de las líneas rojas de ERC y Junts, que consideran que es la manera de amnistiar a los implicados en el caso de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic. Esas enmiendas también llevan la rúbrica de Sumar, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG. Esto es, de los aliados de la investidura. No las respaldan ni el PP ni Vox. El acuerdo ha trascendido poco después de que se iniciara el debate en la Comisión de Justicia del Congreso, que finalmente ha aprobado el dictamen que recoge este cambio por 20 votos a favor, 17 en contra —los de PP y Vox— y ninguna abstención".

Sigue la nota: "En la anterior redacción del artículo 2, estaban excluidos de la aplicación de la ley de amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo siempre y cuando hubiera sentencia firme. En el nuevo texto únicamente quedan fuera de la norma los actos de terrorismo que “hayan generado una violación de los derechos humanos” que, además, tiene que ser “manifiesta y con intención directa”. La otra enmienda pactada por el Gobierno de coalición, los independentistas catalanes, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG trata de blindar los “efectos” de la ley una vez aprobada. Así, modifica el artículo 4 para establecer que la suspensión “por cualquier causa” de un procedimiento relacionado con el procés “no impedirá el alzamiento” de las medidas cautelares acordadas antes de la entrada en vigor de la amnistía. Por ejemplo, una orden de detención".

Los medios contrarios a la amnistía no han tardado en caricaturizar la propuesta. Por ejemplo, El Mundo con este titular: "El PSOE crea la figura de terrorismo 'light' a la medida de Puigdemont". La pieza viene con la firma de Manuel Marraco, quien escribe: "El texto final de la Ley de Amnistía distinguirá dos categorías de terrorismo e indultará la que presenta como terrorismo light. Es la categoría que interesa a Junts y ERC, porque en ella entrarían las dos únicas causas por terrorismo vinculadas al procés: los CDR y Tsunami Democrátic. Así lo acordaron ayer el PSOE y las formaciones independentistas en una enmienda conjunta que busca blindar la amnistía para todos los encausados de terrorismo. Esa lista que incluye a 24 personas: 12 de los CDR -ya acusadas formalmente por delitos terroristas- y 12 señaladas en Tsunami, incluyendo al ex president Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira. Con el nuevo texto, PSOE, Junts y ERC consideran que sortearán con más facilidad los problemas que pueda encontrar la ley ante la Justicia europea. Con toda seguridad, los jueces encargados de aplicarla la llevarán al Tribunal de Justicia de la UE, cuestionando que una amnistía sea compatible con las normativas europeas sobre terrorismo y Justicia".

Sigue la nota: "Pese a los cambios pactados, fuentes judiciales cuestionan que la nueva redacción vaya a encajar ahora en la legislación europea. En particular, en la directiva de 2017 de lucha contra el terrorismo. «La directiva no hace distinción de delitos. Su finalidad es la sanción de las acciones terroristas sin concreción», señalan fuentes judiciales, que resaltan que, más allá de la directiva, hay otros compromisos internacionales sobre el terrorismo que vinculan a España. «Fraccionar y seleccionar caprichosamente algunas manifestaciones del terrorismo es un riesgo frente a Europa», señalan otras fuentes de la judicatura. Añaden que hacerlo «puede chocar» con el concepto de terrorismo que recoge la directiva".

Y en El Independiente destacan que "El pacto PSOE-Junts da margen a los jueces para no aplicar la amnistía del terrorismo". Escribe Irene Dorta: "El pacto al que llegaron este martes PSOE, Junts y el resto de socios del Gobierno para modificar la redacción de la amnistía sobre el terrorismo tiene ángulos ciegos que sólo se podrán alumbrar cuando el texto pase el filtro de los tribunales. Fuente jurídicas explican que con este nuevo escrito el Tribunal Supremo en el asunto de 'Tsunami Democràtic' y, muy especialmente, el juez Manuel García Castellón en el tema de los CDR tienen ahora margen de actuación para no abordar el perdón. Algo que saben bien (y temen bien) los independentistas que trabajan ya para dar las últimas pinceladas a la norma, según confirman fuentes de las formaciones. Los socialistas aceptaron corregir el artículo 2 de la ley que habla sobre las exclusiones y decía que quedarían fuera de la amnistía los actos terroristas "siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Fuentes de Junts señalan que esta redacción traía problemas de inconstitucionalidad y que ese ha sido el impulso principal para convencer a los socialistas del cambio. Algo que apoyan fuentes jurídicas: cómo va a ser constitucional que se perdonen una serie de delitos sin sentencia firme y otros no, dicen. Además de que, tal y como advirtieron los Letrados del Congreso, esto podía traer problemas en Europa que puja de forma transparente por la persecución de los delitos terroristas hasta el final: investigación, procesamiento y sentencia. Con el texto sobre la sentencia firme "era más fácil que prosperara una objeción ante la Unión Europea porque se perdonen delitos de terrorismo sólo por no haber sido juzgados", señala una fuente de la cúpula judicial".

Sigue Dorta: "Este martes, la enmienda transaccional (que ha provocado una negociación matutina frenética para terminar siendo apoyada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos) ha quedado redactada así: "Los actos tipificados como delitos de terrorismo" quedarán fuera de la amnistía "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos". Las voces jurídicas preguntadas parten de una premisa muy básica: ningún delito de terrorismo puede no atentar contra los derechos humanos. Es cierto que hay grados, apuntan, pero establecer que un delito que de por sí tiene un cariz tan grave no vulnere ciertos derechos es una contradicción en sí mismo".

En El Confidencial resumen la cuestión de este modo: "Moncloa fuerza la ley para proteger a Puigdemont, pero le deja más expuesto a los jueces". El texto es de Beatriz Parera y Pablo Gabilondo y comienza como el cuento de Monterroso: "Cuando Puigdemont se despertó, los jueces seguían allí. La ley de amnistía sufrió este martes cambios sustanciales en el apartado que afecta al delito de terrorismo, fruto de un nuevo pacto entre la Moncloa y Junts. El nuevo inciso incluido a través de una enmienda de última hora está diseñado para tratar de proteger mejor al expresident de Cataluña ante su implicación en la causa que investiga las actividades de la plataforma Tsunami Democràtic. Sin embargo, muchos dudan de que lo consiga. Distintas fuentes jurídicas consultadas indican que le hace depender ahora más que antes de la interpretación de los tribunales y que, además, debilita el flanco internacional de la norma. "Están dando bandazos", aseguran".

Se avecinan curvas mientras el parlamento europeo debate si enviar una misión a España para analizar los vericuetos de la amnistía. Mientras tanto, ERC sigue en clamoroso fuera de juego. Oriol Junqueras está desaparecido en combate. A Marta Rovira no le trasladan toda la información. Y Aragonès no se entera. La formación republicana intenta recuperar el paso y el protagonismo que le ha robado Junts, pero son martillazos en el aire. Ayer, Aragonès presentó una remodelación de su ejecutivo que consistió, ojo al piojo, en ascender a Laura Vilagrà a vicepresidenta y nombra viceconsejero de Estrategia y Comunicación a Sergi Sabrià, hasta ahora director de gabinete del president. Y con eso, dijo Aragonès, pretende agotar la legislatura sin problemas. Eso habrá que verlo porque al margen de la sequía hay otros asuntos que pueden hacer descarrillar un Govern que no se caracteriza ni por su cohesión ni por tener más plan que el de qui dia passa, any empeny.

Por ejemplo, la ley trans catalana es uno de esos asuntos en los que el ejecutivo ha entrado en un jardín que se puede convertir de un momento a otro en un campo de minas. Titular de La Razón: "La ley trans catalana permitirá a los menores medicarse desde los 12 años aunque sus padres no estén de acuerdo". A los doce años. Curioso. Lean ahora el titular de La Vanguardia sobre el mismo tema: "“¿Un niño de 12 años es inmaduro para un móvil pero apto para decidir ser trans?”". Josep Fita es quien firma la nota del diario del grupo Godó: "El Govern de la Generalitat ya tiene listo el anteproyecto de ley trans que busca ofrecer un marco normativo estable a aquellas personas, tanto adultos como menores, que quieran hacer efectiva su libre autodeterminación de género. Respecto a los menores de 12 a 16 años, el articulado incluye la figura del mediador en el caso de que exista una discrepancia entre la persona que quiere hacer el tránsito y sus padres o tutores. La finalidad es, según reza el documento, que “la decisión final respete la opinión del menor y que sea compartida por sus representantes legales”. Una de las preguntas que puede surgir frente a este escenario es si un menor, a esa edad, entre los 12 y los 16 años (o incluso más joven), puede ser consciente de su identidad sexual. Como todo en la vida, no hay una única respuesta. “Los niños y niñas entre 12 y 16 años tienen opiniones muy variables respecto a lo que sería su consciencia sobre la identidad sexual”, explica José R. Ubieto, psicoanalista y profesor de la UOC. “Pueden tener perspectivas distintas porque esta cuestión no solo depende de la edad, sino también de la madurez”, esgrime".

Sigue la pieza: "Apunta a otra variable determinante, que no es otra que la importancia que este asunto ha tenido a lo largo de la vida del menor. “Es decir, no es lo mismo el caso de unos niños que desde muy pequeños se han planteado ya este aspecto y lo han manifestado a través de su vestuario, por ejemplo, a lo largo de la primera y segunda infancia, que el de adolescentes que atraviesan (como todos los jóvenes de esa edad) momentos de vacilación sobre lo que es su identidad sexual”. (...) Por ello, es partidario de “establecer pausas e intervalos de espera para que todas esas ideas se puedan ir elaborando”. Entiende que ese tiempo debería alargarse hasta los 16 años: “Si nos estamos preguntando si darle un móvil a un menor antes de los 16 es un problema, resulta un poco paradójico que nos estemos planteando que esos mismos chicos puedan a los 12, 13 o 14 años decidir sobre una intervención en su cuerpo”".

24 de enero, santoral: Francisco de Sales, Feliciano obispo, Sabiniano y Xenia.